Aunque el Ministerio Público inició una investigación de oficio, expertos advierten que sin presión social e institucional, el caso podría terminar en el olvido y la impunidad
Tegucigalpa, Honduras. – Mientras la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realiza inspecciones en Santa Rosa de Copán y la aspirante oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, exige la suspensión de la diputada Isis Cuéllar, la interrogante del público es cuando parara la corrupción en los gobiernos.
El mal no es nuevo, el diagnostico ya fue realizado, pero nadie quiere la amarga medicina que pasa por poner un alto a la impunidad que ha prevalecido en los escándalos de financiamiento político a través de fondos públicos sin importar el gobierno y partido de turno en Casa Presidencial.
Henry Salinas, abogado y analista político, dijo a Criterio.hn que en un verdadero Estado de Derecho se abriría una línea de investigación a todos los diputados, no solo a Isis Cuéllar, e instituciones públicas involucradas, para garantizar el uso de los fondos. Agrega que en ninguna de las tres últimas ediciones de la Ley de Ingresos y Egresos General de la República (2023, 2024 y 2025) se estipula que los diputados puedan solicitar y gestionar transferencias del fondo social solidario.
“Creería que el haber manejado estos fondos, en primer lugar, es ilegal. Y en segundo, es una práctica poco ética y moral, que por la forma en la que lo hizo la diputada Isis Cuéllar […] sea una malversación de caudales públicos, porque le dieron un fin diferente para el cual esos fondos eran sacados, y cuya finalidad es para desarrollo social […] y ella lo estaba utilizando para los coordinadores de su partido”, explicó Salinas.
Cuéllar es señalada de utilizar fondos públicos para beneficiar a familiares y correligionarios con proyectos de infraestructura, becas y emprendimientos, que a su vez fueron utilizados para beneficio de su partido político y su campaña proselitista. Junto a ella, otros 80 diputados habrían gestionado recursos desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por al menos 234.9 millones de lempiras en 14 meses.
Noticia relacionada: Conoce los montos y los 80 diputados que gestionaron ayudas a través de Sedesol (2024-2025)
SIMPATIZANTES Y DIRIGENCIA DE LIBRE EN COPÁN RESPALDAN A CUÉLLAR
Este miércoles las coordinaciones municipales del Partido Libre, candidatos a alcaldes y diputados del departamento de Copán emitieron un comunicado rechazando lo que califican como una “campaña de desprestigio” contra Cuéllar y reconocen “su gestión como ejemplo de trabajo cercano al pueblo”. Cuéllar, además de diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, era la coordinadora departamental de Libre en el occidental departamento.
El candidato a la alcaldía de Santa Rosa de Copán, Christian Chávez, junto a otros simpatizantes de Cuéllar, se manifestaron esta tarde frente al Ministerio Público, diciendo que la publicación del listado tenía por objetivo dañar la candidatura de Cuéllar y que ella no ha tomado dinero de esos fondos, contradiciendo lo que la misma Cuéllar admite en el video filtrado.
Chávez, quien habría sido uno de los beneficiarios de los fondos, señaló que, realizó la solicitud a la Secretaría de Desarrollo Social en 2023, y no fue hasta el 3 de enero, sin especificar año, que se propuso su candidatura, “cuando ya los cheques se habían cambiado. Yo personalmente decidí no ejecutar los fondos ni para mi beneficio ni para beneficiar a mi familia ni hacer política con ellos”. Sin embargo, no aclaró cuál fue el destino de los fondos cuyos cheques, por su propia admisión, ya habían sido cobrados.
NUEVO PARTIDO MISMAS PRÁCTICAS
Luis León, analista político, afirmó que el manejo de recursos públicos en campañas políticas no es un problema nuevo. Ejemplificó este extremo indicando que cuando la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) señaló los fondos departamentales como un medio de corrupción, los diputados cambiaron el nombre y la forma de salida de recursos, pero continuaron con la práctica.
Manifestó que la corrupción es endémica y forma parte del día a día de la estructura institucional, y que sin importar el partido político que llegue al poder, la corrupción atrae lo peor y arruina lo mejor.
