La movilización en conmemoración del Día del Trabajador estuvo marcada por consignas contra la precarización laboral, críticas a nuevas normativas económicas y llamados a derogar leyes que, según sindicatos, vulneran derechos históricos conquistados desde 1954.
La jornada del 1 de mayo culminó con la lectura de un manifiesto que incluye propuestas como la instalación de la CICIH y el rechazo al resurgimiento de las inconstitucionales Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), reflejando una agenda que trasciende lo laboral y apunta a cambios estructurales.
Entre denuncias por despidos masivos, el incremento del costo de vida y el debilitamiento institucional, las centrales obreras exigieron reformas políticas, laborales y económicas para enfrentar la crisis estructural del país.
Foto portada: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – En medio de despidos masivos y el aumento del costo de vida, miles de trabajadores hondureños salieron este 1 de mayo a las calles a conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. La jornada estuvo marcada por el rechazo a la Ley de Empleo a tiempo Parcial, denuncias por el alza sostenida de los combustibles y una ola de despidos en el sector público que, según estimaciones sindicales, para mediados de abril ya había dejado a más de 3,500 personas sin empleo.
Desde tempranas horas de la mañana, sindicatos y centrales obreras se concentraron en el bulevar Comunidad Económica Europea, punto de partida de una movilización que avanzó entre consignas como “El pueblo unido jamás será vencido” y rechazo a la administración del presidente Nasry Asfura Zablah, en medio de cierres de varias calles custodiadas por agentes de la Policía Nacional.
La movilización, que transcurrió de forma pacífica, tuvo un único incidente en las cercanías del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), específicamente frente a la sede del oficialista Partido Nacional, donde un grupo de manifestantes lanzó globos con pintura contra la parte posterior del edificio. Aunque algunos medios mencionaron en redes sociales el uso de «bombas molotov», en el lugar se observó el uso de cohetes y el lanzamiento de globos con pintura. La zona permaneció resguardada por un fuerte dispositivo policial que impidió el paso de los manifestantes por la calle del Obelisco, ruta tradicional de la movilización.
Las demandas de los obreros se centraron en el rechazo a políticas que, aseguran, precarizan el empleo y profundizan la desigualdad. El dirigente obrero Carlos H. Reyes cuestionó el contexto global y nacional, al señalar que “lo único que impera en los pueblos del mundo es la represión y la fuerza bruta sobre la razón”, y vinculó estas dinámicas con la imposición de leyes que “cercenan los derechos laborales».
Reyes criticó particularmente la aprobación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, aprobada el 25 de marzo de 2026, señalando que violenta convenios internacionales al excluir a la clase trabajadora de su discusión. “Se están imponiendo condiciones que nos quitan derechos conquistados desde 1954, como el Código del Trabajo”, sostuvo el dirigente obrero.
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MOVILIZACIÓN DEL 1 DE MAYO APUNTA CONTRA POLÍTICAS ECONÓMICAS Y LABORALES DEL GOBIERNO
Las organizaciones y sindicatos denunciaron que más de 3,500 personas han sido despedidas de instituciones públicas, lo que ha profundizado la crisis de desempleo y precariedad en el país. A esto sumaron su rechazo a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, aprobada en marzo de 2026, la cual —según señalaron— representa un retroceso en los derechos laborales conquistados históricamente.
Asimismo, rechazaron la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Social, que faculta las reducciones forzosas de personal —tanto por acuerdo como por contrato— por razones presupuestarias o de reorganización administrativa, y establece nuevas reglas sobre la ejecución de sentencias contra el Estado, limitando embargos y condicionando pagos a disponibilidad presupuestaria, sin afectar deuda pública, salarios ni funcionamiento institucional.
Entre las principales demandas también destacaron el cese a los incrementos en los precios de los combustibles, los cuales —advirtieron— impactan directamente en el costo de la canasta básica y deterioran aún más las condiciones de vida de la población.
En ese sentido, el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SITRASANAA), Víctor Ortiz, alertó que los procesos de despido deben cumplir con la ley y garantizar el pago total de prestaciones, para evitar demandas que, según indicó, ya superan los 11 mil millones de lempiras.
