El engaño del Comando Agrícola ante un falso clamor de agricultores

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El plan agrícola militar fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, pero militares y autoridades de Agricultura quieren mantener los vínculos, con otros roles

Por: Asael Barahona

Edición: Emy Padilla

Portada e ilustraciones: Guillermo Burgos

Tegucigalpa. –El poder alcanzado por las Fuerzas Armadas de Honduras durante los doce años de la narcodictadura, instaurada por Juan Orlando Hernández, alcanzó a la agricultura, sector en que los uniformados se convirtieron en gestores de millonarios fondos, sin que a la fecha exista rendición de cuentas.

LA FRASE

“Los mismos productores, ellos solicitaron que Fuerzas Armadas llevaran a cabo la dirección de este programa para poderles brindar esa asistencia a ellos, eso pues, básicamente es por la confianza que este grupo de pobladores tiene en Fuerzas Armadas”: Adán Del Cid Flores, jefe del Comando Agrícola C-10 de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Del Cid Flores aseguró durante un evento público que la institución castrense actuó en respuesta para brindar asistencia a pequeños productores que se abocaron a ellos en el año 2018.

El militar dice que fueron alrededor de 191 mil productores, en condiciones críticas, en la línea de pobreza, quienes “se abocaron a solicitar ayuda” para que las Fuerzas Armadas administraran el sector agrícola.

El expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado en abril pasado a Estados Unidos acusado por delitos de narcotráfico, utilizó a las Fuerzas Armadas no solo en su actividad criminal sino que les asignó tareas y ocupaciones en el sector agrícola, contrario a sus funciones constitucionales.

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Mediante el Decreto Ejecutivo 052-2019, Hernández creó el Plan de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) que no fue más que la militarización del sector agrícola al conferir a los uniformados la administración de millonarios fondos destinados a desarrollar el agro y garantizar la seguridad alimentaria.

Con la normativa se fundó el Comando de Apoyo al Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (CAPDAH) que inició con una inversión de 12.5 millones de lempiras asignados desde el presupuesto de las Fuerzas Armadas. El monto que se asignaría, durante cinco años (2020-2025) ascendía a los 3,843 millones 914 mil 253.58 lempiras (USD 160 millones)  y debían beneficiar alrededor de 66 mil productores.

El portal de la Secretaría de Finanzas, desde el 18 de octubre de 2019, que entró en vigencia el programa adscrito a las Fuerzas Armadas, hasta junio de 2022, exhibe que se asignaron 194 millones 350 mil 454.77 de los cuales se trasfirieron 80 millones 364 mil 371.76 y se ejecutaron 67 millones 975 mil 021.03, quedando en la cuenta de bancos 12 millones 313 mil 076.84.

Por parte del presupuesto anual de las Fuerzas Armadas se trasfirieron 44.9 millones de los cuales se ejecutaron 31.1 millones; en cambio, del derogado fideicomiso de reducción de la pobreza se trasfirieron 33.5 millones y se ejecutaron 33.4 millones.

Al presentar un informe sobre la situación financiera de Honduras, en febrero pasado, la titular de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, denunció que el fondo de la reducción de la pobreza y del programa Vida Mejor fue el “más dañino de todos”, porque se despilfarraron más de 11 mil millones de lempiras, sin aplicación de auditorías y rendición de cuentas que indiquen en qué y cómo se utilizaron los recursos.

Las cifras que presenta el jefe del Comando Agrícola sobre el manejo de los fondos es la misma que está en el portal de transparencia que no muestra pagos o indique el nombre de las empresas que salieron beneficiadas con la compra de insumos para la producción, equipo tecnológico, asistencia técnica, entre otros.

Se tenía presupuestado que para 2019 se asignarían 100 millones; 552 millones en 2020; 579 en 2021 y 554 en 2022, con una proyección superior a los 3,843 millones de lempiras hasta 2025.

Sin embargo, Adán Del C Flores aseguró que apenas recibieron 33.5 millones por parte del gobierno a través de un fideicomiso y 45 millones de las propias Fuerzas Armadas; de estos, 12.5 millones se acreditaron en 2019, 15 millones en 2020 al igual que en 2021 y 1.6 millones en 2022, pese a tener autorizado 15 millones.

De acuerdo al portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas, del total de los recursos, apenas 36.6 millones de lempiras fueron asignados para los productores a través de la asistencia en apoyo en diferentes líneas de producción como hortalizas, granos básicos, ganado, frutales, capacitaciones, entrega de activos productivos, insumos que se requieren para generar producción y asistencia técnica.

“A nadie se le ha transferido ningún cinco, solamente se le dan los insumos y se les pagan a las empresas que se requieren para la asistencia técnica”, arguyó.

