“Un hecho que empañó aún más la legitimidad de los comicios fue que el CNE proclamara a Asfura como vencedor de la contienda presidencial sin finalizar la revisión de las actas acordadas, pese a que legalmente quedaban varios días para continuar con ese proceso”
Washington, DC ― Un nuevo informe del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, en inglés) examina en profundidad las elecciones de Honduras de 2025 y concluye que diversas deficiencias del proceso electoral contribuyeron a retrasos en el escrutinio y a la proclamación irregular del presidente electo antes de que concluyera la revisión acordada de las actas, factores que generaron desconfianza en el proceso a lo largo del espectro político.
El informe señala además que una “injerencia extranjera abierta” ― especialmente por parte del presidente estadounidense Donald Trump y otros actores políticos de EE. UU. ― pudo haber influido significativamente en los votantes. Si bien muchos de los problemas identificados en el informe deben ser abordados, ante todo, por los propios hondureños, la posibilidad de una continua injerencia estadounidense en un proceso electoral soberano como el de Honduras debería encender las alarmas en toda la región, especialmente ante las próximas elecciones presidenciales en Colombia y Brasil previstas para este año.
“No cabe duda de que la injerencia del presidente Trump, junto con sus amenazas de posibles consecuencias económicas para quienes no votaran por Asfura, ejerció una enorme presión sobre los votantes. Esto pudo tener un efecto decisivo en el resultado, considerando que una cuarta parte de los hogares hondureños recibe remesas de Estados Unidos”, señaló Francesca Emanuele, asociada sénior de política internacional, coautora del informe y jefa de la misión de observación electoral del CEPR para las elecciones de Honduras de 2025.
“Un hecho que empañó aún más la legitimidad de los comicios fue que el CNE proclamara a Asfura como vencedor de la contienda presidencial sin finalizar la revisión de las actas acordadas, pese a que legalmente quedaban varios días para continuar con ese proceso”, añadió.
El informe incluye recomendaciones orientadas tanto a fortalecer el proceso electoral hondureño como a prevenir la injerencia extranjera. A nivel internacional, insta a instituciones multilaterales y misiones de observación electoral a desarrollar mecanismos de monitoreo y denuncia oportuna frente a presiones externas sobre procesos electorales, en consonancia con los principios de soberanía y no intervención establecidos en la Carta de la ONU y la Carta de la OEA.
En Estados Unidos, pide al Congreso investigar la injerencia del presidente Trump y otros actores estadounidenses en las elecciones hondureñas de 2025. En Honduras, recomienda reformar la Ley Electoral de 2021 para corregir deficiencias procedimentales y fortalecer las sanciones por violaciones de las normas electorales, incluido el incumplimiento del silencio electoral.
“Esperamos que este informe contribuya a orientar los esfuerzos del gobierno hondureño para corregir problemas y mejorar el proceso electoral”, afirmó Pedro Labayen Herrera, coautor del informe y también observador de las elecciones.
“El caso hondureño constituye un precedente alarmante y plantea serias dudas sobre cómo pueden garantizarse elecciones verdaderamente libres en la región cuando los resultados electorales pueden verse condicionados, en cuestión de horas y con impunidad, por amenazas de actores extranjeros como el presidente de Estados Unidos.
Estas preocupaciones cobran mayor relevancia tras la revelación de la presunta trama de “Hondurasgate”, la cual parecería exponer un alto nivel de coordinación entre figuras hondureñas y actores internacionales para influir en la política del país y del resto de la región”, agregó.
Desde que comenzaron a cargarse los primeros resultados en el repositorio central de transmisión de datos, la misión de observación electoral del CEPR realizó un análisis estadístico de los datos electorales puestos a su disposición y “no encontró evidencia que respalde las denuncias de fraude en la elección presidencial.
Sin embargo, la misión no pudo evaluar el posible impacto de las irregularidades reportadas en los datos electorales sobre los resultados finales”. Esta limitación se vio agravada por el hecho de que el escrutinio especial acordado para revisar las actas electorales señaladas por posibles irregularidades — del que se esperaba aportara mayor claridad sobre los resultados — nunca llegó a completarse.
En conjunto, el informe contiene un análisis riguroso de las instituciones electorales hondureñas, los aspectos técnicos y operativos de los comicios y los principales acontecimientos ocurridos durante los periodos preelectoral, electoral y postelectoral, incluyendo la interferencia extranjera, el sesgo mediático y la violencia política.
Asimismo, recoge preocupaciones expresadas por organizaciones de la sociedad civil respecto de las nuevas autoridades electas en Honduras, incluida lo que parece ser una purga políticamente motivada en contra de funcionarios electorales y judiciales clave vinculados a la oposición, así como el temor a un incremento de la violencia dirigida contra defensores de derechos humanos y del desplazamiento forzado de pequeñas comunidades campesinas, como ocurrió bajo los gobiernos del Partido Nacional de Pepe Lobo (2010–2014) y Juan Orlando Hernández (2014–2022).
