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Federación de ginecoobstetricia aboga por despenalización del aborto en Honduras

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Redacción: Marcia Perdomo

Tegucigalpa.- El acceso al derecho al aborto continua en pausa en Honduras. A consecuencia de esto, la Federación Internacional de Gineco Obstetricia (FIGO) abogó por la despenalización del aborto en casos de riesgo para la vida o la salud de mujeres y niñas en Honduras.

La vicepresidenta del Comité de Aborto Seguro de FIGO, la doctora Laura Gil, visitó Honduras en junio para presentar un Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras con evidencia científica a favor de la despenalización del aborto.

En la documentación presentada ante la CSJ, “FIGO destacó que la penalización del aborto no se traduce en menos abortos. De hecho, solo hace que los abortos sean inseguros para las mujeres y las niñas que buscan servicios de aborto, independientemente de su estatus legal”.

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La organización de gineco obstetricia resaltó que la decisión de continuar un embarazo, especialmente cuando conlleva un riesgo para la vida o la salud de la mujer o cuando el feto padece malformaciones letales, solo debe ser tomada por la persona embarazada. Además, es responsabilidad de los Estados y sus sistemas de salud garantizar la prestación de servicios de salud seguros.

Sumado a esto, FIGO planteó que la legislación actual ejerce una presión inaceptable sobre los profesionales de la salud en Honduras al prohibirles la interrupción de un embarazo, incluso cuando pone en peligro la vida de una paciente “obligándoles a dejar a las pacientes a merced del aborto inseguro”.

A través de este Amicus Curiae, FIGO pidió al Estado hondureño revisar la constitucionalidad de la prohibición del aborto, instando a quienes están en el poder a reconocer y garantizar el aborto como atención de salud esencial y urgente, acorde con las recomendaciones de derechos humanos y la evidencia científica.

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Gil compartió: “La protección de la vida humana desde la concepción debe ser asegurada por medios efectivos y compatibles con los derechos fundamentales de las personas. La criminalización del aborto no es una de ellas, ya que no reduce el número de abortos y pone en peligro la vida de muchas mujeres y niñas, especialmente de las más vulnerables”.

Agregó que, como obstetra, considera su deber ético y moral proteger a las mujeres y niñas y brindarles la atención compasiva y equitativa que merecen y que toda sociedad y Estado deben garantizar.

La organización Human Rights Watch (HRW) urgió a la administración de la presidenta Xiomara Castro promulgar reformas que brinden mayor protección a derechos básicos de las mujeres y niñas. También instando a la mandataria a introducir legislación que despenalice el aborto, se derogue la resolución que prohíbe la anticoncepción de emergencia y se garantice su acceso a todas y todos.

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El Amicus Curiae de la Federación Internacional de Gineco Obstetricia acompaña el recurso de inconstitucionalidad admitido por la CSJ contra el artículo 196 del Código Penal que penaliza en su totalidad el aborto, interpuesto por el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y la organización Somos Muchas, además de otras veinte organizaciones de sociedad civil.

FIGO resaltó que las mujeres y niñas en Honduras viven bajo una seria amenaza. Si deciden abortar, deben hacerlo de manera clandestina y, a menudo, de manera insegura, incluso si han sido violadas o la maternidad representa un riesgo para su vida, y corren el riesgo de ir a la cárcel por hasta 10 años.

En su discurso inaugural, la presidenta Xiomara Castro prometió no fallar a las mujeres hondureñas, defender todos sus derechos y generar las condiciones para que las niñas puedan desarrollarse plenamente y vivir en un país libre de violencia.

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