Un informe de la Red contra la Violencia Antisindical documenta 108 casos de violencia antisindical entre 2024 y 2025, incluidos despidos, cierre de empresas y persecución sindical, en un contexto de creciente debilidad en la protección estatal.
A la par, organizaciones sindicales alertan que, desde el cambio de administración gubernamental, se han registrado despidos y traslados en el sector público.
Tegucigalpa, Honduras. – Al menos 108 casos de violencia laboral fueron documentados entre 2024 y 2025 en Honduras, en un contexto marcado por el hostigamiento, los despidos antisindicales y otras represalias contra la población trabajadora, según un informe de la Red contra la Violencia Antisindical.
Durante el periodo analizado, las denuncias incluyen despidos de dirigentes sindicales, persecución laboral y represalias contra trabajadores organizados, en un escenario donde instituciones como la Secretaría de Trabajo presentan limitaciones para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.
Estos casos, advierte la Red, no son aislados, sino que responden a patrones recurrentes que se activan cuando los trabajadores intentan organizarse, negociar condiciones laborales o denunciar irregularidades dentro de sus centros de trabajo.
El informe recoge casos emblemáticos tanto en el sector privado como en el público. Entre ellos, el cierre de la corporación Delta, que dejó a trabajadores sin prestaciones. Así como denuncias en instituciones estatales como el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se registraron despidos de dirigentes sindicales, y el caso de la organización de meteorólogos, cuyos integrantes enfrentaron despidos tras conformarse como sindicatos.
“Se trata de persecución sindical y de un atentado contra la libertad sindical”, señaló Wilson Carrasco, coordinador nacional de la Red contra la Violencia Antisindical, quien remarcó que el Estado debe garantizar la protección de estos derechos, en un contexto donde la violencia laboral también presenta impactos diferenciados según género.
VIOLENCIA LABORAL Y BRECHAS DE GÉNERO
“Dentro del informe se hace esa conexión y diferencia en los tipos de violencia que reciben las mujeres versus los hombres. Muchas veces, por su condición de mujer, la violencia va más contra su cuerpo o su orientación sexual”, explicó María Elena Sabillón, coordinadora del Centro de Solidaridad en Honduras.
El informe advierte que la violencia laboral incluye expresiones basadas en género que afectan de forma diferenciada a las mujeres, tanto en el sector público como en el privado, donde enfrentan mayores niveles de acoso, discriminación y limitaciones para ejercer sus derechos laborales y sindicales.
Estas formas de violencia, además, tienden a manifestarse de manera más invisibilizada, lo que dificulta su denuncia y refuerza las desigualdades dentro del mundo laboral.
En el contexto reciente, organizaciones sindicales advierten que estas prácticas continúan en aumento, particularmente en el sector público, donde se reportan despidos y traslados que afectan a trabajadores organizados.
De acuerdo con María Elena Sabillón, coordinadora del Centro de Solidaridad en Honduras, en los primeros meses de la administración de Nasry Asfura se ha registrado una ola de despidos de instituciones públicas, que rondaría los 3,500 empleados.
De enero a la fecha, también se han reportado traslados injustificados, despidos a mujeres durante el embarazo o en periodo de lactancia materna, indicó Selvin Peña, coordinador de la Subred Norte de la Red contra la Violencia Antisindical, quien manifestó que estos casos evidencian una crisis en aumento para las organizaciones sindicales.
UN CRECIMIENTO QUE NO SE TRADUCE EN BIENESTAR
Aunque Honduras ha mantenido un crecimiento económico moderado durante el período analizado, con tasas entre 3.5% y 4%, este no se ha traducido en mejoras sustantivas en las condiciones de vida de la población trabajadora, expone el informe.
El documento señala que esto se debe, en gran medida, a un sistema fiscal que favorece a los sectores de mayores ingresos y a las grandes empresas, con amplias exoneraciones y baja carga tributaria.
“Ha habido crecimiento, pero para quienes concentran la mayor cantidad de riqueza, y no se ve trasladado a la clase trabajadora”, afirmó Selvin Peña.
En este escenario, las organizaciones advierten que el crecimiento económico, lejos de mejorar las condiciones laborales, continúa reproduciendo desigualdades que afectan directamente a la población trabajadora.
