Durante la intervención de Mario Morazán expuso una serie de argumentos sobre supuestas irregularidades dentro del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), particularmente en torno al manejo de convocatorias y expedientes en el caso relacionado a la inscripción de Jorge Cálix, como candidato a diputado por el departamento de Olancho.
Tras presentar el recurso de amparo, Morazán afirmó ante medios de comunicación que en Honduras los mecanismos de control en los juicios políticos son limitados y que ninguna actuación estatal puede quedar fuera del control constitucional.
Tegucigalpa, Honduras. –Minutos después de interponer un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alexis Morazán, compareció este lunes ante la Comisión Especial de Juicio Político, en medio de cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso y señalamientos de intervenciones fuera de orden por parte de diputados.
Morazán acudió temprano, antes de las 8:30 de la mañana, al máximo tribunal de justicia para presentar la acción constitucional con la que busca frenar el proceso en su contra. A su salida, denunció que el juicio político adolece de garantías fundamentales.
“Los mecanismos de control que tiene nuestro sistema jurídico en relación con los juicios políticos son bastante escasos. En un Estado de derecho ninguna actuación de un poder público puede estar al margen del control constitucional; en consecuencia, vamos a presentar una acción de amparo”, declaró a medios de comunicación.
Manifestó que durante el proceso no se le han respetado derechos básicos como la independencia judicial, la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso, elementos que consideró esenciales en cualquier procedimiento de esta naturaleza.
De igual manera, indicó que el marco legal que regula los juicios políticos en Honduras es deficiente y contraviene estándares internacionales en materia de derechos humanos, citando observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la necesidad de reformar dicha normativa.
Lea: Marlon Ochoa, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez no comparecieron ante Comisión de juicio político
MORAZÁN COMPARECE ANTE COMISIÓN DE JUICIO POLÍTICO
Alrededor de las 11:12 de la mañana, Mario Morazán se presentó en las instalaciones del Congreso Nacional para entregar personalmente una notificación vinculada al recurso de amparo, luego que se le indicara que debía hacerlo directamente ante el secretario del Legislativo, Carlos Ledezma.
La audiencia pública en su contra inició a las 11:01 de la mañana sin su presencia, por lo que la comisión procedió a dejar constancia de su inasistencia y advirtió que no existía notificación previa que la justificara.
No obstante, al confirmarse que el magistrado suspendido ya se encontraba en las instalaciones del hemiciclo se concedió un breve compás de espera para permitir su comparecencia. Una medida similar fue adoptada en el caso del consejero suspendido Marlon Ochoa, sin embargo, a diferencia del magistrado, este último no se presentó a la audiencia.
Ante su llegada, la comisión suspendió momentáneamente la audiencia para verificar la documentación presentada. La diputada presidenta, Tania Pinto, aseguró que se garantizaría el debido proceso y la legítima defensa del funcionario.
MORAZÁN SEÑALÓ PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y APUNTÓ DIRECTAMENTE A JORGE CÁLIX
Ya en su comparecencia, Morazán expuso una serie de argumentos sobre supuestas irregularidades dentro del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), particularmente en torno al manejo de convocatorias y expedientes en el caso relacionado a la inscripción de Jorge Cálix, como candidato a diputado por el departamento de Olancho.
Según explicó, existieron inconsistencias en los tiempos de recepción de documentos y convocatorias a sesiones, lo que, a su juicio, evidenciaría una posible colusión dentro del órgano electoral.
“El despacho recibió la convocatoria antes de que ingresaran los documentos que supuestamente se iban a conocer. Eso es imposible. Hay algo extraño”, afirmó ante los miembros de la comisión.
Morazán denunció que ciertas actuaciones dentro del TJE habrían sido influenciadas indebidamente, señalando directamente a actores políticos externos como responsables de “contaminar” los procesos internos.
Durante la audiencia, que se retomó cerca de las 2:00 de la tarde, el magistrado justificó su ausencia en algunas sesiones del pleno del TJE, argumentando que no podía participar en deliberaciones donde no contaba con los expedientes necesarios o donde se pretendía conocer asuntos en condiciones irregulares.
“La ley me obliga a no participar si no tengo los antecedentes. No podía votar a favor ni en contra de algo que no conocía”, explicó Morazán frente a la Comisión de Juicio Político, que en reiteradas ocasiones interrumpió sus disertaciones.
No obstante, los diputados cuestionaron su postura, señalando que pudo haber emitido un voto disidente en lugar de ausentarse, lo que, según argumentaron, contribuyó a la ruptura del quórum en ese ente electoral.
Fue en este intercambio donde Morazán denunció que varias intervenciones de los congresistas estaban fuera de orden, al considerar que no se trataba de preguntas, sino de argumentaciones o valoraciones que desnaturalizaban el objetivo del proceso.
Una de esas ocasiones fue cuando los diputados Kilvett Bertrand (Partido Nacional) y Luz Ernestina Mejía (Partido Liberal), lo increparon sobre una condecoración otorgada por la presidenta Xiomara Castro por su lucha en el Golpe de Estado del 2009, que según los legisladores fue una sucesión presidencial, explicando que esta es una de las prohibiciones de la Ley Procesal Electoral.
Tras leer el articulado de la citada ley explicando que “el suscrito nunca ha dirigido ninguna felicitación ni ninguna censura a ningún funcionario público ni a ninguna autoridad”. Seguidamente cuestionó que la congresista liberal “está argumentando, no está haciendo preguntas”, reclamó en más de una ocasión, insistiendo en su derecho a responder y a que el procedimiento se condujera conforme a reglas claras.
El magistrado también intentó responder a señalamientos, pero en varios momentos fue interrumpido por miembros de la comisión, lo que incrementó la tensión en la audiencia.
En uno de los intercambios más tensos, Morazán cuestionó la pertinencia de algunas interrogantes, señalando que no guardaban relación con el objeto del juicio político y que únicamente buscaban desacreditarlo.
Por su parte, algunos diputados defendieron el desarrollo de la audiencia, argumentando que el proceso se estaba llevando conforme a derecho y que las intervenciones buscaban esclarecer los hechos bajo investigación.
Sin embargo, el señalamiento reiterado de Morazán sobre intervenciones fuera de orden dejó en evidencia fricciones sobre la conducción del proceso y el respeto a las garantías procesales.
El momento más crítico se produjo tras un cruce de acusaciones entre el magistrado y una diputada, en el que se abordaron temas personales y valoraciones ajenas al caso, lo que elevó el tono del debate.
Tras ese intercambio, la transmisión oficial de la audiencia fue abruptamente interrumpida, sin que se brindara una explicación inmediata sobre las razones del corte.
El proceso de juicio político contra Morazán forma parte de una serie de acciones impulsadas por el Congreso Nacional contra funcionarios electorales. Mientras tanto, el recurso de amparo presentado ante la CSJ queda como una de las principales vías legales que el magistrado busca agotar para frenar o revertir el proceso en su contra.
