Bajo la presidencia de Tomás Zambrano, el Congreso Nacional ha definido en sus primeros 100 días una agenda legislativa que prioriza la tercerización de la salud, la aprobación de leyes que precarizan los derechos laborales y el nulo avance en temas de lucha contra la corrupción.
Los proyectos como Ley de Colaboración Eficaz, la derogación de la inmunidad parlamentaria (decreto 117-2019) y Ley contra el Nepotismo, serían la puerta de entrada para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Tegucigalpa, Honduras. – A 100 días de la instalación de la I Legislatura del período 2026-2030 del Congreso Nacional, el balance de su gestión sólo se centra en la cantidad de leyes aprobadas, sino en la orientación de su agenda, marcada por iniciativas que apuntan a la privatización de la salud, la reducción de derechos laborales y la ausencia de acciones concretas en rendición de cuentas y contra la corrupción.
El 25 de enero de 2026, el Poder Legislativo inició funciones bajo la presidencia de Tomás Zambrano Molina, en un contexto de control político ejercido por el Partido Nacional y el Partido Liberal, ambos identificados por su línea conservadora. Desde ese momento, las decisiones adoptadas comenzaron a perfilar el rumbo ideológico de la nueva legislatura.
Una de las primeras acciones simbólicas fue la colocación de la bandera internacional Provida y Profamilia junto al Escudo Nacional y al costado opuesto de la Bandera Nacional dentro del hemiciclo legislativo, un hecho sin precedentes en la historia de ese poder del Estado.
Zambrano defendió esta decisión durante la sesión inaugural, afirmando que representaba un mensaje claro de que durante los próximos cuatro años se “blindará la vida y la familia” desde el Poder Legislativo. Sin embargo, organizaciones sociales cuestionan que ese discurso no se ha traducido en políticas públicas orientadas a la protección de la niñez o los derechos de las mujeres.
Cabe recordar que, durante la legislatura anterior, diputados del Partido Nacional se opusieron a la adhesión de un protocolo facultativo relativo a los derechos de la niñez, así como a la Ley de Educación Integral para la Prevención al Embarazo Adolescente en 2023, lo que refuerza las críticas sobre la coherencia de su postura.
En su discurso, Zambrano adelantó una agenda legislativa enfocada en aprobar, derogar y reformar diversas normativas, asegurando que estas responderían a demandas sociales, educativas y económicas. Sin embargo, las acciones dicen lo contrario.
Entre ellos, destacó la propuesta de implementar la lectura de la Biblia en las escuelas como mecanismo para “sembrar valores” desde la niñez, lo que ha sido señalado como una posible vulneración al principio de laicidad del Estado hondureño.
Ese mismo 25 de enero, el primer decreto aprobado fue la autorización para la venta del avión presidencial, con matrícula FAH-001, adquirido en 2014 por más de 14 millones de dólares durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y más tarde indultado por el entonces mandatario estadounidense Donald Trump.
Los fondos para la compra del Embraer Legacy 600 –que en primera instancia se manejó como una donación de la República de China (Taiwán)– salieron de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP).
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RETORNO DE FIDEICOMISOS Y PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD
Otro de los hitos de la agenda legislativa impulsada por el Partido Nacional y el Partido Liberal, fue la aprobación de la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población, que declara una emergencia sanitaria en el país y orientada a la reducción de la mora quirúrgica.
Este decreto ha sido altamente cuestionado, ya que revive la figura de los fideicomisos con la banca privada, específicamente con Banco de Occidente, y permite compras y contrataciones directas durante un periodo de un año.
Diversos sectores advierten que esta medida abre la puerta a la privatización de servicios de salud y reduce los controles en el uso de recursos públicos, aumentando el riesgo de corrupción.
El pasado 15 de abril, las autoridades del Colegio de Médicos de Honduras (CMH) realizaron una movilización en contra de los despidos de los médicos y otros profesionales del área de la salud, que han surgido a raíz de la aprobación de una normativa.
