Tegucigalpa.- A 17 días para que los hondureños acudan a las urnas, la incertidumbre continúa siendo un factor que empaña el proceso electoral, sobre todo, las dudas del papel que ejecutarán las instituciones armadas del Estado que han perdido la credibilidad en la mayoría de la población.
La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) y representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, asegura que se están haciendo todos los esfuerzos para desarrollar un proceso electoral en paz y credibilidad, sin embargo, reconoce que las fuerzas armadas y policiales son parte de la incertidumbre en la sociedad.
Moncada manifestó que existe una campaña de terror orquestada desde las propias instituciones estatales con la intención de boicotear el proceso electoral y no solo es responsabilidad de los organismos electorales garantizar las votaciones, también juega un papel determinante las fuerzas armadas y la Policía Nacional.
“Quienes tienen inteligencia y contrainteligencia son las fuerzas armadas, quienes saben dónde están los brotes de acciones violentas provocadas en otros procesos electorales por maras y pandillas son las fuerzas armadas, desde dónde se nos escucha qué hablamos en nuestros teléfonos es desde los cuerpos del Estado”, dijo,
“Esos que tienen las armas, que tienen las bombas lacrimógenas, que tienen el uniforme que pueden detener a los ciudadanos, que pueden provocar, que pueden hostigar, esos tienen responsabilidad. El compromiso por la paz no pasa por el CNE, pasa por esas instituciones del Estado”, agregó.
La consejera propietaria apuesta por elecciones pacíficas por lo que instó a los ciudadanos acudir de forma masiva a los centros de votación, al tiempo que pide a los observadores del proceso estar alertad de cuál será el papel de las fuerzas armadas antes, durante y después del proceso.
Pese a las denuncias de fraude electoral en las elecciones de 2013, las fuerzas armadas se impusieron ante las fuertes protestas sociales, mismo escenario ocurrió en el proceso electoral de 2017 en el que se consumó la ilegal reelección del gobernante Juan Hernández mediante otro fraude electoral y que dejó más de 23 civiles asesinados por los entes de seguridad del Estado.
La Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas en su articulado primero ordena a la institución militar ser apolíticos, defender la integridad territorial, la soberanía de la república, mantener el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio, además de defender la alternancia en el ejercicio de la presidencia.
Sin embargo, sus actuaciones han sido contrarias a su normativa debido a que permitieron la relección presidencial prohibida en la Constitución y permitieron la puesta en marcha de las Ciudades Modelos disfrazadas como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que no es más que la venta del territorio y la soberanía nacional.
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LA POSTURA DE LAS FUERZAS ARMADAS
El artículo 272 de la Constitución de Honduras establece que un mes antes de las elecciones hasta la declaratoria de las mismas el presidente de la república pondrá a disposición del organismo rector de los comicios a las fuerzas armadas quienes deberán garantizar el ejercicio al sufragio, custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de seguridad.
De igual manera, la Ley Electoral y de las Organizaciones Política, en el artículo 318, manda al CNE ser responsable de la custodia, transporte y vigilancia del material teniendo a disposición a la institución castrense.
En tanto, el titular del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, Tito Livio Moreno, manifestó que “están comprometidos y dispuestos a realizar elecciones transparentes, pacíficas y confiables” que demuestre a la comunidad internacional que “en Honduras queremos avanzar y que amamos la paz”.
La cúpula castrense ha iniciado reuniones con todos los candidatos presidenciales iniciando con la candidata de Libre, Xiomara Castro, quien se perfila en las encuestas como la ganadora de la contienda electoral y ser la primera mujer presidenta de la nación.
A criterio de la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), instó a los militares no convertirse en árbitros del proceso electoral sino que desarrollen un papel profesional como lo ordena su función constitutiva.
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EN RESPALDO DEL OFICIALISTA PARTIDO NACIONAL
Según el sociólogo y analista político, Julio Navarro, el Partido Nacional, que gobierna Honduras desde hace doce años, controla las instituciones de seguridad y en caso de perder el poder podría recurrir a ellos.
Navarro asegura que “el Partido Nacional es un Partido Armado” porque tiene de su lado a las fuerzas armadas y la Policía Nacional siendo una pieza clave en su continuidad en el poder.
Cabe señalar que se otorgó un incremento salarial de 900 lempiras a los miembros policiales y se les prometió un bono de cara al proceso electoral lo que genera mayor especulación en la población que desconfía del accionar de estas dos instituciones.
