El Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Honduras en la posición 132 de 180 países evaluados, reflejando un deterioro sostenido de las garantías democráticas, el incremento de presiones contra periodistas y el uso de mecanismos legales para intimidar a la prensa crítica.
El Índice de Libertad de Prensa señaló que periodistas y medios independientes continúan siendo víctimas de intimidación, campañas de desprestigio, persecución judicial y amenazas de muerte por sus investigaciones sobre corrupción, narcotráfico y coberturas de procesos electorales, en ambientes de polarización política.
Ilustración de portada: Ruth Moncada/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – Mientras el mundo conmemoraba el Día Internacional de la Libertad de Prensa, la organización Reporteros Sin Fronteras advirtió que el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 alcanzó su nivel más bajo en los últimos 25 años, reflejando un deterioro sostenido de las condiciones para el ejercicio periodístico en distintas regiones del mundo. Honduras se ubicó en el puesto 132 de 180 países evaluados, en un contexto marcado por violencia, impunidad y crecientes restricciones contra la prensa independiente.
El informe anual de RSF señala que más de la mitad de los países evaluados se encuentran en categorías consideradas como “difícil” o “muy grave”, evidenciando un escenario global adverso para el periodismo.
En el caso hondureño, la organización destacó que la prensa trabaja “en un entorno de violencia e impunidad”, donde la “autocensura se ha convertido en un mecanismo de supervivencia” frente a los riesgos de investigar corrupción, crimen organizado y la cobertura de procesos electorales.
La organización subrayó que en Honduras persisten amenazas estructurales contra la libertad de expresión, entre ellas el uso del sistema judicial para intimidar a periodistas y medios críticos. Los delitos contra el honor continúan contemplados en el Código Penal hondureño y, según RSF, son utilizados frecuentemente para promover acciones judiciales abusivas contra periodistas y comunicadores sociales.
“Regularmente se emprenden acciones judiciales abusivas contra los periodistas y las penas de prisión por difamación son habituales”, señala el informe.
Asimismo, la publicación de RSF añadió que, en algunos casos, las condenas incluyen prohibiciones para volver a ejercer el periodismo, lo que representa un efecto inhibidor para las investigaciones de interés público.
Según la organización, en 2025 el entonces jefe de las Fuerzas Armadas presentó querellas por difamación contra doce medios de comunicación y se documentaron presiones para obligar a periodistas a revelar sus fuentes.
En ese sentido, Reporteros Sin Fronteras advirtió que la criminalización de la difamación genera un efecto de silenciamiento sobre investigaciones relacionadas con corrupción y abuso de poder, especialmente en contextos donde prevalece la impunidad.
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ACOSO, INTIMIDACIÓN, PERSECUSIÓN Y AMENAZAS A PERIODISTAS Y MEDIOS INDEPENDIENTES
La organización alertó, además, sobre el incremento de agresiones contra periodistas y medios comunitarios que cubren narcotráfico, crimen organizado, megaproyectos extractivos, polarización política y violencia contra las mujeres. Los comunicadores, señala el informe, son víctimas recurrentes de campañas de acoso, intimidación, amenazas de muerte, persecución y desplazamiento forzado.
La organización señaló que, muchas de las agresiones contra la prensa son cometidas por fuerzas de seguridad, especialmente por las fuerzas de seguridad del Estado, situación que agrava el clima de vulnerabilidad para quienes ejercen labores informativas en zonas de conflicto y abordan temáticas sobre extractivismo, crimen organizado y corrupción.
Aunque Honduras cuenta con un Mecanismo Nacional de Protección para periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, el organismo internacional cuestionó sus limitaciones operativas y la falta de resultados efectivos frente a los ataques.
Durante 2025, al menos 45 periodistas y 15 comunicadores formaban parte del mecanismo de protección. Sin embargo, persistieron amenazas, homicidios y desplazamientos forzados, manteniéndose un patrón de impunidad que, según el informe, debilita el ejercicio de la libertad de prensa en el país.
Parte de estas situaciones han sido denunciadas por Criterio.hn, que a finales de octubre de 2025 alertó sobre una escalada de amenazas y hostigamiento institucional provenientes del Ministerio Público.
El 31 de octubre, la fiscalía notificó al medio para que entregara una investigación periodística publicada en agosto de 2022 y revelara sus fuentes de información. En esa ocasión, personal del Ministerio Público acudió en al menos dos ocasiones a las instalaciones del medio para exigir una respuesta en un plazo reducido.
La solicitud del MP estaba relacionada con una publicación sobre presuntas conexiones comerciales de Kensy Ivette García Torres, conocida como la muñeca de la mafia, con estructuras criminales y su vínculo con Samuel Reyes durante su gestión como titular de la Secretaría de Defensa.
