Tegucigalpa.- “Sigo preocupado por el conflicto relacionado con el acceso a la tierra, incluso en la región del Bajo Aguán, y los ataques contra los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, como el asesinato la semana pasada de otro defensor del medio ambiente, meses después de que mataran a su hermano y a otro activista”, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
El párrafo se desprende de los primeros cuatro minutos del discurso inicial del Türk al inaugurar la 53 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el cual se instaló el lunes 19 de marzo y se extenderá hasta el 13 de julio de 2023.
Uno de los defensores asesinados a los que se refiere es Óscar Oquelí Domínguez Ramos, 42 años, asesinado en su vivienda el pasado viernes 15 de junio en la comunidad de Guapinol en el municipio de Tocoa, Colón, donde se instaló un mega proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras. En el ataque criminal resultó herida su madre Catalina Ramos.
UNA FAMILIA ATACADA Y ASESINADA POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES
Los otros dos asesinatos a los que se refirió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, son los de Alí Domínguez y Jairo Bonilla, asesinados el domingo 7 de enero de 2023, cuando iban en tránsito por la aldea La Concepción con rumbo a Guapinol, siempre en el municipio de Tocoa.
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En ese momento, la Policía Nacional de Honduras señaló que el crimen estaba relacionado a un asalto, versión que fue descartada por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) al señalar que “los criminales no buscaban dinero, ya que lo tenían las víctimas y [este] fue entregado al propietario de la empresa para la cual trabajaban”, lo que indicó una hipótesis distinta a la que hizo circular la fuerza policial en la zona.
El CMDBCPT indicó en esa ocasión: “Las estructuras del crimen organizado siguen vigentes en el territorio, no pierden su naturaleza criminal y es posible que una investigación seria, responsable y objetiva arroje como resultado los vínculos entre estructuras del crimen organizado, empresas extractivas y funcionarios públicos participando en este frente criminal contras las personas y movimientos que luchan por la vida”.
Tanto Alí como Oquelí, además de ser defensores de los bienes comunes, eran hermanos de Reynaldo Domínguez, también defensor, miembro del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, organización que desde agosto de 2022 denunció una campaña de odio y desprestigio que escaló a vigilancia, acoso, amenazas y asesinatos.
UN CONFLICTO CON RAÍCES HISTÓRICAS
La reserva natural lleva el nombre del defensor de derechos humanos, Carlos Escaleras Mejía, asesinado en 1997 por su oposición a la construcción de una planta aceitera que contaminaría la zona y que era promovida por el fallecido terrateniente Miguel Facussé, yerno de Lenir Pérez, quien es presidente del Grupo Emco Holding, la casa matriz de las empresas minera Los Pinares y Ecoteck, ambas instaladas en la zona pese a la oposición de las comunidades.
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La familia de Carlos Escaleras Mejía llevó el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), y mediante un acuerdo amistoso entre las medidas de reparación, el Estado de Honduras se comprometió a nombrar la zona protegida con el del ambientalista Carlos Escaleras Mejía.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó igual preocupación por el conflicto agrario en Honduras y los ataques contra defensores, especialmente en la región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras.
El fértil Valle del Aguán, ubicado en la región nororiental de Honduras, entre los departamentos de Colón y Yoro, cuya vocación es principalmente agrícola en una superficie aproximada de 214,900 hectáreas, según información recolectada en la Caracterización de los principales valles y altiplanos de Honduras, publicada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería en 2002.
El área es disputada por los agroindustriales a los grupos campesinos cuyo derecho al acceso a la tierra, fue vulnerado con la implementación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola en 1992 por la administración del fallecido expresidente Rafael Leonardo Callejas.
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En 2023 —además de los crímenes contra los ambientalistas Óscar Oquelí Domínguez Ramos, Alí Domínguez y Jairo Bonilla— fueron asesinados a causa del conflicto agrario en el Valle del Aguán los defensores y familiares de estos: Omar Cruz Tomé y su suegro Andy Martínez Murrillo; Santos Hipolito Rivas y su hijo adolescente Javier Rivas; Emerson Martínez; y José Gilberto Martínez Cardona.
Mientras que fuera del Valle del Aguán, siempre por la defensoría de la tierra y el territorio fueron asesinados: los garífunas Ricardo Arnaúl Montero y Martín Morales Martínez en Triunfo de la Cruz, Atlántida; el defensor tolupán de la tribu de San Francisco de Locomapa en Yoro, Amilcar Vieda y Naún Ismael Chacón; y el integrante del Campamento Digno por la Defensa del Agua y la Vida, Benigno Maldonado en Pajuiles, Atlántida.