El Comando Agrícola C-10, apenas operó con 24 personas para atender a los miles productores sin que en la actualidad existan avances significativos que aminoren la inseguridad alimentaria y pobreza que alcanzó el 73,6% de la población en condición de pobreza y de estos el 54% en pobreza extrema, según la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

LOS MILITARES Y EL AGRO

No es la primera vez que se utilizan a las Fuerzas Armadas para inmiscuirlas en acciones del sector agrícola, con el inicio de la reforma agraria se creó el Instituto Nacional Agrario (INA) con la facultad de preparar el proyecto de la primera reforma agraria, mediante Decreto Legislativo 2 de 1962.

Durante esa década la institución militar fue parte de la planificación y desarrollo, además se creó el Centro Experimental de Desarrollo Agropecuario y Conservación Ecológica (CEDACE) que capacitaba a los militares en técnicas agrícolas que, luego de hacer su servicio militar, debían implementar en sus comunidades.

Asimismo, mediante Decreto Legislativo 31-92 se puso en vigencia la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola que instruyó a la institución militar emprender acciones para la redistribución de tenencias de la tierra para productores con lo que se dio al traste a la ambiciosa reforma agraria que beneficiaba a los campesinos.

También, bajo Decreto Legislativo 286-2009 se aprobó la Ley para el establecimiento de una Visión de País y la adopción de un Plan de Nacional para Honduras que asignaba tareas para la seguridad nacional y ambiente a las Fuerzas Armadas, sin embargo, la normativa no se implementó.

Y con el Decreto Ejecutivo 052-2019 se le asignó el manejo del sector suplantando labores que le competen a instituciones como el INA.

INCONSTITICIONALIDAD DEL PROYECTO

El miércoles 27 de abril, diecinueve meses después de su vigencia, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional el programa militar para estructurar, ejecutar y administrar el sector agrícola confirmando una violación fragante a la Constitución.

Este hecho se consumó luego de la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos por organizaciones campesinas y del sector agrario y que el Ministerio Público se pronunciara y reafirmara la inconstitucionalidad.

En octubre de 2019, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca), presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que aprobó el régimen corrupto y criminal de JOH, a través de Consejo de Ministros.

También, la Vía Campesina, en conferencia de prensa del 6 de noviembre de ese año, rechazó que los militares administraran el agro al considerar que existía una intervención directa de su parte y una agudización de la crisis alimentaria.

“Las Fuerzas Armadas fueron creadas para defender la integridad territorial, la soberanía, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, mientras el artículo 344 de la Constitución establece que la reforma agraria es un proceso de la estructura de este sector”, expuso el Ministerio Público en un comunicado el 2 de octubre de 2020.

La justificación de los militares y el gobierno de Hernández fue que el artículo 274 de la norma constitucional faculta a las Fuerzas Armadas a ayudar a las secretarías de Estado y demás instituciones a solicitud de estas.

Pese a su extinción, el comandante Adán Del Cid Flores asegura que la propia ministra de la SAG, Laura Suazo, apuesta por la continuidad del programa asignando proyectos y programas a los militares.

“Con la SAG seguimos trabajando, hemos tenido estrecha relación con la señora ministra. Estuvimos en reunión del Consejo del Ambiente en donde ella ratificó su intención que las Fuerzas Armadas siguieran apoyando, también tuvimos una reunión en la SAG donde ella la presidió y también ella hizo énfasis que ocupa este apoyo”, aseveró.

Suazo se refirió a las declaraciones de Del Cid Flores y confirmó que se “está trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, en seguimiento a todo el trabajo agrícola que se realizó en años anteriores”, arguyendo que los militares “avanzaron con varios proyectos muy exitosos”.

Lo anterior se aleja de la realidad que enfrenta el sector agrícola y ganadero del país, incluso se vaticina que para finales de año Honduras tendrá 2.6 millones de personas en inseguridad alimentaria, estadística que podría aumentar con los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania que genera incrementos en los precios de los combustibles acrecentando la inflación que impide acceder a productores a compra de fertilizantes, equipos e insumos debido al aumento en sus costos.

La ministra de la SAG aclaró que, si bien el programa no continuará, “se llegó a un acuerdo que podían seguir trabajando con su presupuesto y coordinar estrechamente con nosotros y es lo que estamos haciendo”, dijo.

“La SAG es el ente rector de todo el sistema agroalimentario y desarrollo rural en Honduras, es la visión de la presidenta que nuestra secretaría se encargue de potenciar el sector agroalimentario con vistas a mejorar, no solo la seguridad alimentaria la soberanía sino de hacer aportes a la economía, el reto que tenemos como secretarías es bien amplio, sin embargo, estamos trabajando juntos, estamos trabajando con todos los sectores. El programa de las Fuerzas Armadas es una experiencia”, añadió.