Además de exigir la nota íntegra, la autoridad solicitó a Criterio.hn detallar “la forma, fuente y/o procedimiento” mediante el cual obtuvo la información publicada. La fiscalía fundamentó el requerimiento en el artículo 3 de la Ley del Ministerio Público, que obliga a las instituciones a colaborar con las investigaciones fiscales.
El caso generó preocupación entre organizaciones defensoras de libertad de expresión como Artículo 19 (México), que alertó sobre el hostigamiento al equipo de Criterio.hn, debido a que la exigencia de revelar fuentes periodísticas es considerada una amenaza directa al ejercicio del periodismo investigativo y al derecho de reserva de información.
Entre 2023 y 2024, Criterio.hn también denunció ataques cibernéticos contra sus redes sociales, campañas de desprestigio, agresiones y amenazas vinculadas a su cobertura periodística sobre derechos humanos y manejo de recursos estatales.
El medio señaló públicamente a funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de promover campañas de descredito contra periodistas y medios independientes. Entre los nombres mencionados figuraron el exviceministro de Prensa Carlos Estrada, el exvicecanciller Gerardo Torres y el exsecretario de Planificación Estratégica Ricardo Salgado.
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Las tensiones entre actores políticos y medios de comunicación continuaron en 2026. El pasado 9 de abril, la exprimera dama Ana García Carías lanzó nuevas advertencias contra periodistas y medios que continúen utilizando términos como “convicto” o “narcotraficante” en referencia al expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue sentenciado a 45 años de prisión por fiscales estadounidenses al declararlo culpable de delitos relacionados al tráfico de armas y drogas.
Las declaraciones surgieron luego de que una corte de apelaciones en Estados Unidos desestimara un recurso presentado por Hernández tras el indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald J. Trump el pasado 1 de diciembre de 2025.
No es la primera vez que la exprimera dama cuestiona públicamente a medios de comunicación. En diciembre pasado aseguró contar con una lista de medios que, según afirmó, manipularon información para desacreditar a Hernández.
A estas declaraciones se sumaron las advertencias del abogado Renato Stabile, representante legal del exmandatario en Estados Unidos, quien afirmó que llamar “narcotraficante” o “criminal convicto” a Hernández podría constituir difamación.
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SITUACIÓN DE LIBERTAD DE PRENSA EN HONDURAS ES PREOCUPANTE
Para organizaciones defensoras de derechos humanos, este tipo de discursos profundizan el ambiente de intimidación contra el periodismo crítico y pueden incentivar nuevas acciones judiciales contra medios independientes.
El director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, consideró que la posición de Honduras en el índice refleja un deterioro progresivo de la libertad de prensa.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el jurista señaló que Honduras se encuentra a pocos escalones para ingresar a las categorías más críticas evaluadas por Reporteros Sin Fronteras (RSP).
El defensor de derechos humanos indicó que el deterioro debería llamar la atención no sólo de periodistas y medios de comunicación, sino también del Estado hondureño y particularmente del gobierno, que debería facilitar el trabajo de la prensa con el acceso a información de carácter pública.
Acevedo señaló que más allá de mejorar posiciones en un ranking internacional, el principal desafío del país es garantizar condiciones reales para el ejercicio libre del periodismo y la protección de los derechos humanos.
“El periodismo responsable sí está generando temor para ciertos sectores de poder”, expresó, al considerar que existe una intención de restringir o manipular el ejercicio de la libertad de prensa en Honduras.
Según Acevedo, entre las principales denuncias recibidas por organizaciones de derechos humanos destacan amenazas, agresiones y presiones provenientes de sectores de poder que buscan condicionar la cobertura periodística.
Por su parte, la asesora legal del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Osiris Payes, afirmó que el deterioro de la libertad de prensa responde a un debilitamiento progresivo de las garantías democráticas en el país.
Payes dijo a Criterio.hn que la preocupación por reformas penales que, a su criterio, amplían mecanismos de criminalización contra la protesta social y podrían utilizarse para perseguir a quienes documenten o acompañen movilizaciones ciudadanas.
Asimismo, cuestionó el debilitamiento de los contrapesos institucionales y advirtió que existe incertidumbre sobre la independencia de órganos como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público frente a posibles casos de persecución estatal.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que Honduras enfrenta un escenario cada vez más complejo para el ejercicio del periodismo, donde la violencia, la judicialización y los discursos de intimidación continúan poniendo en riesgo la libertad de expresión, el trabajo de la prensa independiente y el derecho ciudadano a estar informado.
