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Red criminal de “JOH” continúa con Fiscal General y presidente de la Corte

Red criminal de “JOH” continúairectora del CNA

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«Este dúo de la impunidad conformado por Oscar Chinchilla y Rolando Argueta han servido como tapadera de la corrupción y narcotráfico»: Gabriela Castellanos

Por: Viena Hernández

Tegucigalpa. – Las redes criminales quedaron instauradas y siguen aferradas en Honduras utilizando a su conveniencia los entes estatales y, aunque el expresidente Juan Hernández enfrenta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos, dejó montado al dúo de impunidad en el sistema de justicia.

El Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla Banegas y el titular del Poder Judicial, Rolando Edgardo Argueta Pérez, han servido como tapadera de la corrupción y en narcotráfico, llegaron a esos puestos como piezas claves de las fuerzas oscuras detrás del poder, dijo Gabriela Castellanos, titular del Consejo Nacional Anticorrucpión (CNA) en un foro internacional

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En su participación en el Foro Internacional en Washington, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), expuso la carrera irregular de los exponentes del sistema de justicia de Honduras además de su accionar al frente del Poder Judicial y del Ministerio Público.

En 2013 Chinchilla dejó de ser magistrado de la Corte y luego fue colocado como Fiscal General de la República (2013-2023) durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Mientras que, un poco más adelante, Rolando Argueta es nombrado magistrado presidente de la Corte (2016-2023).

Ambos personajes, continúan conduciendo el sistema de justicia que, según las investigaciones y la carga probatoria que reveló la Comisión de Extradición del Congreso Nacional, está comprobada la negligencia y omisión con que han ocupado esos cargos.

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En junio de 2018, Chinchilla fue reelecto como Fiscal bajo un proceso ilegal puesto que no figuraba dentro de la lista de los últimos cinco candidatos. En sus funciones, se encargó de debilitar la Unidad Fiscal impulsada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), limitando así el nivel de impacto que mostraban los fiscales, quitándoles los recursos que utilizaban para investigaciones.

Según las investigaciones de la Comisión de Extradición, los casos de extraditados y otros de alto impacto fueron engavetados por los estos entes de justicia, alimentando así la impunidad en Honduras.

Se trata de una confabulación donde cada pieza de la maquinaría realiza su papel para fortalecer la corrupción, la impunidad, las actividades del narcotráfico y el crimen organizado. Tanto Argueta como Chinchilla demostraron ser afines al expresidente Hernández apoyándolo en cada acto irregular, por ejemplo, cuando se violentó la Constitución para establecer las ciudades modelo.

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COMPLICIDAD CON EL CRIMEN

Dentro de este entramado, el sistema financiero y los medios de comunicación han sido el combustible para conducir a las estructuras criminales y abrir paso en el terreno de la institucionalidad, señaló la titular del CNA, Gabriela Castellanos.

La red de estructura criminal se conforma de funcionarios que hacen ajustes de cuentas respaldados en el poder a través de las instituciones estatales, las cuales son diezmadas por el discurso jurídico y las leyes.

Son muchos los sectores que reprochan la incapacidad de los entes que deberían repartir justicia. Al respecto, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, es del criterio que se debe interpelar y someter a juicio político a los antes referidos a causa de la poca o nula acción para contrarrestar los actos de corrupción cometidos en el gobierno anterior.

Por su parte, el diputado Rasel Tomé cuestionó que tanto la Fiscalía como los magistrados de la CSJ, dirigida por Rolando Argueta, conocían los señalamientos contra el exgobernante que la justicia estadounidense mencionó reiteradamente, sin embargo, estos no realizaron investigaciones y nunca se informó del desarrollo de algún proceso en contra de “JOH”.

También señaló que el Congreso Nacional está obligado a discutir la situación de la violación de los deberes de los funcionarios, magistrados y fiscales, por lo que el punto principal será discutir el desarrollo del juicio político en su contra.

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“A eso se le llama complicidad, si las instituciones y los funcionarios fueron cómplices y participaron en estas situaciones, eso debe tener sus consecuencias”, apuntó Tomé, lo que se debatirá durante el análisis de la sesión en el parlamento.

Argueta y Chinchilla no solo son cuestionados por la población hondureña, sumado a eso, la Comisión de Extradición elaboró el informe contundente que los expone. Por eso, la comitiva ha denunciado amenazas a muerte debido al delicado papel que desempeñan en la investigación de estos dos altos funcionarios.

Sin embargo, han expuesto que Chinchilla existen denuncias graves al desempeño del cargo de Chinchilla, debido a su actuación en contra de la Constitución de la República o del interés nacional, manteniendo una conducta de omisión y sin persecución penal contra la injusticia, con esto, comprobaron su negligencia e incapacidad o incompetencia para ejecutar su cargo.

De igual forma, sacaron a la luz que Argueta no sancionó ni administrativamente, penal o civilmente a jueces y magistrados que otorgaron libertad a Fredy Donaldo Mármol quien posteriormente fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

Igualmente, los magistrados que conocieron solicitudes de antejuicio promovidos por el Ministerio Público contra jueces que dejaron en libertad a narcotraficantes se mantienen en sus cargos, mientras que a la fecha no se ha deducido responsabilidad alguna contra los responsables de otorgar trato preferencial a Hernández durante su proceso de extradición.

Ante esos señalamientos, el Poder Judicial publicó que Argueta ha manifestado ha actuado con absoluta responsabilidad en la ejecución de sus actos.

Además, Argueta agregó que se necesitan las pruebas suficientes con respecto acciones irregulares, destacando que, por el contrario, se trataría de difamaciones. Además, señaló que “en lo que atañe al Poder Judicial de Honduras en este tema: Cero Mora, 100% de expedientes evacuados”.

 

La diputada e integrante de la comitiva, Silvia Ayala, dijo a Criterio.hn que la petición de juicio político se realizará normalmente y no sufrirá ninguna postergación.

Ayala señaló ante las declaraciones de Argueta que, la solicitud en su contra está debidamente sustentada en los hallazgos y documentación detallada en los anexos del informe elaborado, junto con el sustento del fundamento legal y los artículos de la Constitución.

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