Los galenos, enfermeras y demás profesionales de la salud advirtieron que este es un nuevo modelo encaminado a la privatización del –deficiente—sistema sanitario hondureño.
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UNA AGENDA ORIENTADA A LA REGRESIÓN DE DERECHOS LABORALES
Desde el inicio de su gestión, la presidencia del Congreso anunció el retorno del Empleo por Hora, esta vez bajo la figura de Ley de Empleo Parcial, así como la aprobación de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Social.
El 1 de marzo de 2026, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Reactivación Económica que faculta al Poder Ejecutivo a suprimir, fusionar o reducir instituciones públicas, así como a ejecutar despidos por razones presupuestarias o de reorganización.
También introduce limitaciones a la ejecución de sentencias contra el Estado, condicionando los pagos a la disponibilidad presupuestaria sin afectar la deuda pública, salarios ni el funcionamiento institucional.
Sobre este tema juristas y economistas señalan que su contenido podría tener consecuencias constitucionales, laborales y fiscales de alto impacto.
El artículo 4 establece que las órdenes de embargo deben notificarse a la Tesorería General de la República (TGR) y a la institución condenada, y que los pagos estarán sujetos a disponibilidad de fondos.
En caso de requerir reformas presupuestarias, la Secretaría de Finanzas (Sefin) tendrá hasta tres meses para iniciar el trámite en el presupuesto general y un mes en los institucionales. Si en 12 meses no se ejecuta el pago, el juzgado podrá aplicar medidas de apremio.
La normativa también faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) para realizar conciliaciones judiciales y participar en arbitrajes, siempre que exista disponibilidad presupuestaria certificada. Es aquí donde, el abogado y defensor de derechos humanos, Javier Acevedo, advierte que la normativa podría generar un conflicto sobre la separación e independencia de dos poderes del Estado.
Según explicó que al permitir –la normativa— que el Poder Ejecutivo adopte decisiones que corresponden al ámbito del Poder Judicial, específicamente en la resolución de procesos judiciales –demandas laborales– contra el Estado.
Semanas después, exactamente el 25 de marzo, con 93 votos a favor, el Congreso aprobó laLey de Empleo Parcial, pese a la oposición de centrales obreras que consideran esta normativa como un retroceso en materia de derechos laborales y una estocada al Código del Trabajo.
El artículo 10 regula el tiempo extraordinario, estableciendo que las horas adicionales deberán pagarse conforme al Código del Trabajo, y que, si el promedio semanal supera las 32 horas durante tres meses consecutivos, el contrato se convertirá automáticamente en uno de tiempo completo.
En cuanto a la remuneración, la normativa indica que será proporcional a las horas trabajadas, garantizando que el pago por hora no sea inferior al salario mínimo vigente. Asimismo, reconoce prestaciones como décimo tercer y décimo cuarto mes, vacaciones y descanso semanal, calculados proporcionalmente.
Sin embargo, profesionales del derecho y centrales obreras han enfatizado que la ley busca debilitar derechos adquiridos y favorece principalmente al sector empresarial, al ampliar las opciones de contratación de personal.
El debate también incluye una posible colisión con los artículos 325 al 329 del Código del Trabajo, que regulan aspectos clave como jornada laboral, descansos y salario mínimo.
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, NO TIENE CABIDA EN EL CONGRESO
A pesar de las expectativas, en estos primeros 100 días el Congreso Nacional no ha avanzado en la aprobación de leyes orientadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en Honduras.
Otro punto que exponen la falta de voluntad política en esta materia, es la ausencia de una Comisión Ordinaria Anticorrupción dentro de las 36 comisiones legislativas.
Hasta el momento, se han presentado cuatro proyectos relacionados a la lucha contra la corrupción. Entre ellos dos iniciativas contra el nepotismo, la Ley de Colaboración Eficaz –siendo este el tercer periodo que presentan esta iniciativa— y la derogación del decreto 117-2019, conocido como Inmunidad Parlamentaria.
El diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, cuestionó que ninguno de estos proyectos ha sido turnado a una comisión de dictamen, lo que evidencia la falta de prioridad en la agenda legislativa.
