Cinco meses han pasado entre el asesinato de Alí Domínguez el 7 de enero y su hermano Oquelí Domínguez el jueves 15 de junio en la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, en el norte de Honduras. A la fecha, las autoridades siguen sin dar respuesta sobre los autores materiales e intelectuales del crimen
Tegucigalpa.- Una familia y una comunidad de luto por la defensa del derecho al acceso al agua, que estaría siendo contaminado por la instalación de un megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras, volvieron a ser golpeadas por la mano criminal de los intereses extractivistas en Honduras.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) y la Fundación para el Ambiente y el Desarrollo Sostenible (Fundambiente) condenaron “el cobarde asesinato del líder ambientalista comunitario Oquelí Domínguez Ramos”. Denunciando, además, “a quienes, con su actitud, permiten este estado de situación criminal sin castigo alguno, aun teniendo todas las facultades para hacer que florezca la justicia”.
Las tres organizaciones recordaron que este asesinato ocurre en medio del “recrudecimiento de la continua matanza de líderes populares en el Bajo Aguan, en 2023, ante la indolencia del Estado de Honduras”.
Solo en el 2023 se han reportado al menos nueve asesinatos —según registro de Criterio.hn— ligados a la defensa de la tierra, el ambiente y el territorio en la región del Valle del Aguán. Sus nombres son: Alí Domínguez y Jairo Bonilla, Omar Cruz Tomé y Andy Martínez Murillo, Santos Hipolito y su hijo adolescente Javier Rivas, Emerson Martínez, José Gilberto Martínez Cardona y Óscar Orquelí Domínguez Ramos.
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A través de su comunicado, el MADJ, BED y Fundambiente dejaron claro que “la responsabilidad por estos asesinatos recae en buena parte en las fuerzas de ‘seguridad’, sean militares y policiales, que con su permisividad evidencian, no su incapacidad por detener tales asesinatos, sino su falta de voluntad para acabar con ellos”.
CINCO MESES DE IMPUNIDAD Y LA VIOLENCIA CONTINÚA ESCALANDO
Desde la cuenta de Amnistía Internacional América, recordaron que hace cinco meses sacaron una “acción urgente” tras el asesinato de los defensores del ambiente Alí Domínguez y Jairo Bonilla en enero, por lo que ahora con el asesinato de Oquelí Domínguez, cuestionaron que hará la administración de la presidenta Xiomara Castro para proteger a los defensores.
La Convergencia Contra el Continuismo además de lamentar y condenar el asesinato, hicieron un llamado “al gobierno a dar una contundente respuesta ante este crimen atroz, así como a la comunidad internacional, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a la Organización de las Naciones Unidas ONU a presionar al Estado para que se esclarezca este crimen y los anteriores”.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) expresó indignación por el asesinato, el cual declaró “un acto cobarde” que se suma a la tragedia que fue el asesinato de su hermano Alí Domínguez junto a Jairo Bonilla en enero.
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“Lamentamos profundamente que Los Pinares y Ecotek de Lenir Pérez continúen sembrando violencia en la comunidad de Guapinol. Exigimos al Estado de Honduras que cumpla con su deber de protección y garantice la seguridad de aquellos/as que defienden nuestros derechos y territorios”, publicó desde redes el Copinh.
El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) además de recordar que Oquelí Domínguez era integrante del Comité Municipal en defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, remarcó que “el Estado de Honduras es responsable de asegurar la vida de las personas y procurar la seguridad de quienes, por su lucha en defensa de la vida, se ven amenazados por empresas y grupos criminales”.
LLAMAN A LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO A TOMAR MEDIDAS INMEDIATAS Y CONTUNDENTES
La Alianza Centro Americana Frente a la Minería (Acafremin) recalcó que tanto Alí como Oquelí, además de haber sido defensores son hermanos de “Reynaldo Domínguez, un defensor ambiental que ha liderado la defensa del río Guapinol ante la amenaza del proyecto de extracción de óxido de hierro de la empresa Inversiones los Pinares/Ecotek que opera de manera ilegal en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos, en Tocoa”, Colón.
Acafremin hizo un llamado a la administración de la presidenta Xiomara Castro “a tomar medidas inmediatas y contundentes para garantizar justicia para la familia Domínguez, así como otras familias afectadas por la violencia contra defensores y defensoras de derechos en Honduras”.
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De igual forma, invitaron a la comunidad internacional, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a la ONU a monitorear la crisis de derechos humanos en Honduras y abogar para que el Estado tome medidas pertinentes para esclarecer los crímenes y garantizar los derechos ambientales de la población, incluido el derecho a defender derechos.
El abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, cuestionó el mismo día del crimen contra Oquelí Domínguez, el por qué no se había activado aún el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos para la comunidad de Guapinol en el municipio de Tocoa. Incluso interpeló a la Secretaría de Derechos Humanos, la Policía Nacional de Honduras y el Ministerio Público por la ausencia de acción, cuando en cambio “el Estado si se ha activado para realizar desalojos”.
La Relatora Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, expresó: “Lamento el asesinato de Oquelí Domínguez, hermano de los DDH Reynaldo Domínguez y Alí Domínguez, en la comunidad de #Guapinol. Alí fue asesinado en enero. Expreso mi plena solidaridad con la familia. El Estado debe asegurar que estos asesinatos no queden impunes”.
La Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) subrayó “la importancia de que el Estado adopte medidas urgentes para abordar las causas estructurales que subyacen a esta conflictividad y las consecuencias en materia de derechos humanos de proyectos extractivos que tienen un impacto negativo en el derecho a un medio ambiente sano en la región”.
Mientras que desde la Secretaría de Derechos Humanos se afirmó que se había activado el Protocolo de Actuación para Casos de Asesinatos de Personas Defensoras de derechos Humanos. A la vez que se señaló como “inaceptable la falta de investigación e impunidad en los casos de asesinatos de personas defensoras”, remarcando que el pasado 2 de junio la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, promovió una solicitud de interpelación a los fiscales encargados de la investigación de delitos contra la vida y protección a defensores de derechos humanos ante el Congreso Nacional.
