Un informe de la Red Nacional de Defensoras revela que, aunque las agresiones disminuyeron en 2025, la violencia contra defensoras en Honduras se ha recrudecido, con ataques más focalizados y dirigidos también a sus familias.
Foto portada: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – Aunque a primera vista se podría pensar que en 2025 se registraron menos agresiones contra defensoras de derechos humanos en Honduras que el año anterior, la violencia lejos de disminuir se ha recrudecido.
Así lo señala el informe titulado Caminando nuestra justicia, presentado este lunes por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Según la Red de Defensoras, los ataques son ahora más focalizados, alcanzan a familiares y se articulan con campañas de desprestigio que, preceden agresiones más graves.
Si bien las agresiones colectivas disminuyeron, Ana Leverón, integrante de la Red de Defensoras, explicó que, el comportamiento de las agresiones es distinto y se ha concentrado en las defensoras y su entorno cercano, así como a nivel organizacional. Lo que apuntaría a una adaptación de las estrategias y modalidades de agresión de las defensoras o las organizaciones.
De 2,484 agresiones reportadas en 2025, el 45% (1,122) se concentraron en el departamento de Colón, zona en la que se registraron numerosas incursiones y ataques armados en contra de cooperativas campesinas, comunidades garífunas. Asimismo, 680 de las agresiones registradas ocurrieron en el municipio de Tocoa, en el marco de la exigencia de justicia tras el asesinato del líder y defensor ambiental Juan López.
La Red estableció que el 45% de los ataques fueron atribuidos a actores estatales –entre policías, autoridades y fuerzas armadas–, lo que evidencia la persistencia de un patrón de violencia estructural contra quienes defienden el territorio y los derechos humanos.
DESPRESTIGIO Y CONTROL TERRITORIAL
El informe también identifica un patrón creciente de agresiones que trascienden a las defensoras y alcanzan a sus entornos cercanos. En al menos el 32% de los casos, los ataques se extendieron a familiares, incluyendo hijos e hijas, y se manifestaron en formas como hostigamiento, restricciones de movilidad y afectaciones a la vida cotidiana.
A esto se suman campañas de desprestigio –particularmente en redes sociales y medios– que, según defensoras, suelen preceder amenazas y otras agresiones en los territorios.
Se identificaron un total de 21 campañas de desprestigio, de las cuales la gran mayoría fueron dirigidas contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDCPT).
Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh, cuestionó el papel que juegan los medios de comunicación corporativos y las redes sociales en la deslegitimación de las luchas, además de ejercer una influencia de banalización de las problemáticas que se enfrentan en los territorios.
El informe sitúa que estas agresiones se desarrollan en un contexto de imperialismo e intervencionismo desde Estados Unidos, la criminalización y ataques hacia la población migrante, conflictividad electoral y disputas por el control de los territorios que, según explicó la defensora Krishna Godoy, han incrementado el miedo y la polarización en las comunidades.
