Tegucigalpa.- Al no concretar un juicio político, la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, en entrevista a Criterio.hn, demandó al Congreso Nacional, al menos, interpelar al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla y el fiscal adjunto, Daniel Arturo Sibrián, por sus vínculos en el crimen organizado y su obstrucción en casos emblemáticos.
La viceministra señaló que las gestiones de Chinchilla al frente de la fiscalía se caracterizan por la colaboración a la corrupción y al crimen organizado por lo que exigió al Congreso de Honduras que rinda cuentas a las imputaciones en su contra.
“El papel del Ministerio Público ha sido un papel de un franco colaborador con la corrupción, el apoyo a la delincuencia trasnacional organizada, sobre todo narcotráfico, eso es grave, al menos en los últimos casos que están siendo denunciando. Esperaría que el fiscal general y fiscal adjunto fueran llamados, aunque sea, a rendir cuentas al Congreso Nacional. Ojalá que eso en algún momento se dé porque ya es demasiado”, reprochó.
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Villanueva reiteró que el Ministerio Público se convirtió en los últimos años en “el ejemplo más grande de institucionalidad corrupta y uno de los responsables de la pérdida del Estado de derecho”, pero no se logró concretar un juicio político en contra de sus autoridades al no alcanzar votos requeridos y “no desestabilizar más el país”.
“Pienso que el Ministerio Público desde que ha sido nombrado el señor Chinchilla, más en el segundo periodo, se pudo observar una omisión en su actuación, una complicidad directa y la pérdida de la institucionalidad, vista desde una serie de actuaciones que nos han evidenciado, en primer lugar, que este ente está secuestrado por el crimen organizado, por aquellos funcionarios cómplices que no hacen su trabajo adecuadamente y esto incide en la pérdida del Estado de derecho”, añadió.
El asesinato, en 2018, de la jefa de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de la zona occidental de Honduras, Sherill Yubissa Hernández, que el Ministerio Público quiso hacer pasar como suicidio y que considera un narco femicidio, también el asesinato en una cárcel de “máxima seguridad” de Magdaleno Meza pieza ligada al cártel de los hermanos Hernández-Alvarado al igual que la liberación del cabecilla de la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13, el Porky, son ejemplos que la viceministra expone como pruebas de las vinculaciones del Ministerio Público con el crimen organizado.
“Muchos delitos relacionados con la delincuencia trasnacional organizada como el narcotráfico se han visto debilitado, sobre todo porque hemos visto que desde las Cortes de Nueva York se han levantado requerimientos legales contra personas que son de la misma esfera de autoridad del Ministerio Público a las que ellos nunca quisieron vincular”, increpó.
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Cabe recordar que Villanueva, que fungía como directora de Medicina Forense, denunció que, en el caso de la jefa de la ATIC, no se trataba de un suicidio sino de un asesinato, esto le valió amenazas a muerte en su contra y a otros médicos forenses que investigaban las causas de muerte de agente. Posteriormente, fue destituida de su cargo por parte del fiscal.
“El Congreso Nacional ha promovido que haya un juicio político, pero el juicio político no ha pasado porque faltan votos, imagínese que sean llamados a juicio político y tengan que salir antes de finalizar su mandato van a decir que son persecuciones políticas, persecución inexistente”, dijo Villanueva.
Reiteró que existen casos recientes como la masacre en Tegucigalpa donde fue asesinado un hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, en el que estaría involucrado un agente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), además de casos que no avanzan y se mantienen en la impunidad.
“El señalamiento al Ministerio Público es constante, sobre todo, en casos como estos y muchos otros más. Yo creo que el Congreso ya ratos los debió haber llamado a rendir cuentas al menos, ya que juicio político no se concluyó”, expresó.
Cabe indicar también que, en el caso del fiscal, durante el juicio contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión, socio de Hernández, declaró que Chinchilla fue impuesto en el cargo por el exmandatario para otorgar protección en la narcoactividad.
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El equipo de Criterio.hn, intentó tener la reacción de varios diputados del Congreso, sin embargo, solo la congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, respondió que “no tenemos los votos para meterlo”.
La Ley de Juicio Político en Honduras establece que para someter a juicio político al fiscal general se requiere el voto de al menos 86 de los 128 congresistas por causas comprobadas de denuncia grave en el desempeño de su cargo, actuaciones contrarias a la Constitución o intereses nacional y negligencia, incapacidad o incompetencia para desempeñar el cargo.
El pasado 28 de julio, el Congreso desestimó la solicitud de juicio político contra los vicepresidentes del Congreso, Rasel Tomé y Edgardo Casaña luego de haber sido incluidos en la lista de funcionarios corruptos del norte de Centroamérica conocida como Lista Engel. En el caso de Chinchilla solo se obtienen 84 votos, la bancada del Partido Nacional lo respalda.
