Mientras el IHSS sobrevive, instituciones como Inprema e Injupemp corren riesgos de crisis financiera, si no recuperan los préstamos otorgados al Gobierno, de las pensiones de sus afiliados
Los afectados han denunciado que los beneficiados ahora son las instituciones bancarias, quienes manejan sus aportaciones, lo invierten y se lucran de los intereses por préstamos
Por: Redacción CRITERIO.HN
Ilustración de portada: Reynaldo Raudales
Fotografías: Fernando Destephen
Diseño gráfico: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. –Más de medio siglo, 61 años, ha trascurrido desde la creación del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en 1959, siendo el más noble proyecto para beneficio de la clase obrera y que con el pasar de las décadas ha sobrevivido a los embates del neoliberalismo, la corrupción, intereses mezquinos, políticos y de grupos privilegiados, sumado a la deficiente administración, que está facilitando a adrede la privatización del sistema de seguridad social en Honduras.
Similar situación del IHSS, están sobrellevando los demás institutos de previsión social como: el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Inpreunah), entre otros, que ya han denunciado que las finanzas, producto de sus aportaciones de muchas décadas de trabajo, están en riesgo.
Lo anterior, debido una serie de acciones sistematizadas, enfocadas en la sustracción y redistribución de los recursos de los pensionados, para otras actividades, programas y proyectos gubernamentales, contrarios al fortalecimiento de los institutos e inclusive para favorecer a la banca privada y financiar campañas políticas.
Esas acciones, también se centran en el desinterés de beneficiar a los afiliados cuando ya no puedan trabajar y que logren pensiones dignas, asistencia en salud atención especial en momentos de invalidez, vejez o muerte como parte de un sistema de seguridad social solidario, equitativo y eficiente, tal como manda la Constitución, normas universales de derechos humanos y el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1952, sobre la norma mínima de la seguridad social.
Por el contrario, existe en Honduras un entramado legal elaborado por los dos últimos gobiernos (Porfirio Lobo Sosa 2010- 2014 y Juan Hernández 2014- 2022), quienes dieron vía libre para la elaboración de un andamiaje legal para reconstruir un sistema de seguridad social, mismo que inició efusivamente en 2015 con la aprobación de la Ley Marco de Seguridad Social.
Esta normativa ha venido arrastrando una serie de demandas de los afectados en el sector médico, pensionados, afiliados de las instituciones de previsión y derechohabientes del IHSS, quienes aducen que se trata de un plan para privatizar a las instituciones de pensionados y jubilados.
Para lo anterior, se pretende concentrar en un solo ente, el control de los dineros de los jubilados y que éste decida también las nuevas pautas sobre sus derechos, con ello allanar el camino hacia la seguridad social privada, aun cuando la ley se plantea como necesaria para universalizar los servicios de los institutos de previsión social.
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“CONSENSO DE WASHINGTON”
Pero este plan en perjuicio de miles de pensionados y jubilados no es nuevo, es parte de una iniciativa económica de índole internacional que data de los años ochenta y que se denomina “Consenso de Washington” referente al conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal para hacer frente a la crisis económica de los setenta.
El concepto como tal fue acuñado por el economista británico John Williamson en un artículo publicado en 1989, que enuncia una serie de medidas de estabilización y ajuste de las economías respecto a las cuales instituciones, con sede en Washington, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), así como el gobierno y la Reserva Federal de Estados Unidos (EE. UU), apostaban por un paquete conjunto de políticas económicas.
Estas políticas económicas se centraron en la lucha contra el déficit público por la vía de reducción del gasto, las reformas para reducir la progresividad impositiva, la privatización de empresas públicas, la liberalización del comercio y de los mercados de capitales a nivel internacional, la minimización de las condiciones a la entrada de inversión extranjera directa y la desregulación de los mercados laborales internos, entre otras.
A partir de los años noventa el Seguro Social empezó las deficiencias por malos manejos de la parte financiera y administrativa del Fondo. En adición, inicia a partir de ese tiempo el Consenso de Washington con sus diez postulados que se implementan, articulados y operados por los organismos financieros internacionales particularmente el FMI, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BM, explicó a Criterio.hn el ex director del Banco Central de Honduras (BCH), Edwin Araque, quien presenta este punto como la raíz de los procesos de privatización en Honduras, en este caso de las instituciones de previsión social.
El consenso de Washington es parte de las políticas de la liberalización financiera, tanto de la tasa de interés como la tasa de cambio, y se incluyó como un postulado la privatización de empresas públicas y ahí se incluye en ese contexto el Seguro Social, de manera que desde esa fecha se viene insistiendo en la privatización de los servicios del seguro social público para impulsar el seguro privado, detalló el economista.
En resumen, surgió el modelo neoliberal que significa más pobreza, mayor desigualdad y la ampliación de la brecha entre ricos y pobres.
Siguiendo esa línea, Araque apuntó que tanto el Inprema como el Injupemp han venido siendo sacrificados por el gobierno hasta con la condonación de deudas por mora de algunos afiliados del sector privado. Asimismo, sus fondos han servido de aportes en instituciones en riesgo sin recibir el retorno de los dividendos. Y como reflejo del mal manejo de los fondos, el economista recordó la inyección millonaria que el Injupemp ha realizado en la construcción del Centro Cívico Gubernamental (CCG).