Ortiz explicó que, en muchos casos, el incumplimiento en el pago de derechos laborales deriva en litigios que obligan al Estado a pagar salarios caídos durante años, incrementando el costo fiscal.
Asimismo, recordó que en la última década se han registrado despidos masivos en el SANAA, reduciendo la plantilla de más de 2,000 empleados a apenas 680 en la actualidad, en medio de un proceso de privatización que ha sido cuestionado por sectores sociales y sindicales.
Por su parte, sindicatos y organizaciones magisteriales como el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), el Colegio de Profesores de Educación Media (COPEMH) y otros demandaron reformas a la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (IMPREMA) y mayor presupuesto para educación.
De igual manera, solicitaron reajuste salarial, seguro social para todo el magisterio y jubilados e inversión en programas de educación.
Por su parte, sindicatos del sector salud demandaron la aprobación de la ley del Sistema Nacional de Salud y un incremento presupuestario superior al 12% para fortalecer la atención pública.
Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedys) señalaron que la estabilidad laboral, los aumentos salariales y el acceso a la salud pública son prioridades urgentes para la clase trabajadora.
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DEROGAR LEY DE EMPLEO PARCIAL E INSTALACIÓN DE LA CICIH, INSTAN CENTRALES OBRERAS
Al cierre de la movilización, en el Parque Central de Tegucigalpa, las organizaciones obreras leyeron su manifiesto, en el que exigieron un plan nacional de desarrollo, aumentos salariales para el sector público y la derogación o declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, que sustituye la eliminada Ley de Empleo por Hora.
Durante la lectura, el dirigente obrero Gersón Gómez también demandó la derogación de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, al considerar que atenta contra los derechos laborales. “¡Viva el 1 de mayo!”, coreó al iniciar el acto, en medio de la respuesta de la multitud.
El documento propone una agenda de reformas estructurales que incluye cambios en seguridad, justicia y sistema político, incluyendo la eliminación de normativas vinculadas al Consejo de Defensa y Seguridad y los sistemas de inteligencia, la transición de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) a un régimen civil y reformas al Código Penal, y garantías de independencia de instituciones clave como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
También demandó la separación de elecciones, el referendo revocatorio, la segunda vuelta electoral y la creación de una corte constitucional, junto al fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El manifiesto rechazó cualquier intento de restablecer las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) –declaradas inconstitucionales en 2024– “bajo cualquier nombre o disfraz jurídico”. Asimismo, propone una reforma tributaria con enfoque redistributivo, la instalación de la CICIH y medidas para fortalecer la institucionalidad, entre ellas el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el aumento del presupuesto a la Secretaría del Trabajo.
En el ámbito social, demandó reformas al sistema de seguridad social para ampliar cobertura y evitar su privatización, la vigencia del Estatuto del Docente, cambios al Inprema y una reforma agraria integral con reconocimiento de derechos territoriales y consulta previa a comunidades.
En materia laboral, exigió una ley especial de cesantía para empleados públicos, la ratificación de convenios internacionales y la aprobación de un Código Procesal Laboral pendiente desde hace más de dos décadas.
La jornada concluyó con llamados a mantener la organización y la movilización social como mecanismos de presión frente a decisiones gubernamentales que, según los trabajadores, continuan debilitando sus derechos y conquistas históricas desde la huelga de 1954.
RECHAZAN PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARTIDARIA
Durante la jornada de movilizaciones del 1 de mayo también se hicieron presentes el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales; la ex precandidata presidencial Rixi Moncada; y el exsecretario de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda Paredes, entre otros. Sin embargo, su asistencia no fue del todo bien recibida.
Mientras algunas manifestantes coreaban consignas de apoyo a Moncada y Pineda –quienes han adelantado sus intenciones de participar en el proceso electoral de 2029–, otros rechazaron la presencia de figuras políticas en la movilización.
El rechazo se evidenció cuando el expresidente Zelaya, acompañado por el exasesor de comunicaciones Milton Benítez, fue abordado por medios y previo a dar declaraciones fue recibido con gritos de «fuera políticos», reflejando el malestar de sectores que cuestionan la presencia de figuras partidarias en espacios de protesta social. A estas expresiones se sumaron consignas como «Fuera la Racha», dirigidas contra la administración del actual presidente Nasry Asfura.
