Los primeros 100 días de Nasry Asfura avanzan entre violencia, opacidad, precarización del empleo, decisiones orientadas a privatizar la salud pública y ausencia de transformación educativa.
Tegucigalpa, Honduras. – «No me midan por unos días. Si han pasado décadas en Honduras, décadas han pasado y no se han resuelto los problemas”, reclamó el presidente Nasry Asfura, ante las interrogantes sobre los logros alcanzados en los primeros cien días de su gobierno.
Se le olvido que el Partido Nacional ha gobernado por más de medio siglo desde su creación en 1902 y eso sin contar los casi 17 años de juntas militares con las que siempre este instituto político hizo mancuerna. Es que la pérdida de memoria histórica facilita la gobernanza.
El sociólogo Engels López afirmó a Criterio.hn que, a través de esta frase, se busca desconocer que la crisis de país tiene un carácter histórico y estructural, evita abordar la ausencia de una planificación estatal realista, viable y factible sobre el desarrollo económico y social del país. A la vez que, se responsabiliza a las administraciones pasadas como forma de escape sobre la responsabilidad presente y futura.
Mientras Asfura y su gabinete fingen ingenuidad, los primeros 100 días es un barómetro estándar que marca las prioridades de un mandato para bien o para mal. Desde el “New Deal” –un paquete de reformas estatales orientadas a enfrentar la crisis económica tras el colapso de la bolsa en 1929– hasta la agenda “América Primero” de Donald Trump, los primeros meses de una administración suelen marcar el rumbo político y económico de una administración.
Si nos enfocamos en los primeros 100 días de la gestión de Asfura en el Poder Ejecutivo –más allá de los “logros” fabricados por el ministro de comunicaciones José Argueta– vemos una radiografía marcada por el aumento del costo de vida, el surgimiento de un posible caso de corrupción tras depósitos de 100 mil lempiras a cuentas de diputados, el repunte de la criminalidad y una serie de decisiones que han favorecido a grupos empresariales.
Para Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), una de las principales dificultades para evaluar la actual administración radica en la ausencia de un plan de gobierno claro que permita medir cumplimiento o avances concretos.
A criterio del defensor, durante los primeros 100 días se ha evidenciado una falta de compromiso en materia de derechos humanos, reflejado en el abordaje de la violencia, la seguridad, la educación y el debilitamiento institucional.
EMERGENCIAS, INFLACIÓN Y EMPLEO PRECARIO
En menos de cuatro meses, Asfura Zablah promovió y amplió al menos cuatro decretos de emergencia que autorizan compras y contrataciones directas de bienes y servicios en sectores clave como salud, infraestructura vial, abastecimiento de placas, vehiculares y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Aunque esta práctica es legal, distintos sectores la cuestionan por su potencial para incrementar la opacidad y facilitar la corrupción.
Mientras la presión ocasionada por las amenazas y ataques de Estados Unidos contra Irán intensifica la situación petrolera en el Estrecho de Ormuz, en Honduras, y el resto del mundo, se continúa encareciendo el costo de vida. Sin embargo, la escalada de precios no justifica la ausencia de un plan de mitigación económica que aborde el incremento en el costo de la energía y los combustibles y, por consiguiente, el impacto sobre la canasta básica de la población hondureña.
Los subsidios anunciados a los combustibles generan más dudas que alivio y ni hablar de evaluar los regímenes de exoneraciones que benefician a unos pocos. Justamente la ampliación por cinco periodos fiscales del Régimen de Importación Temporal (RIT) fue una de las primeras normativas aprobadas desde el Congreso Nacional.
A la par del incremento al costo de vida, sindicatos y trabajadores han alertado sobre un avance en la precarización laboral. En los primeros meses de gobierno se denunciaron despidos dentro de instituciones estatales que dejaron en condición de vulnerabilidad a personas con discapacidad.
Por otro lado, desde el sector empresarial y el Congreso Nacional se impulsa la Ley la Ley de Empleo a Tiempo Parcial. Ambas iniciativas han sido cuestionadas por sectores laborales que advierten que profundizan la inestabilidad laboral y reducen derechos, como también lo hace la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Social enfocada a empleados gubernamentales.