EL NUEVO GOBIERNO Y EL FALLO DE LA CORTE

Con la asunción de Xiomara Castro a la presidencia, tras las pasadas elecciones de noviembre 2021 en las que se puso fin al bipartidismo y los doce años de dictadura del Partido Nacional, la exigencia se centró en la derogación del PCM que facultó a los militares controlar el agro.

“Esperamos que este nuevo gobierno de Xiomara Castro, pueda derogar este decreto y que se recupere la institucionalidad que para eso existe el INA y la SAG”, fueron las palabras de Yasmín López, coordinadora general del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer (Codimca), en entrevista con  Criterio.hn, en marzo.

Castro prometió en su Plan de Gobierno la desmilitarización de la sociedad, sin embargo, a cinco meses de ostentar la presidencia no se refirió ni propuso la derogación del PCM, por el contrario, se continuó con la asignación de fondos con 100 millones de lempiras.

Pese a la asignación de los 100 millones de lempiras, luego, con la reformulación del presupuesto de 2022 y la derogación de los fideicomisos, incluyendo los dirigidos a la reducción de la pobreza, en los que se incluía el proyecto agrícola militar, estos recursos fueron trasladados a la partida presupuestaria Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC), antes conocida Partida Confidencial, con la que Castro tendrá a su disposición alrededor de 15 mil millones con la finalidad de “financiar prioridades del Plan de Gobierno para Refundar a Honduras”.

Es así como los militares ya no tendrán la potestad de ejecutar los fondos y su papel se limitará al apoyo del agro, según han confirmado sus jerarcas.

LAS VALORACIONES DE UNAS DECLARACIONES FALSAS

Para Yasmín López las declaraciones de Adán Del Cid Flores son “una farsa” y dice que más allá de mentir al asegurar que los productores solicitaron a los militares que manejaran el sector agrícola, nunca hubo un cambio o mejoras durante los recientes años.

“Me parece una farsa, las organizaciones que representan a las campesinas y campesinos de este país jamás le vamos a pedir esa tarea a las Fuerzas Armadas cuando sabemos lo que dice la Constitución”, cuestionó la coordinadora de Codimca.

“No olvidamos que los militares han tenido un papel fundamental en las represiones, criminalizaciones y persecución de lideresas y líderes históricos, lamentablemente el agro se vio militarizado sin resolver un problema de pobreza, de hambre y de acceso a tierra, financiamiento y asistencia técnica. Hemos sido el campo de batalla de los militares, jamás los campesinos le íbamos a pedir se convirtieran en administradores del agro”, afirmó.

Misma valoración tiene Wendy Cruz, de la Vía Campesina Honduras, quien lamenta que aun sabiendo que la Constitución los imposibilitan, los miembros de las Fuerzas Armadas se prestaron a controlar el sector.

“Es lamentable que una institucionalidad que se dice ser seria se haya prestado porque ellos mismos irrespetaron su propia ley y la Constitución porque no es un mandato que administren recursos del sector agrícola, esa es una excusa barata que siguen repitiendo. Nadie puede estar sobre la ley y ellos estaban llamados a respetar la ley, no pueden seguir mencionando que se los solicitaron”, reprochó.

Al tiempo solicita se ejecute una auditoría forense a los recursos que manejaron debido a que el portar de transparencia solo muestra una diapositiva con los supuestos recursos asignados y ejecutados, sin embargo, no hay información de qué empresas fueron beneficiadas con la compra de insumos y equipos para productores, en pocas palabras, solo es una fachada sin pruebas. 

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“Este gobierno debería hacer una auditoria forense a los recursos que manejaron porque no se le mira ningún impacto en el sector, de lo contrario no estaríamos sufriendo estos niveles de inseguridad alimentaria que tenemos”, concluyó.

En entrevistas recientes a Criterio.hn, el expresidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), Juan Valladares, declaró que la mayoría de los recursos destinados al sector agrícola fueron “regalo a militares para tenerlos contentos”.

Todos los entrevistados concuerdan que los fondos fueron mal utilizados, sin aportar ningún beneficio y pusieron en mayor riesgo la seguridad alimentaria.

David Chávez

FALSO

En conclusión, se puede determinar que las afirmaciones del jefe del Comando Agrícola son falsas debido a que fueron las organizaciones campesinas las que presentaron varios recursos de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que les dio el control y manejo del agro.

Además, desde un principio, la acción es ilegal e inconstitucional, por lo que defender su continuidad es contrario al fallo judicial.

 

El jefe del Comando Agrícola asegura que la institución castrense actuó a “petición de productores”.

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