narcoactividad ligada a JOH repercute en ola de violencia en Honduras

Alianza del crimen organizado y narcoactividad ligada a JOH repercute en ola de violencia en Honduras

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Tegucigalpa.- La asociación del crimen organizado con el narcotráfico en Honduras constituye la principal causa de homicidios y muertes múltiples, según la Secretaría de Seguridad mientras autoridades del gobierno reconocen que se instauraron escuadrones de la muerte que siguen en funciones lo que se refleja índices de violencia elevados.

En lo que va del 2022, Honduras registra 1,902 muertes violentas, 22 masacres y más de 152 mujeres asesinadas según cifras de la Policía Nacional y del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV/UNAH) y la asociación Calidad de Vida.

Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Danlí, Choloma y Catacamas son las ciudades con más repuntes de violencia que refleja la reestructuración de grupos criminales ligados al narcotráfico tras la caída de Juan Orlando Hernández, exmandatario hondureño extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y que instauró una estructura criminal que penetró las propias instituciones del Estado.

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Para la socióloga e investigadora Leticia Salomón, cuando se habla de homicidios “podemos ver que esto viene del crimen organizado y específicamente del narcotráfico, de las maras y las pandillas y de la delincuencia común”.

Salomón, en entrevista a Criterio.hn, expuso que, durante el régimen de Hernández, las políticas de seguridad se centraron en controlar los homicidios que provenían del narcotráfico, esto consecuencia que “la política consistía en combatir a un narcotráfico ejercido por sus opositores, por las mafias que se contraponían a las actividades ilícitas de quien estaba a la cabeza del gobierno”.

Sin embargo, señala que no se abordó el tema de las maras y las pandillas y a la delincuencia común se le dio mucha menos importancia, situación que se convierte, con la asunción del gobierno de Xiomara Castro, en un flagelo que toma notoriedad y que debe ser combatido desde sus orígenes.

“Es necesario analizar el fenómeno que genera los homicidios. Para el caso, la delincuencia común siempre va asociada con la pobreza, con las personas desesperadas porque no tienen ingresos, porque tienen problemas de salud, porque no saben qué hacer para seguir viviendo en este país. El robo, por ejemplo, es algo así como una estrategia de supervivencia”, señaló.

Recientemente, el expresidente de Honduras, asesor presidencial, esposo de Castro y coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), José Manuel Zelaya, señaló que la ola de violencia que enfrenta el gobierno se debe a la estructura criminal que instauró Hernández y que se mantiene a través de escuadrones de la muerte.

“Siguen escuadrones de la muerte en este país mareros afiliados con crimen organizado, siguen organizados porque es cierto que se llevaron a la cabeza de la dictadura, pero la dictadura sigue aquí y hay que seguir luchando para derrocarla completamente”, expresó.

Zelaya asegura que Honduras es “un país en sala de recuperación” mientras la apuesta de Castro es un “verdadero programa de seguridad social y seguridad ciudadana” que se está formando.

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La viceministra de seguridad, Julissa Villanueva reveló que existen directrices del gobierno para combatir los escuadrones que generan muertes múltiples y luto en los hogares, aunque se desconoce un verdadero plan de seguridad impulsado por el gobierno.

“Ya están dadas las instrucciones, debemos ser más efectivos contra la delincuencia transnacional organizada y los delitos colaterales, lo que está ocurriendo en Honduras contra la ciudadanía debe ser desmantelado”, dijo.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Héctor Gustavo Sánchez, también señala que estas estructuras enquistadas en la propia institucionalidad deben ser derrocadas.

“Las estructuras criminales siguen vigentes y se resisten a dejar sus lucrativos negocios, pero caerán. Esto apenas comienza”, advirtió.

El portavoz de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, indicó que al menos el 50% de las masacres en la nación son producto del tráfico de drogas y narcomenudeo que genera enfrentamientos entre estructuras criminales.

Según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), apenas el 5% de los casos de homicidios en Honduras son judicializados y resultan en sentencias condenatorias, el resto se mantiene en la impunidad.

La representante de las Naciones Unidas, Alice Shackelford, lamenta que la violencia sea un flagelo que continúa siendo de los principales problemas que afronta la nación y que expulsa a hondureños a migrar.

“Los sucesos violentos en Honduras siguen siendo un golpe duro para la sociedad. Enfatizo la prevención y necesidad de medidas claras para evitar que la violencia se intensifique”, declaró.

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Carlos Sierra, especialista en tema de seguridad, es del criterio que para enfrentar las estructuras criminales, en especial la instaurada por JOH de la cual forma parte la Policía Nacional, esta se debe rescatar.

“La Policía Nacional primero tiene que ser rescatada antes de pensar en que vamos a transformar o que vamos a convertirla en comunitaria, primero debemos hablar que hay que rescatarla porque, hoy por hoy, está cooptada por el crimen organizado”, declaró.

Sierra estima que debe crearse un verdadero proceso de depuración, característico de profesionalización y transformación ya que el último proceso fue fallido y respondía a los intereses de JOH.

Cabe señalar que, en abril de 2016, Hernández conformó la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional compuesta por el pastor evangélico, Alberto Solórzano, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales y el director del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), Omar Rivera.

Desde su creación hasta 2020, se evaluaron a 19,500 agentes policiales, de estos, más de 6,500 fueron depurados y en más del 30% se presentaron informes ante el Ministerio Público por presuntas acciones delictivas, la mayoría sigue en la impunidad.

Castro oficializó la creación de la Policía Nacional Comunitaria sin definir la estrategia y políticas a implementar y carentes de un plan de seguridad que permita combatir los diversos tipos de violencia y criminalidad.

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