Estas medidas contrastan con la ausencia de políticas orientadas a fortalecer el empleo digno y estable en un país marcado históricamente por la informalidad, los bajos salarios y la migración forzada.
SEGURIDAD SIN ESTRATEGIA
De la mano del incremento al costo de la vida, también se percibe y cuantifica un incremento de la violencia y la inseguridad, aunque el ministro de comunicaciones, José Argueta, afirme que no existe un alza con respecto al cuatrienio de Castro y que incluso las cifras del gobierno anterior habrían sido “maquilladas” para reflejar un descenso.
Para Mirna Flores, investigadora del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), percepción y realidad en temas de violencia no pueden ser separados. “Los datos reflejan que hay un aumento [de 591 homicidios en 2025 a 612 en lo que va del 2026]. No se puede negar que un aumento en las cifras del presente gobierno le crea problemas porque venimos de una tasa de descenso en los homicidios y el aumento de los homicidios crea un cuadro de gobernabilidad que nos dice que la gestión del gobierno no va bien”.
Si bien la investigadora no profundizó en el tema, sí señaló que, mientras las secretarías de Seguridad y Defensa registran un incremento presupuestario cercano al 15% en comparación con el año pasado, continúa ausente un plan de gobierno coherente para enfrentar la inseguridad que desde hace más de dos décadas deteriorara la calidad de vida de las y los hondureños. A esto se suma que los femicidios continúan siendo invisibilizados bajo la etiqueta de “crímenes pasionales”.
En esa misma línea, Lucía Vijil, asesora en justicia ambiental y ecológica para el Cespad, cuestionó la ausencia de una estrategia integral de seguridad y señaló que las decisiones continúan concentrándose en el cuestionado Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, limitando la participación ciudadana en la construcción de políticas para enfrentar la criminalidad y el crimen organizado. Asimismo, alertó sobre las reformas al Código Procesal Penal encaminadas a endurecer las penas por usurpación, delito utilizado históricamente para criminalizar a defensores y defensoras del ambiente y el territorio.
LA OPACIDAD COMO PÓLITICA
Abordar la corrupción sigue siendo un tema pendiente en la agenda Ejecutiva. Si bien Asfura no incluyó en su corto plan de gobierno la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), sí se comprometió a impulsar su instalación al firmar, junto a otros tres excandidatos presidenciales, un memorándum de entendimiento con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), aunque ahora este organismo justifique la inacción.
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A esto se suma la eliminación de la Secretaría de Transparencia y el traslado de sus funciones a la Procuraduría General de la República (PGR), pese al conflicto de interés que generaría, dado que su titular, Dagoberto Aspra, actuó como abogado defensor de actores denunciados en sonados casos de corrupción.
Entre estos encontramos procesos judiciales contra el propio mandatario –con un caso abierto– por el desfalco a la Alcaldía del Distrito Central; contra Nelson Márquez, actual subsecretario de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), por un caso de fraude contra el Estado; y el caso Pandora que involucró el desvío de al menos 282 millones de lempiras de la secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para el financiamiento político.
Osiris Payes, asesora en temas de transparencia y anticorrupción, señaló en el marco de la presentación del informe “A 100 días del gobierno de Nasry Asfura” del Cespad, que el plan de Asfura no ofrece una ruta para combatir pactos de impunidad en casos de macro corrupción, y son muy pocos los elementos en términos de transparencia y combate a la corrupción.
“El retorno de un Partido Nacional al poder no inaugura un modelo nuevo, sino que significa que la misma fuerza política que promovió en buena medida esos actos [de corrupción] que ahora se mantienen vigentes, vuelve a gobernar sobre esa estructura”, planteó Payes.
Aparentar transformación, al mismo tiempo que se realizan depósitos por 100 mil lempiras desde fondos de Casa Presidencial a cuentas de diputados del Partido Liberal, en medio de discusiones de juicio político en el Congreso Nacional, no refleja precisamente el espíritu anticorrupción que se intenta vender, sobre todo cuando se recorta el presupuesto del Instituto de Acceso a la Información Pública y persisten constantes suspensiones del Portal Único de Transparencia.
