Redacción: Marcia Perdomo
Fotos: Redes sociales de Cofadeh
Tegucigalpa.- El velo de la impunidad continúa arropando los asesinatos contra cinco campesinos en la finca “El Tumbador”, acaecido en noviembre de 2010, a manos de fuerzas de seguridad privadas y estatales, mientras exigían una parcela de tierra para subsistir.
Sus nombres son: Teodoro Acosta (39), Raúl Castillo (48), Ignacio Reyes (50), Ciriaco de Jesús Muñoz (50) y José Luis Sauceda Pastrana (25), además de cuatro mujeres agredidas y otros cuatro hombres que resultaron heridos.
Ante la ausencia de justicia en Honduras, el caso fue presentado en 2018 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto a otros dos sucesos que también resultaron en asesinatos: el del comunicador Nahúm Palacios, ocurrido en marzo de 2010; y la represión contra una manifestación ocurrida el 30 de julio de 2009 en “El Durazno”, en el que falleció el profesor Roger Vallejo.
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El caso es representado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Abogados Sin Fronteras Canadá y Fundación San Alonso Rodríguez, organizaciones que este fin de semana se reunieron con las y los sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales y las mujeres agredidas para analizar acciones a seguir y el estado actual del caso.
«Este día nos reunimos con las víctimas para repensar de cara a la denuncia interpuesta en la CIDH el caso del Tumbador, en esta línea se ha estado haciendo un encuentro con los diferentes actores para conocer las condiciones que después de 12 años de ocurridos los hechos y cuatro años de colocar las denuncias ante la comisión», expresó la coordinadora del Cofadeh, Berta Oliva, a través de las redes sociales de la organización.
En Defensores en Línea, se recalcó que el asesinato de los cinco campesinos impactó en la dinámica familiar de las viudas, quienes no se rindieron pero que tuvieron que sacar adelante a sus hijos sin ningún tipo de apoyo, e incluso algunas de ellas desarrollaron enfermedades después de los hechos ocurridos.
Desde este sitio se reportó que Pedro Deras, quien resultó herido en la pierna, manifestó satisfacción que el caso continúe y que no se detenga hasta que haya justicia y se resarzan los daños que sufrió la comunidad.
Yini Ordóñez, viuda de José Luis Salcedo, compartió que continuarán luchando hasta alcanzar justicia para las víctimas del ataque sin importar el tiempo que pase.
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En noviembre de 2017, Criterio.hn publicó la denuncia realizada por organizaciones agrarias ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en la que establecen que las tierras de la finca El Tumbador “son tierras que siguen siendo del Estado y por tanto, para fines de reforma agraria”, según una acta del 22 de julio de 2015 del entonces director del INA.
Sumado a esto, especificaron: “Las tierras que explota Corporación Dinant en la Finca el Tumbador que son alrededor de 750 hectáreas, corresponden a 45 empresas campesinas del MCA, que están dentro del título de propiedad de 5,700.24 hectáreas inscrito en el instituto de la propiedad que fueron adjudicadas al Movimiento Campesino del Aguán (MCA) a partir del año 2000”.