“Al final lo que tenemos es todo un sistema hecho para drenar los fondos públicos, y que lastimosamente quienes pagamos los platos rotos para atender eso somos los hondureños, que no tenemos servicios sociales aceptables porque los recursos están siendo robados o destinados a otras cosas”, ahondó León.
Ayer martes, por la noche, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, defendió la entrega de subvenciones y del fondo solidario a las y los diputados, asegurando que no deben compararse con el desaparecido fondo departamental. Agregando que la gestión de fondos para ayudas sociales está amparada en la Ley del Presupuesto, artículo 349. “Diputados de todas las bancadas han gestionado ayudas sociales en beneficio de sus comunidades”, sostuvo.
¿ES LA SUSPENSIÓN DE CUÉLLAR Y LA RENUNCIA DE CARDONA SUFICIENTE?
La madrugada de este miércoles, la candidata oficialista Rixi Moncada, que además forma parte de la coordinación general de Libre, exigió la suspensión de la diputada Cuéllar tanto de sus cargos en Libre como el Congreso Nacional, la cual estaría siendo ratificada el próximo viernes 4 de julio. Demandó, además, detener la aprobación de recursos del fondo social y la cancelación de este.
Sin embargo, cuando Moncada fungió como titular de la Secretaría de Finanzas, cargo en el que se mantuvo hasta el 1 de enero de 2024, fue ella quien habría autorizado las transferencias del fondo social solidario.
José Carlos Cardona renunció el viernes 27 de junio a la titularidad de Sedesol, tras la tormenta causada por la filtración del video en el que él conversa con la diputada Cuéllar sobre el uso de fondos del programa Bono Solidario para la compra de equipos de sonido, carpas y sillas para las estructuras del partido oficialista en Copán.
Sobre el posteo de la candidata oficialista, el analista Luis León consideró que si bien hay una probabilidad de que los altos mandos del gobierno no supiesen lo que estaba pasando, lo que se resiente es que en Honduras se toman decisiones hasta que estallan los escándalos. De no haberse filtrado el video, no se conocería el mal manejo de los fondos de Sedesol y todo seguiría igual, argumentó.
Apuntó que esto es causado por la falta de ética en quienes toman decisiones y la ineficacia de un sistema de justicia, que no investiga ni judicializa, perpetuando la impunidad. León advirtió que, si el Ministerio Público no concluye su investigación, el caso se olvidará pronto, como suele pasar en Honduras, y todo quedará impune.
Para el abogado Henry Salinas lo grave es que la irregularidad no se conoce por mecanismos institucionales de control ni por voluntad de transparencia, sino porque estalló un conflicto al interior de Libre. Si no se ventila el video de la llamada telefónica no se conoce la irregularidad, lamentó.
Sobre los posteos realizados la madrugada del miércoles por Moncada y el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, Salinas opinó que se desmarcan como parte de un cálculo político para conservar el poder. Sin embargo, no basta pedir la destitución de una diputada. Si realmente condenaran la corrupción, exigirían auditorías a todos los fondos manejados por los diputados y garantizarían acceso público a estos, infirió.
¿CÓMO AVANZA LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN?
Siete días después que se filtró el video, el lunes 30 de junio, el fiscal general del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya anunció que había ordenado a la Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública iniciar una investigación de oficio. “De encontrarse responsabilidad penal, las personas involucradas serán llevadas ante los tribunales”, aseveró.
No obstante, su anuncio estaría dejando por fuera a otros diputados que gestionaron fondos sociales solidarios, y que podrían haber desviado los fondos, pero no tienen un video filtrado donde admitan cómo se beneficiaron sus allegados.
Yuri Mora, director de comunicaciones del MP, confirmó la mañana del miércoles a Criterio.hn que un equipo de la ATIC realiza en Santa Rosa de Copán 21 inspecciones para determinar si las familias o emprendedores que solicitaron apoyo en realidad calificaban para la misma y qué destino tuvo.
Mora compartió que la Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública requirió información a Sedesol respecto a los procedimientos o protocolos que siguieron para realizar el análisis socioeconómico de los solicitantes, así como copias de los cheques emitidos. Asimismo, se solicitó a la Comisión de Bancos y Seguros la información para cotejar y determinar quiénes cobraron los cheques y si fueron depositados en alguna cuenta especifica.
