Diputados de Honduras sacan la chequera del Estado en busca de votos

 

“La gente no tiene que comer”: así justifican el manejo de los subsidios algunos diputados

 

Diputado suplente de Cortés denuncia que ahora las transferencias las realiza una persona particular y no el Congreso Nacional

 

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. – “Aquí, los que ayudan más son David Chávez y Toño Rivera, fíjese que antes de la pandemia vinieron a una reunión que convocó el alcalde y había como 100 personas y a todos les dieron 200 lempiras”, dijo don Carlos Mendoza, residente en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán.

Don Carlos dice que él siempre ha sido militante del oficialista Partido Nacional y que nunca le ha gustado andar en reuniones, pero que por 200 lempiras si va, “porque la situación está perra y me pueden servir para comprar comida”.  Cuenta que fue a varias de las marchas que el Partido Nacional realizó en Tegucigalpa para apoyar al Presidente, porque los llevaban en bus, les daban 100 lempiras y la comida.

Los nacionalistas se movilizaron durante el 2018 y 2019, en respaldo a Juan Hernández, en respuesta a las protestas ciudadanas que han exigido su salida por considerarlo  responsable de actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

De igual manera, se pronunció don Joaquín Salgado, quién junto con su esposa, Marta López, residen en este mismo municipio cercano a la capital hondureña. Ambos son de la tercera edad y aseguran que antes eran seguidores del Partido Liberal y que, en el 2009, después del golpe de Estado, participaron en las acciones del Frente Nacional de Resistencia Popular, exigiendo la restitución del expresidente Manuel Zelaya y activaron para la creación del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Sin embargo, asegura que, en el 2014, los diputados de Libre les negaron ayuda y que por esa razón ingresaron a las filas del Partido Nacional. Señaló, que ellos pedían un empleo para su nieto, Jorge, quien se había graduado de secundaria. “Pero Mel (Manuel Zelaya Rosales) no me ayudó, Rasel (Tomé) tampoco y decían que no tenían oficinas y que no le podían dar trabajo a nadie”, expresó don Joaquín, asegurando, que el alcalde nacionalista, Wilfredo Ponce, sí es bueno con ellos y que les ayuda con dinero, con alimentos y medicinas.

Y es que los políticos hondureños hace tiempos que se acostumbraron a manejar recursos públicos mediante programas asistencialistas, que utilizan de trampolín para ganar puestos de elección popular en las alcaldías, diputaciones y la Presidencia de la Republica.

diputados de Honduras

 

Carlos y Joaquín desconocen lo que estipula la Constitución de la República en cuanto a las atribuciones de los diputados. El artículo 205 no incluye lo de administrar y ejecutar recursos públicos, por lo que, a criterio de Lester Ramírez, director del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), los congresistas no deben recibir los recursos para la ejecución de obras sociales.

Según Ramírez, el manejo de fondos por los diputados es la perversión del sistema, porque el Congreso Nacional es el ente contralor del Poder Ejecutivo.

Mientras el Ministerio Público guarda silencio ante el uso abusivo de los fondos públicos por parte de los diputados, desde Perú, el jurista y exvocero de la desmantelada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, condenó la compra de votos mediante dádivas con los recursos del Estado.

“Parece que en Honduras hace falta una ley anti-dádivas para evitar la compra de votos, así como un órgano electoral que fiscalice y sancione ejemplarmente estas prácticas, pues no sirve una ley sin consecuencias para los candidatos, más aún cuando tienen mucho dinero”, escribió en su cuenta de Twitter Jiménez Mayor.

 

CAMPAÑA ABIERTA CON FONDOS PÚBLICOS

Los diputados están demostrando que son los menos respetuosos de las leyes, incluso acomodan éstas a su conveniencia para blindarse, como ocurrió en el pasado reciente que, para evadir a la justicia, emitieron varios “pactos de impunidad”, como los llamó en su momento la MACCIH.

Ante tal situación no es extraño que Renán Inestroza, diputado del Partido Nacional y coordinador de campaña del movimiento Juntos Podemos, que encabeza el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, haya llegado el 1 de agosto pasado a varios municipios de Francisco Morazán, entregando bolsas con alimentos.

