El Comité por la Libre de Expresión (C-Libre) alertó que las propuestas promovidas desde el oficialista Partido Nacional, podrían abrir la puerta a mecanismos de censura y criminalización contra periodistas, medios digitales y ciudadanía que denuncie hechos de interés público en plataformas sociales.
Tegucigalpa, Honduras. – Desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ambos bajo la bandera del Partido Nacional, han comenzado a impulsarse propuestas y discursos orientados a regular el contenido que circula en redes sociales, incluyendo iniciativas que contemplan sanciones penales contra quienes publiquen “noticias falsas”, lo que ha encendido las alertas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de prensa en Honduras.
La discusión tomó fuerza luego de que el periodista y diputado por el Partido Nacional, Arnold Burgos, presentará una moción encaminada a promover acciones para encarcelar a personas que utilicen perfiles anónimos en redes sociales para difamar, calumniar, amenazar o divulgar información falsa.
El congresista sostuvo que ninguno de los 128 diputados quisiera verse involucrado en “videos falsos” que posteriormente puedan derivar en amenazas contra ellos o sus familias, y señaló directamente a sectores de oposición de utilizar plataformas digitales para difundir información falsa.
Las declaraciones del legislador surgen en medio de la difusión de audios y contenidos políticos divulgados en plataformas digitales como la filtración de conversaciones en el sitio “Honduras Gate”, atribuidos a figuras del oficialismo entre ellos: los titulares del Poder Ejecutivo, Nasry Asfura; presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, en los que supuestamente se confabularían para eliminar la participación de la oposición de instituciones electorales y de justicia.
De acuerdo con esos audios, que aún no han tenido una verificación independiente, Zambrano sería la mano derecha de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño sentenciado a 45 años de prisión por tráfico de armas y drogas, posteriormente indultado por el mandatario estadounidense Donald J. Trump.
El discurso impulsado desde el Legislativo coincide con recientes declaraciones del comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Fernando Anduray, quien planteó la necesidad de “medir los riesgos del funcionamiento de las redes sociales” y establecer posibles limitaciones a estas plataformas.
“No se puede pedir que se cierren las redes sociales porque se violaría un derecho humano, pero sí podemos buscar mejores prácticas internacionales para medir los riesgos del funcionamiento de las redes sociales y tratar de establecer algunas limitaciones en su funcionamiento para evitar que los Estados pierdan el control de sus poblaciones por efecto de las redes sociales”, manifestó Anduray en una entrevista a un medio digital.
Las declaraciones han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de libertad de expresión, quienes advierten sobre el riesgo de utilizar el combate a la desinformación como argumento para impulsar mecanismos de censura y control estatal sobre internet.
La directora del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Amada Ponce, afirmó que cualquier medida que limite el ejercicio de la libertad de expresión resulta “lesiva y contraria a los estándares internacionales” suscritos por Honduras.
Durante una entrevista brindad a Criterio.hn la defensora explicó que este tipo de iniciativas o leyes no sólo afecta el ejercicio de la prensa, sino también a todos los medios de comunicación, periodistas, plataformas digitales y ciudadanía que ejerza su derecho a expresarse a través de redes sociales.
Según Ponce, el problema central es que una normativa amplia y ambigua podría convertirse en una herramienta para criminalizar el periodismo crítico, las denuncias ciudadanas y la difusión de información de interés público.
La entrevistada recordó además que el actual Código Penal ya incorpora varios delitos que podrían ser utilizados contra periodistas y comunicadores, lo que a su juicio aumenta los riesgos de coerción y autocensura.
La defensora remarcó que independientemente de si un contenido es verdadero o falso, corresponde a la sociedad desarrollar criterios sobre la idoneidad de la información y no al Estado decidir qué puede o no circular en plataformas digitales.
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¿PUEDE UN ESTADO ADMINISTRAR O RESNTRINGIR REDES SOCIALES?
En relación con las declaraciones del titular de Conatel, Fernando Anduray, la directora de C-Libre Amada Ponce cuestionó que el funcionario plantee monitorear o regular redes sociales, argumentando que dicha institución únicamente administra el espectro radioeléctrico y no las plataformas digitales privadas.
“Meta y otras plataformas son empresas privadas. El Estado podría enfrentar incluso demandas internacionales si intenta controlar directamente el contenido de esas plataformas”, expresó la entrevistada.
La representante de C-Libre también señaló que Conatel “no tiene competencia” para monitorear redes sociales, debido a que la administración del espectro radioeléctrico es distinta a la regulación del espacio digital.
Mientras tanto, desde sectores oficialistas continúa creciendo el discurso sobre la necesidad de combatir las “noticias falsas” y regular contenidos en redes sociales y el uso de la Inteligencia Artificial (IA).
Hasta ahora no se ha presentado formalmente un nuevo proyecto de ley específico sobre regulación de redes sociales o sanciones por publicaciones digitales; sin embargo, las declaraciones de funcionarios y diputados han incrementado la preocupación entre periodistas, medios independientes y organizaciones de derechos humanos.
