Al menos diez casos han sido denunciados, mientras organizaciones advierten impactos económicos, violaciones a derechos laborales y dificultades para acceder a nuevas oportunidades laborales.
Tegucigalpa, Honduras -. Los despidos de personas con discapacidad en el sector público no solo representan la pérdida de empleo, sino también la ruptura de su estabilidad económica, emocional y de derechos laborales adquiridos, advirtió Elma Perdomo, integrante de la Federación Nacional de Madres, Padres y Familias de Personas con Discapacidad de Honduras (Fenapapedish).
“El impacto es muy fuerte. No solo pierden la estabilidad laboral, sino también derechos a largo plazo como el seguro social y la previsión”, señaló, al tiempo que alertó que estas decisiones también constituyen una violación a la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad.
Las declaraciones de Perdomo ocurren luego que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) denunció el despido de más de una decena de personas con discapacidad, agregando que tienen conocimiento de otros casos que están en proceso de recopilación.
Perdomo advirtió que, además de los despidos directos, también se están registrando formas de desvinculación indirecta, como la asignación de funciones inexistentes o la falta de tareas.
En ese contexto, señaló el caso de una mujer con discapacidad física, usuario de silla de ruedas, con 20 años de servicio en la Secretaría de Educación, quien se desempeña en el área de educación inclusiva y recientemente dejo de recibir funciones asignadas.
La integrante de Fenapapedish cuestionó que estos despidos respondan a criterios políticos, lo que, a su juicio, evidencia la falta de garantías para la estabilidad laboral de esta población y el incumplimiento de las cuotas de inclusión establecidas por ley.
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Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Conadeh, indicó que actualmente se encuentran realizando gestiones para que los casos sean revisados y evitar la vulneración de derechos.
Hernández lamentó que estos despidos ocurran cada cuatro años, pese a que las personas con discapacidad estén debidamente nombradas y cumpliendo funciones, quedando en “altísima vulnerabilidad” y muchas veces en situaciones económicas difíciles.
La coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad afirmó que se encuentran realizando gestiones para que los casos sean revisados y no se vulneren sus derechos.
Tras el arribo de la administración de Nasry Asfura, hasta mediados de abril se contabilizaban más de 3,500 despidos de funcionarios públicos, documentados por el Centro de Solidaridad en Honduras.
El informe “La violencia y el acoso contra las personas con discapacidad en el mundo del trabajo”, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta población enfrenta de manera desproporcionada situaciones de violencia y acoso laboral, muchas veces invisibilizadas o no denunciadas.
Los despidos denunciados no solo evidencian una pérdida de empleo, sino que se insertan en un contexto más amplio de desigualdad estructural que continúa limitando el acceso y la permanencia de las personas con discapacidad en el mercado laboral.
