Analistas advierten que la reforma abriría paso a negociación política del mando militar, debilitaría el control civil y la separación de Poderes.
Tegucigalpa, Honduras. – Mientras en programas televisivos diputados discuten la supuesta ciudanización parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la destitución de funcionarios del Partido Libertad y Refundación, diputados como Mario Segura del Partido Liberal proponen que el Congreso Nacional controle el nombramiento del jefe del Estado Mayor Conjunto. Propuesta que abre paso a la politización de una institución encargada de garantizar el libre ejercicio del sufragio la seguridad del proceso electoral.
Para el abogado constitucionalista, Rodil Rivera Rodil, detrás de este planteamiento que involucraría una reforma constitucional esta la intención de los dos partidos tradicionales, especialmente el Partido Nacional, de politizar las Fuerzas Armadas, llegando incluso a usar dicha votación para negociar la elección del jerarca militar. Lo que lo convertiría en un tema político y no de una institucionalidad democrática.
Con respecto a los señalamientos de irregularidades que se hacen desde el oficialismo contra el Jefe de estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández –elegido por la expresidenta Xiomara Castro–, Rivera sostiene que, haya actuado por órdenes o por iniciativa propia, corresponde acudir a los tribunales y no cambiar la ley. “Esa es la peor manera de solucionar problemas institucionales, cambiando las leyes. Eso se recurre por último”, manifestó.
En la misma línea, el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, citó al jurista Ángel Muñoz Carpintero, quien está por publicar un análisis sobre los riesgos que plantean esta reforma, entre las que señaló que la elección del jefe del Estado Mayor Conjunto por el Congreso Nacional, provocaría un quiebre en la separación de poderes.
“Porque ningún funcionario que esta bajo el Poder Ejecutivo debe ser electo por el Congreso Nacional. […] El Congreso Nacional sólo elige cargos públicos de instituciones autonómas, no del Poder Ejecutivo, y eso implicaría una grave violación a la independencia de poderes”, explicó.
Mejía advirtió que la reforma también implicaría devolver autonomía a las Fuerzas Armadas, contraviniendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que plantean eliminar sus funciones políticas.
Señaló que sustraer al jefe militar del control de la presidencia abriría la puerta a que la propia institución defina su mando, reconfigurándose como un poder con autonomía similar a la de un “cuarto poder”, con las implicaciones históricas que eso conlleva, y bajo la influencia de sectores vinculados al Partido Liberal y el Partido Nacional que mantienen control la institución y estarían aprovechando el actual cogobierno para impulsar la reforma.
Al respecto el abogado Rodil Rivera Rodil señaló que la reforma implicaría un retroceso histórico, ya que Honduras tuvo en el pasado un modelo en el que el Congreso elegía al jefe de las Fuerzas Armadas, asociado a acuerdos políticos como el llamado “Pacto de Agua Azul”. A su juicio, la posterior reforma que subordinó la institución al Poder Ejecutivo representó un avance democrático al fortalecer el control civil.
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La iniciativa para reformar los artículos 280 y 281 de la Constitución de Honduras, y que sea el Congreso Nacional quien elija al jefe del Estado Mayor Conjunto cada cuatro años, fue introducida el 8 de abril por el diputado liberal Mario Segura y remitida por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, a la comisión de dictamen para su análisis.
Estas reformas propuestas por el diputado Segura entrarían en conflicto con el artículo 272 de la Constitución de la República que define el rol de las Fuerzas Armadas como una institución nacional profesional, apolítica, obediente y no deliberante.