Inestroza llegó a Reitoca, Alubarén y Curarén, acompañado de los también diputados nacionalistas, Karlo Villatoro y Leonor Osorio, para entregar comida a nombre del presidente del Congreso Nacional y precandidato presidencial del Partido Nacional a quien resaltan como el líder ideal para encontrar la salud que necesita Honduras en todos los sectores.

El manejo de los fondos por parte de los diputados se ampara en la reactivación del Fondo Social Departamental, llamado a partir del 16 de octubre de 2019, Ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales, contemplada en el Decreto 116-2019.

El Fondo Departamental había sido eliminado por el Congreso Nacional el 3 de abril de 2018, mediante el Decreto 141-2017, ante las denuncias de la MACCIH y los reclamos de la población.

El Decreto 116-2019, es parte de los pactos de impunidad aprobados por el oficialismo en el Congreso Nacional. Imposibilita al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios, entre ellos, los diputados.

Lo relacionado al manejo de los fondos por parte de diputados, funcionarios públicos y ONG’s, corresponde ahora a auditorías por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Actualmente, esta institución está realizando auditorias de estos fondos, hecho que se derivó, de la judicialización del caso Arca Abierta, el 11 diciembre del 2018, contra 21 personas, incluidos once diputados señalados por la malversación de 21.1 millones de lempiras.

Asimismo, el caso Pandora por el desvió de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), que involucra a miembros del Congreso y a otros funcionarios que utilizaron el dinero en las campañas políticas del Partido Liberal, Partido Nacional y el Partido Faper, fundado por el actual embajador de Honduras en Cuba, Andrés Pavón.

Bajo ese amparo y protección jurídica, el 11 de junio, los también diputados nacionalistas del departamento de Valle, Tomás Zambrano y Marcos Velásquez, entregaron alimentos en la comunidad de Coyolito, en la Isla de Zacate Grande, del municipio de Amapala.  La ayuda llevada por los congresistas corresponde a los programas de apoyo de la Presidencia de la República.

Zambrano, quien es secretario del Congreso Nacional y fue sobreseído de manera definitiva en noviembre de 2018  por el caso “fe de erratas”, ha repartido hasta dinero en efectivo durante la pandemia. El 17 de septiembre aparece en una publicación de Twitter entregando L. 40,000 e insumos de bioseguridad al alcalde municipal de Langue, Luis Guerra. 

Diputados de Honduras
El mensaje fue borrado en las últimas horas, sin embargo, Criterio.hn hizo captura de pantalla de la publicación.

Lo anterior deja en evidencia que los diputados del oficialismo están manejando los fondos del Estado para hacer proselitismo político utilizando el argumento de la atención a la crisis sanitaria, mientras los hospitales carecen de medicamentos y el personal de salud se sigue quejando, a nueve meses de la declaratoria de la emergencia sanitaria, por falta de equipo e insumos de bioseguridad que los proteja del contagio.

DIPUTADOS DE LA OPOSICIÓN EN LA MISMA LÍNEA

La estrategia populista, también involucra a diputados de la oposición, quienes han salido a los barrios, colonias, aldeas y caseríos a recetar la misma “medicina”. El 14 de abril, el exfutbolista y ahora diputado del Congreso Nacional, Osman Chávez, repartió bolsas de comida en las comunidades garífunas del departamento de Colón, una zona abandonada y amenazada por el despojo que representan los empresarios del turismo y terratenientes. Chávez, quien fue electo por los simpatizantes del Partido Anticorrupción (PAC) ahora pertenece al Partido Liberal.

La diputada de Libre, Aida Reyes, también ha entregado material quirúrgico y equipo médico a los centros de salud y de los municipios de Yoro y hospitales de la zona. En esas actividades ha sido acompañada por el diputado suplente, Óscar Pineda y un equipo de trabajo de su campaña.

El presidente del Partido Nacional y diputado por el departamento de Olancho, Reinaldo Sánchez, es uno de los diputados que más donativos realiza. Hasta hace unas semanas Sánchez ocupaba la titularidad de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, puesto desde el cual hacía donativos a nombre del gobierno de Honduras y del gobierno de Taiwán.