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De la mano de la corrupción aparece el nepotismo. Durante la administración de Xiomara Castro la consigna de la oposición fue “Fuera el familión”. Claro una vez en el poder lo que prolifera son feudos familiares y nombramientos de figuras señaladas en escándalos de orden público, promoción de las inconstitucionales Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) e investigaciones fiscales.
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SALUD Y EDUCACIÓN ENTRE PRIVATIZACIÓN Y RETROCESOS
La promoción de un decreto de emergencia justificado, en parte, por una supuesta mora quirúrgica de 20 mil pacientes contrastó con datos oficiales de la propia Secretaría de Salud y declaraciones del Colegio Médico de Honduras, que situaban la cifra en 5,408 pacientes al momento de impulsar la iniciativa. Esto habría derivado en un aumento del gasto público mediante la realización de cirugías en hospitales privados, pese a que pudo haberse atendido en el sistema público a un menor costo.
El retorno de los fideicomisos –figura eliminada por la administración Castro por considerarla lesiva a la administración pública– implica que cientos de millones de lempiras estén depositados en la banca nacional fuera de la Cuenta Única del Tesoro, reduciendo transparencia e incrementando niveles de opacidad, según el informe sobre Fideicomisos incluido en el documento de Rendición de Cuentas sobre la gestión de la Hacienda Pública en el ejercicio fiscal 2024.
En Educación, Honduras continua con una currícula desfasada que, en lugar de avanzar hacia una modernización del sistema educativo, enfrenta intentos de retroceso desde el Congreso Nacional mediante iniciativas como la inclusión obligatoria de la lectura de la biblia en escuelas públicas, ignorando el artículo 151 de la Constitución de la República, que establece que la educación es laica.
La administración de Asfura también intentó posicionar mediáticamente la distribución de libros escolares como muestra de avance en el sector educativo, pese a que “El Mirón”, la sección de verificación de Criterio.hn, evidenció que los textos no fueron creados por el actual gobierno, sino que corresponden a materiales desarrollados desde 2018 y posteriormente retomados para su impresión y distribución durante la administración de Xiomara Castro.
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Javier Acevedo señaló además que la gestión educativa del actual gobierno ha estado marcada por la ausencia de propuestas de transformación estructural y por la falta de continuidad efectiva de políticas públicas que ya se venían desarrollando previamente.
ENTRE EL DESGASTE Y EL FANTASMA DEL JUANORLANDISMO
La privatización del sistema sanitario a través de la terciarización de servicios; la apertura de una ventanilla única en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés para “agilizar” las licencias ambientales; los depósitos a diputados y diputadas del Partido Liberal como posible incentivo para sostener el apoyo a la agenda de la bancada del Partido Nacional en el Legislativo; así como la iniciativa de la ley de fortalecimiento del sector agroindustrial, tienen un único propósito: cumplir las demandas de los multimillonarios en Honduras mientras las grandes mayorías continúan excluidas.
Lucia Vijil señaló a Criterio.hn que el presupuesto y las decisiones impulsadas desde el Ejecutivo reflejan una priorización hacia los sectores empresariales y de seguridad, mientras se reducen espacios de participación social y políticas orientadas a disminuir desigualdades. A criterio de la defensora, la empresa privada se ha convertido en el principal interlocutor del gobierno en materia de inversiones, relegando discusiones sobre conflictividad agraria y protección ambiental.
En ese contexto, Javier Acevedo advirtió que el desgaste de la imagen pública del mandatario podría profundizarse conforme avance la administración. Señaló que distintas evaluaciones ya reflejan una caída en los niveles de aceptación del presidente y consideró que esta tendencia podría agravarse ante las constantes denuncias de opacidad y el deterioro institucional, así como por los señalamientos sobre un posible retorno de estructuras vinculadas al expresidente Juan Orlando Hernández, surgidos tras la filtración de 37 audios realizada por Canal R(e)d América Latina y el portal Honduras Gate.
