Por Daniel Briceño Mejía
Tegucigalpa. – Cuando la Ministra de Educación de El Salvador Karla Trigueros se presentó al puesto fronterizo de Pasa Monos vestida con su característico uniforme militar y acompañada de un eficiente equipo mediático, no solo traía consigo un cargamento de materiales educativos para niños salvadoreño-hondureños de las comunidades de Nahuaterique, sino también un mensaje de su Gobierno: no los hemos olvidado.
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La historia de Nahuaterique, que forma parte de un grupo de territorios de la frontera entre Honduras y El Salvador otrora conocidos como bolsones, ha sido turbulenta e incierta desde la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992 que los definió como parte del suelo hondureño.
Desde entonces, los habitantes de esa región, que en su mayoría cuenta con doble nacionalidad, han enfrentado un abandono sistemático del Estado de Honduras, ampliamente reportado por medios nacionales e internacionales, que han expuesto situaciones inquietantes como la falta de compromiso del Gobierno para definir la categorización territorio, que actualmente se encuentra fragmentado entre varios municipios con los cuales los locales no se identifican, así como la ausencia de servicios de salud, educación y seguridad.
Ante esto, los pobladores han optado por cubrir los vacíos en su país de origen, El Salvador, que en los últimos años ha reportado mejoras significativas en esos ámbitos sociales, aunque acompañadas por denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y condiciones asimétricas. Hoy en día, es común ver a las personas cruzar la frontera para realizar tareas cotidianas como ir al colegio, atender una cita médica o cobrar remesas en el banco; situación que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele parece haber identificado y convertido en una oportunidad de proyección política.
La ministra Trigueros cuenta con formación como médico y militar, ostentando el rango de Mayor (r) en el ejército salvadoreño, lo que sugiere un amplio conocimiento sobre conceptos de soberanía e integridad territorial. Por ello, la tesis de que el episodio altamente publicitado es atribuible a un simple error de procedimiento resulta difícil de sostener.
A esta suspicacia se suma el anuncio hecho apenas unos días después por el Gobierno de El Salvador en cuanto a la habilitación de un servicio de transporte para trasladar a sus nacionales que viven del lado hondureño de la frontera a pueblos salvadoreños aledaños donde podrán recibir las atenciones sociales que fueron detenidas en la frontera.
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Lo anterior podría leerse como una estrategia que coincide con lo que el reconocido politólogo estadounidense Joseph Nye definió en su momento como poder blando, la habilidad que tienen los Estados para persuadir a otros Estados o grupos empleando métodos más sutiles que los convencionales, como la política exterior, los valores políticos y la cultura y así lograr sus objetivos.
El fallo de La Haya de 1992 colocó al Estado salvadoreño en una postura desventajosa en cuanto a su territorio, que desde entonces ha intentado revertir o al menos compensar mediante acciones jurídicas, como el intento de revisión del año 2002, y diplomáticas, como las constantes protestas de su Cancillería ante la situación en la Isla Conejo, acciones que hasta la fecha no han surtido ningún efecto.
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Frente a esta situación, aparentemente inalterable mediante las vías tradicionales, se puede interpretar que El Salvador ahora ha optado por iniciar acciones informales, de corte mediático, cuyo efecto ha sido general un intenso debate público no solo en los territorios exbolsones, sino en toda Honduras, donde cada vez es más común escuchar frases como “necesitamos a un Bukele” o “preferiría vivir en El Salvador”.
La respuesta del Gobierno de Honduras, que enfrenta fuertes críticas ante su aparente ineficacia para manejar la crisis económica, derivada de los altos precios del petróleo, y de seguridad, por la escalada de violencia que atraviesa el país, ha resultado cuanto menos insuficiente.
Tras la negativa al ingreso al país de la ministra Trigueros, tanto la Presidencia como la Secretaría de Relaciones Exteriores minimizaron el incidente, indicando que se trató de un percance con ninguna incidencia en el marco de lo que el presidente Nasry Asfura caracterizó como “un buen estado de las relaciones” con El Salvador, omitiendo referirse por completo a la situación subyacente en Nahuaterique.
Estas declaraciones van en consonancia con las reacciones que el Gobierno de Honduras ha tenido en episodios anteriores, como la negativa de Bukele a felicitar a Asfura por su triunfo en las elecciones, o cuando el mandatario salvadoreño respondió en su red social X a un comentario del Ministro de Seguridad hondureño Gerzon Velásquez referente a la estrategia de seguridad en El Salvador, diciendo que “muchas personas morirán por culpa de estas personas”, evidenciando la evasiva de la administración de Asfura a entrar en controversia con su contraparte salvadoreña, que pareciera tener una percepción mucho más favorable que la propia entre los hondureños.
La realidad en Nahuaterique a casi 34 años desde el fallo de La Haya sigue generando interrogantes sobre el ejercicio de la soberanía, que en el mundo actual ya no obedece únicamente a la creación y aplicación de leyes, defensa territorial y administración de los recursos, sino también a la capacidad de influencia que los Estados y demás actores del sistema tienen sobre las poblaciones y los medios que utilizan para lograrla. Honduras deberá entender esto más temprano que tarde si desea conservar, de hecho, los territorios que el derecho le reconoció.
* Daniel Briceño Mejía es pasante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales con especialidad en Seguridad Internacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala y exfuncionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras.