LA GENTE NO TIENE QUE COMER

A inicios de abril, el Congreso Nacional depositó 50 mil lempiras en las cuentas bancarias de cada uno de los diputados propietarios y 25 mil en las de los suplentes, en concepto de subsidios para ser utilizados de forma discrecional en ayudas a las personas necesitadas de sus respectivos departamentos, con el compromiso de liquidarlos. Sin embargo, las oficinas del palacio legislativo están cerradas y por esa razón nadie ha presentado la respectiva liquidación, informó el diputado, David Reyes.

Mientras el Congreso reparte fondos a diestra y siniestra entre los diputados, el Poder Ejecutivo ha sido señalado por innumerables actos de corrupción que van desde la compra sobrevalorada de equipo médico y de bioseguridad y de siete hospitales móviles, de los cuales cuatro llegaron tardíamente al país, pero solo uno está funcionando a medio vapor. Los tres restantes siguen en lista de espera en Turquía.

Recientemente el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) estimó, al presentar el informe número doce, que la corrupción en tiempos de la pandemia ha provocado al Estado de Honduras una pérdida de más de L. 817 millones.

La corrupción ha elevado la indignación de los hondureños que en agosto pasado llenaron las calles de ciudades, aldeas y caseríos con la leyenda: ¿Dónde esté el dinero? La frase incomodó al gobierno que de inmediato procedió a eliminar la frase e hizo que la diputada nacionalista, Johana Bermúdez, confesara durante una reunión virtual del Congreso Nacional, que el dinero, que se reclama en las calles, “está en las manos de los 128 diputados que recibieron transferencias”.

PONER EL VÍDEO DE JOHANA BERMÚDEZ

Los actos deshonestos de los funcionarios públicos han causado revuelo en distintos sectores sociales que cuestionan la corrupción, pero a juicio del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, “lo importante es ayudar a la gente”. El 20 de abril, justificó el manejo de recursos públicos por parte de los diputados, aduciendo que ellos en sus comunidades tienen mucha presión de la gente que les solicita ayuda.

Oliva, quien desde marzo pasado, por miedo a contagiarse de Covid-19, mantiene suspendidas las sesiones del Congreso de manera presencial, ha sostenido su campaña política abierta, visitando diversos lugares del país.

 

La versión de Oliva, es respalda por congresistas de diferentes partidos políticos, que de cara a las elecciones internas y generales del próximo año, aspiran a mantenerse en el poder, como es el caso, de la diputada liberal, Sobeida Andino, quién ha manifestado: “nos depositaron 50 mil lempiras que estamos utilizando en ayudar a la gente que necesita (…) Mi trabajo ha sido incansable con las comunidades porque la necesidad es grande y la gente no tiene que comer”.

Y de igual manera, David Reyes, diputado electo por el Partido Innovación y Unidad (PINU), se siente satisfecho con la utilización de esos recursos públicos, por considerar, que el liderazgo político se sustenta en regalías. Y para él, el que no lo hace, no tiene opciones.

Como copia al carbón, Reyes confirma que la necesidad del pueblo es grande porque las familias no tienen que comer.  Amplió, que a través del tiempo los diputados acostumbraron a gratificar a la gente con ayudas.

Sin embargo, el diputado, Luis Redondo, compañero de Reyes, en la bancada del PINU, no niega que los hondureños se debaten en la miseria, pero también es consciente, que su función como diputado no es entregar ayudas sociales ni ejecutar recursos del Estado, sino legislar para cambiar esa situación. Redondo dice que no está de acuerdo con darle dinero a la gente, que no lo hace y que por esa razón va a devolver el dinero que le depositaron.

Mauricio Castellanos, suplente de Luis Redondo denunció ante Criterio.hn que el subsidio que él recibido en marzo pasado lo hizo una persona particular que él no conoce, quien le hizo un depósito por L.25,000 a su cuenta de planilla. “Según investigué, en el banco, oficialmente quien nos acreditó no fue el Congreso sino una persona individual de paradero desconocido por mi persona”.

Castellanos aseguró no haber utilizado el dinero por diversas razones, siendo una de ellas, el no saber el origen de los fondos y porque está consciente que fue electo para legislar y no para ejecutar fondos del Estado. “Para ello creamos leyes para que lo ejecute el Ejecutivo y municipalidades etcétera, etcétera”. Mauricio Castellanos y Luis Redondo, aseguraron que devolverán los fondos. Ellos consideran que su función en el Congreso Nacional es la de legislar y no la de ejecutar fondos públicos.