Desde el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Osiris Payes, cuestionó la falta de una ruta estratégica en el Congreso Nacional, pese a que existe una correlación de fuerzas que permitiría desmontar estructuras de impunidad señaladas por la sociedad civil y por expertos de Naciones Unidas.
En una entrevista brinda a Criterio.hn la asesora legal del Cespad señaló que uno de los principales problemas es la ausencia de una Comisión Ordinaria Anticorrupción dentro de las 36 comisiones legislativas.
Pie de foto: Explicó que esta comisión es clave para articular y dar seguimiento a las iniciativas en esta materia, y su inexistencia ha frenado el avance de al menos 17 propuestas identificadas por la organización.
Payes también advirtió que la agenda anticorrupción no es una prioridad y que se está desaprovechando un momento político clave para impulsar reformas estructurales.
El único avance en esta materia fue la derogación del Fondo Departamental, aprobado en 2019, el cual ya había sido eliminado en agosto de 2023 tras múltiples denuncias de corrupción.
No obstante, las y los diputados continúan recibiendo fondos públicos, ahora a través de Casa Presidencial, con montos que oscilan entre 50 mil y 100 mil lempiras para ayudas sociales.
Estos recursos fueron gestionados por el jefe de bancada liberal, Jorge Cálix, quien en la administración anterior cuestionó estas acciones.
“Son 100 mil lempiras para propietarios y 50 mil para suplentes. A todos los diputados nos piden ayuda: ataúdes, medicinas, uniformes y más. Mi deber es gestionarlo, y el de cada quien es liquidarlo”, declaró ante los medios.
De acuerdo con los cálculos, si 41 diputados propietarios recibieron 100 mil lempiras y 41 suplentes 50 mil, Casa Presidencial habría desembolsado más de 6 millones de lempiras.
Pero esta no será la única ocasión en que los legisladores recibirán estas ayudas sociales, para congraciarse con la población y promover su imagen –incluso antes de la campaña electoral—. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, anunció que se impulsarán reformas para eliminar definitivamente el Fondo Social Departamental mediante cambios a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Constitución.
El nuevo modelo contempla que los diputados actúen únicamente como gestores, sin administrar directamente los recursos, que serán transferidos a beneficiarios como patronatos, juntas de agua o iglesias.
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JUICIOS POLÍTICOS Y DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES
Otro de los aspectos más controvertidos de estos primeros 100 días ha sido la aplicación de juicios políticos contra funcionarios electorales y judiciales, en procesos calificados por juristas como sumarios y violatorios al debido proceso.
Durante varias semanas, el discurso público estuvo marcado por anuncios de sometimiento a juicio político sin un marco legal claro, lo que ha generado cuestionamientos sobre su aplicación.
Entre los funcionarios sometidos a estos procesos figuran el exfiscal general Johel Zelaya Álvarez; el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, (propietario), y los suplentes Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez.
También se contempló iniciar procesos contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, y la consejera suplente del CNE, Karen Rodríguez, quienes finalmente renunciaron tras presiones políticas.
Mario Morazán cuestionó la legitimidad del proceso, señalando que no se respetaron garantías mínimas ni las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras.
Advirtió que las causales de destitución son vagas e imprecisas y que no existen recursos judiciales efectivos, lo que podría dar lugar a decisiones arbitrarias que afecten la independencia judicial.
La Corte Interamericana ha instado al Estado hondureño a adecuar su normativa para garantizar procesos imparciales, con pleno respeto a los derechos fundamentales.
A 100 días de gestión, el Congreso Nacional enfrenta cuestionamientos por la orientación de su agenda, la falta de avances en transparencia y las decisiones que, según diversos sectores, representan retrocesos en derechos sociales y laborales.
Mientras la directiva legislativa defiende sus acciones como parte de una estrategia para atender demandas económicas y sociales, organizaciones civiles y expertos advierten sobre riesgos institucionales y la consolidación de prácticas que podrían debilitar el Estado de derecho en Honduras.
