El Ministerio Público pidió sobreseimiento provisional para seis liderazgos maya chortí criminalizados tras oponerse a tala de bosque impulsada por minera en Azacualpa, Copán, mientras la defensa sostiene que la empresa no cuenta con autorización definitiva para operar. El tribunal notificará su resolución el jueves 7 de mayo.
Tegucigalpa. – Comunidades desplazadas, camposantos destruidos y sitios sagrados desaparecidos forman parte de las afectaciones denunciadas por el pueblo maya chortí tras décadas de expansión minera en Azacualpa, Copán, en el occidente de Honduras.
En la actualidad, la atención de Minerales de Occidente S.A. (Minosa), filial de la transnacional Aura Minerals, esta puesta en el cerro Los Hornillos, un bosque de pinos, sobre el que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) otorgó, en 2025, un plan de salvamento que autoriza el corte de 6,093 árboles en aproximadamente 41.39 hectáreas.
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Esta acción institucional causó alerta entre la población, que asegura conocer el patrón de expansión de la empresa minera, por lo que decidió organizarse y establecer un campamento para proteger sus fuentes hídricas y resguardar el cerro, que –según explicaron– funciona como barrera natural entre las operaciones mineras y la población de Azacualpa.
La oposición comunitaria resultó en la criminalización de seis liderazgos maya chortí acusados por el delito de usurpación: Javier López Miranda, Antonio Hernández Pesqueda, Higinio Caballero, Gerardo García Pérez, Efraín Pesquera Vásquez y Javier Madrid Rodríguez.
El martes 5 de mayo se desarrolló la audiencia inicial contra los seis defensores territoriales. Sin embargo, tras considerar que no se acreditó la participación de las personas imputadas en los hechos denunciados, el Ministerio Público solicitó al Tribunal un sobreseimiento provisional.
LA AUDIENCIA
Lestter Castro, abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, que representa legalmente a los pobladores afectados, explicó que durante la audiencia la acusación privada de Minosa presentó dos testigos que supuestamente identificaban a personas dentro del predio, así como un instrumento público de compraventa con el que la empresa busca acreditar la propiedad del terreno presuntamente usurpado.
Según Castro, la minera también intentó configurar el delito de usurpación bajo el argumento de que la comunidad obstaculiza las operaciones de la empresa. No obstante, la defensa sostuvo que las acciones comunitarias constituyen una reivindicación de derechos ambientales respaldados por la Constitución y la Ley General del Ambiente.
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“Lo que se está haciendo es una reivindicación de derechos conforme a lo que establece la Constitución de la República, la Ley General del Ambiente que pone el deber a la sociedad en general de proteger los bienes naturales comunes y denunciar todo acto que pretenda impactar negativamente el medio ambiente”, expresó el abogado.
En febrero de este año, organizaciones denunciaron que cuerpos armados del Estado escoltaron a los taladores, presuntamente contratados por la minera. (Foto de archivo)
La defensa además argumentó que Minosa no cuenta actualmente con un permiso minero definitivo para operar en la zona. Castro señaló que existe una opinión técnica desfavorable emitida por una dirección del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) y otra favorable, pero que no hay una resolución definitiva de la dirección ejecutiva que autorice las operaciones.
Tras la evacuación de los medios probatorios, el Ministerio Público pidió el sobreseimiento provisional, mientras que la acusación privada continuó solicitando autor de formal procesamiento sin acompañamiento fiscal. La defensa por su parte pidió un sobreseimiento definitivo al considerar que los hechos denunciados no constituyen delito.
La resolución judicial fue programada para el jueves 7 de mayo a la 1:30 de la tarde en los juzgados de Santa Rosa de Copán.
NEGACIÓN INDÍGENA Y PRESIÓN INTERNACIONAL
Durante la audiencia, además, el abogado de Minosa, que actuó como acusador privado, negó la existencia del pueblo maya chortí en Azacualpa, según denunciaron integrantes de la defensa y personas acompañantes del proceso judicial. Esa narrativa fue desmentida en 2025 por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), que documentó la presencia desde 1678 y registró censos poblacionales de 1896.
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El conflicto ocurre en un contexto de creciente cuestionamiento internacional contra las operaciones de la minera. En noviembre de 2024, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas admitió la causa presentada por el pueblo maya chortí por las afectaciones atribuidas a la presencia minera en su territorio, entre ellas desplazamiento, criminalización, ruptura del tejido social, restricciones al libre tránsito y exhumaciones de cadáveres incumpliendo resoluciones judiciales.
A finales de 2024, Aura Minerals anunció la adquisición del aurífero Cerro Blanco, ahora rebautizado como Era Dorada, ubicado en el fronterizo municipio de Asunción Mita, departamento guatemalteco de Jutiapa, que forma parte de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Río Lempa, zona del trifinio entre Guatemala, El Salvador y Honduras.
Colectivos ambientalistas y comunitarios del norte de Centroamérica exigieron en febrero de este año el cese de la impunidad ambiental y de los privilegios otorgados a la transnacional Aura Minerals en la región. Advirtieron que el aurífero de Cerro Blanco representa una amenaza para la cuenca trasfronteriza Ostúa-Guija-Lempa, debido a su ubicación en la zona del trifinio.