En cambio, Reyes representante del departamento de Choluteca, dice que 50 mil lempiras no son insuficientes para las necesidades que hay en la comunidad y que con ese dinero ayudó a varias personas y compró 10 tanques de oxígeno para donárselos al Hospital del Sur y al centro triaje, de la ciudad de Choluteca.

Para el abogado y ex coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, adscrita a la Asociación para una Sociedad más Justa, Capitulo de Transparencia Internacional, Josué Murillo, la donación de insumos de bioseguridad y oxígeno a los hospitales no es función de los diputados sino, una labor exclusiva de la Secretaría de Salud, entidad que ya debe asumir su responsabilidad de garantizar el derecho humano de la salud de los hondureños.

A su juicio los diputados deben ocuparse de la aprobación de normas que faciliten ese derecho. “Pero los diputados y el resto de los malos políticos están haciendo uso de la pandemia para saquear al Estado y hacer mal uso de los fondos públicos”.

Entre marzo y julio, la falta de insumos  en los hospitales y la carencia de materiales de protección para los médicos, enfermeras y demás personal que trabaja con los enfermos de Covid-19,  provocó protestas en diversos centros hospitalarios del país y aprovechando la situación, el 29 de abril, la congresista del Partido Nacional, Johana Bermúdez, llegó al hospital de especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Tegucigalpa y les donó caretas de bioseguridad a los médicos residentes.

El 15 de abril, el diputado Fabricio Sandoval, declaró que, por instrucciones de la Coordinación General del Partido Libre, los congresistas de ese instituto político iban a devolver el subsidio de 50 mil lempiras que les depositó el Congreso Nacional para brindar ayudas a las personas necesitadas de sus comunidades. Informó que, de su parte, en la próxima sesión iba a entregar el cheque con la intención de seguir haciendo lo correcto. No obstante, hasta hoy no se han reanudado las sesiones presenciales y del tema no se ha vuelto a decir nada.

Al inicio de la pandemia, el partido Libre propuso que para que la gente pudiera hacerle frente a la emergencia sanitaria era necesario la asignación de un salario por familia, pero el gobierno optó por la entrega de alimentos, con la participación directa de los militares y de los activistas del Partido Nacional. Y de manera alterna los diputados hicieron lo propio, con los subsidios.

Cabe mencionar que las personas encargadas de entregar las bolsas de comida provenientes de la Presidencia de la República, son las mismas que promocionan la precandidatura presidencial del alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, que en su movimiento agrupa a la mayoría de los alcaldes nacionalistas, mientras que la mayor parte de los diputados candidatean a Mauricio Oliva y entregan las ayudas a su nombre.

A juicio del congresista, Luis Redondo, la entrega de los subsidios está a discreción del presidente del Congreso, con la participación del diputado, Tomás Zambrano, secretario de ese poder del Estado. “Y lo dan a propósito de que se lo roben”, indicó.

Entre tanto, el diputado David Reyes, del PINU y Patricia Murillo, de Libre, también aseguran que solo Mauricio Oliva tiene conocimiento de cómo se reparte el dinero del Fondo Departamental y de los subsidios, porque él es el que asigna los recursos.  “Solo Oliva sabe, ellos los aprueban, pero dicen que no los ejecutan, todo lo niegan”, dijo Murillo.

Ella cuestiona la gran vida que se dan algunos congresistas, incluidos varios del Partido Liberal y de los partidos pequeños, que andan con guardaespaldas y les han asignado motoristas, asistentes y oficinas. Luis Redondo dice que hay congresistas del lado oscuro del Partido Liberal manejando recursos porque solo pasan en la Casa Presidencial.

Todo lo anterior, ocurre en un momento de emergencia, con suspensión de garantías fundamentales y que mantiene a los empleados públicos trabajando a medio vapor, algunas semanas en oficinas y otras semanas desde casa y no hay quien responda las solicitudes de información pública que se plantean.

Para conocer a fondo lo que sucede con la asignación de subsidios, Criterio.hn solicitó desde el 3 de septiembre al Congreso Nacional y a la Secretaría de Finanzas, información de las transferencias y liquidaciones de fondos asignados a diputados para la construcción de infraestructura y proyectos sociales y al Tribunal Superior de Cuentas  le solicitó información de auditorías realizadas sobre esos recursos.

