La ausencia de propuestas en el plan de gobierno sobre transparencia y anticorrupción refuerza la percepción de que estos temas no son prioritarios en la agenda estatal. De hecho, a inicios de la administración de Nasry Asfura Zablah, se habló sobre la fusión el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) con la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción –que finalmente fue unificada a la Procuraduría General de la República (PGR).
La suspensión del Portal Único de Transparencia en años recientes y las fallas actuales reflejan patrones recurrentes que restringen el acceso a información a la ciudadanía.
Tegucigalpa, Honduras. –Las constantes fallas y caídas del Portal Único de Transparencia, sumadas a la reducción del presupuesto del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la ausencia de una estrategia estatal de rendición de cuentas y combate a la corrupción, configuran un escenario que debilita los mecanismos de control ciudadano y la lucha contra la corrupción en Honduras, un país que ha sido golpeado por la impunidad.
El pasado 17 de abril de 2026, el IAIP informó que el Portal Único de Transparencia presenta fallas derivadas de la obsolescencia de su centro de datos, el cual tiene más de 12 años de antigüedad. La institución advirtió que el incremento sostenido de accesos, incluyendo tráfico automatizado, ha generado inestabilidad operativa en sus sistemas.
Según el comunicado oficial, los sistemas tecnológicos del IAIP operan actualmente al 90 % de su capacidad, lo que representa un riesgo inminente para la continuidad de servicios esenciales como el Portal Único de Transparencia y el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO).
“Esta condición deja en evidencia la necesidad urgente de modernizar la infraestructura tecnológica del IAIP”, afirmó.
En ese sentido, subrayó que la institución no solo administra datos, sino que promueve la participación ciudadana a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), una plataforma en la que periodistas y ciudadanos realizan peticiones a las instituciones.
Sin embargo, las fallas no han sido aisladas. El 21 de abril de 2026, el Portal Único de Transparencia volvió a presentar interrupciones, evidenciando un problema recurrente en la operatividad del sistema.
Analistas consideran que la situación actual responde a problemas estructurales más profundos. En ese sentido, el analista político Luis León señaló que tanto la Ley de Transparencia como el propio IAIP presentan signos de “obsolescencia” y “han enfrentado un abandono estatal sostenido”.
En una entrevista brindada Criterio.hn el analista cuestionó la ausencia de propuestas concretas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción dentro del plan de gobierno del presidente Nasry Asfura Zablah.
A su criterio, esta omisión refleja que la transparencia no constituye una prioridad dentro de la agenda gubernamental, lo que se traduce en el debilitamiento de instituciones clave como el IAIP.
El analista agregó que la falta de interés político en fortalecer los mecanismos de control responde, en parte, a la resistencia de los actores políticos a ser auditados.
Asimismo, recordó que la Ley de Transparencia establece que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) debe brindar acompañamiento y auditoría permanente al IAIP, una función que, según indicó, no se ha desarrollado plenamente.
Vea: Plan de reducción estatal propone unificación del IAIP y Secretaría de Transparencia
REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA AFECTA RENDICIÓN DE CUENTAS
En paralelo, el presupuesto asignado al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para el ejercicio fiscal 2026 refleja una reducción. La institución pasará de recibir 45.05 millones en 2025 a 43.6 millones de lempiras en 2026, lo que representa una disminución de 1.4 millones de lempiras.
Esta reducción contrasta con el comportamiento presupuestario de años anteriores. Por ejemplo, en 2023, el IAIP recibió 39 millones de lempiras; en 2024, el monto aumentó a 41.2 millones; y en 2025 alcanzó los 45 millones, mostrando una tendencia al alza que se revierte en 2026.
El IAIP es el ente encargado de garantizar el acceso a la información pública, mediante la publicación de información en el Portal Único de Transparencia, la recepción y gestión de solicitudes dirigidas a las distintas instituciones del Estado.
En noviembre de 2024, Criterio.hn reportó que entre 2020 y 2024 los últimos la institución recibió 40,467 solicitudes de información a través de la plataforma SIELHO. La mayoría de estas solicitudes han sido dirigidas a alcaldías municipales y a los poderes del Estado.
Las municipalidades, en particular, han sido señaladas históricamente como las entidades más opacas, ya que sus autoridades no publican documentación –como licitaciones, ejecución de presupuesto, compras, remuneración de empleados— en el Portal de Transparencia y, en ocasiones, se niegan a responder solicitudes de información.
A pesar de esta demanda, el IAIP opera con recursos humanos limitados. Según datos oficiales, la institución cuenta únicamente con 11 oficiales de verificación, de los cuales dos no tienen contrato permanente.
Estos funcionarios fueron responsables de procesar 11,245 solicitudes de información solo en 2023, lo que evidencia una carga operativa significativa frente a una estructura institucional reducida.
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CAÍDAS DEL PORTAL ÚNICO, UNA PRÁCTICA DE GOBIERNOS OPACOS
Las fallas en el Portal de Transparencia tampoco son nuevas. En diciembre de 2023, el IAIP suspendió temporalmente sus servicios debido a una mudanza de oficinas, lo que obligó a los ciudadanos a realizar solicitudes de información de manera presencial.
Esta suspensión generó un vacío en el acceso a la información, especialmente en un mes clave para la rendición de cuentas, cuando las instituciones públicas reportan ejecución presupuestaria, compras y procesos de licitación.
En ese momento, el IAIP informó mediante un comunicado que la interrupción sería temporal, aunque no precisó una fecha concreta para la reanudación total de los servicios digitales.
En este contexto, las fallas tecnológicas, la reducción presupuestaria y la limitada capacidad operativa del IAIP convergen en un escenario que restringe el acceso a la información pública.