Las peticiones fueron enviadas a través del Sistema Electrónico de Honduras (SIELOH/IAIP), pero no fueron respondida, por lo que a través de la misma plataforma se presentaron los correspondientes recursos de revisión que tampoco han sido resueltos.

MANEJO DE FONDOS ES INCONSTITUCIONAL  

Sobre el manejo de los recursos públicos por parte de los diputados, Criterio.hn obtuvo la opinión del abogado, Josué Murillo,  ex coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, adscrita a la Asociación para una Sociedad más Justa, Capitulo de Transparencia Internacional, quien asegura, que de acuerdo con la independencia de poderes, los congresistas no deberían manejar fondos estatales porque su función es aprobar las leyes que ayuden a reforzar los derechos y las garantías constitucionales.

Murillo indicó, que darles recursos a los diputados es exactamente igual a que se les asigne manejo de dinero a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que tienen como función impartir justicia.

Explicó que históricamente los congresistas han utilizado estos fondos públicos para hacer campaña política y para comprar conciencias y que “aquí hay un error de origen porque los diputados no deben manejar fondos públicos, y si tienen esos fondos deberían rendir cuentas, porque estos fondos impactan negativamente en las necesidades de la población que acude al político, que lo tiene a disposición”, cuestionó.

Pero el abogado, Fernando García, va más allá en sus apreciaciones y confirma que en un estado republicano, la división de poderes establece las competencias y atribuciones de cada poder y de las entidades establecidas en ese marco jurídico constitucional. En tal sentido, explicó que el Poder Legislativo solo tiene tres funciones fundamentales: representar al pueblo soberano, rendirle cuentas y legislar.

Aseguró, que en ningún momento la Constitución y la doctrina republicana y democrática autoriza a los diputados para hacer funciones que son exclusivas del Poder Ejecutivo. Él considera, que el Fondo Departamental y los subsidios no deben de existir.

García, quien se desempeñó como Comisionado para la Estrategia de Reducción de la Pobreza en el gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), reveló que el manejo de dinero por parte de los diputados fue una de las causas del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, “porque en aquel momento querían mil millones del presupuesto del 2009 para campaña política”. Agregó, que esos recursos manejados por congresistas no pueden existir ni reglamentarse de forma estricta.

A su criterio, el fondo departamental o subsidio, administrado por diputados es inconstitucional porque en todo caso los que tuvieron que haberlo recibido son los alcaldes, que son los que conocen las necesidades inmediatas del pueblo en su jurisdicción municipal.

García dice que los diputados, muchas veces, ni siquiera residen en el departamento al que dicen representar “¿y cuando han dado rendición de cuentas?, ¡nunca!, exclamó. Coincidió, que no es competencia de los diputados comprar equipos y materiales que necesitan en los hospitales porque para eso está la Secretaría de Salud.

ANTECEDENTES

La primera vez que los diputados manejaron recursos del Estado fue en el 2006, cuando el Congreso, presidido por Roberto Micheletti, aprobó el Presupuesto General de la República, contenido en el Decreto 195-2006, en el gobierno liberal, de Manuel Zelaya Rosales. El proyecto se conoció como Fondo Social Departamental, o subsidios y desde ese momento se han venido manejando a discreción de los diputados, con el supuesto objetivo de realizar obras comunitarias y ayudas sociales.

Desde ese momento son muchas las irregularidades que ha llegado a conocer la población, pero a nivel de justicia nadie ha pagado por esos recursos mal utilizados, debido al blindaje de inmunidad que poseen los diputados y diputadas. Los diputados hondureños recuperaron en septiembre del año pasado la inmunidad que habían perdido en el 2002.

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El 17 de diciembre del 2017, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), con el apoyo de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), presentaron requerimiento fiscal contra los legisladores, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Asensio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Juárez, imputándoles el delito de malversación de caudales públicos y solicitando su inmediata captura.

El caso se conoció como la “red de diputados”, que, según el entonces vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, la conformaban 140 congresistas, incluido el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, a quien estaban investigando, por el desvió de fondos a través de Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) y fundaciones creadas para tal fin. Y ese fue el principio del fin de esa Misión Internacional que empezaba a dar resultados contra la corrupción.

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