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LA INTERVENCION DEL IHSS
Si bien el sistema de seguridad social comenzó a sentir los efectos del sistema neoliberal en los años noventa, su crisis más notoria surgió durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) cuando se originó un decaimiento a la atención de salud, escasez de medicamentos, compras sobrevaloradas de equipos y medicamentos y hasta el saqueo de los recursos para el financiamiento de las campañas políticas del Partido Nacional.
Lo anterior llevó a Lobo Sosa a nombrar una Comisión Interventora el 16 de enero de 2014, a solo diez días de terminar su mandato. A más de seis años la Comisión sigue vigente sin revertir la corrupción y sanar las finanzas, funciones encomendadas en los Decretos Ejecutivos PCM- 011-2014; PCM-012-2014, PCM-25- 2014 y PCM-49-2014 de fechas 15 de enero, 10 de abril, 30 de mayo y 4 de agosto de 2014, publicados en el Diario Oficial la Gaceta
La Comisión está integrada por la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales; el exdiputado del Partido Innovación y Unidad (PINU), German Leitzelar y el economista miembro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Roberto Carlos Salinas.
Hasta la fecha los interventores no han podido cumplir el mandato de “establecer una adecuada gestión sobre los recursos financieros y materiales del Instituto en los diferentes regímenes que lo integran: Régimen del Seguro de Atención de la Salud (EM), Régimen del Seguro de Previsión Social (IVM) y Régimen del Seguro Riesgos Profesionales (RP), lo que llevó a la institución a la incapacidad financiera sin poder responder a las necesidades y derechos básicos de los hondureños, según denuncias constantes del sindicato de trabajadores de IHSS.
Pero el tema de las juntas interventoras cada vez que hay problemas de corrupción o debido a la pésima administración de las oficinas públicas o instituciones de gobierno no es nuevo. En el caso del IHSS han sido tres. La primera fue durante una crisis administrativa que solo duró un año, de 1999 al 2000 durante el Gobierno del expresidente Carlos Flores Facussé, e incidió para hacer las reformas cuando se introdujo al régimen de cobertura a los trabajadores independientes y la ruptura del techo de cotización que ya tenía 40 años de estar en 600 lempiras.
La segunda, siempre en el Gobierno de Flores Facussé, siendo los interventores Carlos Godoy Arteaga, ideólogo de la Seguridad Social en Honduras, especialista pediatra con formación en salud pública y en seguridad social; los médicos Aquiles Izaguirre, Teobaldo Enamorado; el economista, Martín Barahona y la extinta doctora en dermatología, Virginia Figueroa de Espinoza, ex viceministra de Salud en el Gobierno de Carlos Roberto Reina.
LA TAREAS SIN FRUTO DE LA NUEVA INTERVENTORA
Entre los retos de los nuevos interventores, quienes aún continúan en sus cargos seis años después, es la aprobación de la nueva Ley del Seguro Social que llevará a un supuesto proceso de modernización partiendo del cambio en su estructura organizacional y definición de procesos, así como el desarrollo de una cultura organizacional competitiva para mejorar los servicios en salud a través del Régimen de Seguro en Atención en Salud (SAS), el Régimen del Seguro de Previsión Social y el Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales.
Los interventores también diseñaron un Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 en el que se han definido siete ejes estratégicos transversales que se relacionan al saneamiento financiero, reestructuración, recuperación, extensión de cobertura alineada a las metas de Visión de País, imagen y comunicación institucional, calidad y calidez en los servicios, participación preventiva y comunitaria, transparencia y rendición de cuentas y medio ambiente. A la fecha nada de lo planteado ha tenido resultados.
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Tras asumir sus cargos los interventores presentaron un primer informe el 6 de marzo de 2014 en el que evidenciaron las denuncias conocidas en torno a los desórdenes administrativos y financieros. Ellos destacaron la existencia de “una corrupción institucionalizada” a lo interno del IHSS.
Asimismo, alertaron sobre la deuda del IHSS a largo plazo que a ese año ascendía a 6 mil 399 millones, mientras la de corto plazo mensual era de 600 millones. Sumado a eso denunciaron que cada miembro de la junta directiva del IHSS cobraba 20 mil lempiras por sesión provocando con ello otra cifra millonaria de egresos de los fondos de los patronos y empleados aportantes al sistema también, para pagar el ascenso desmedido de empleados en los últimos dos períodos de gobierno (2006-2010 y 2010-2014).
Mientras esto ocurría, por otro lado, a nivel de la sociedad se destaca que los malos manejos de los fondos y la corrupción habrían provocado la falta de atención médica, medicamentos, equipos, reactivos y demás materiales requeridos de emergencia y para el tratamiento de los pacientes y la muerte de al menos tres mil derechohabientes entre el 2010-2014, según denuncias del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en mayo de 2015 y según la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en el saqueo al Seguro Social participaron al menos 320 personas.
En el 2015, la Junta Interventora del IHSS informó que realizaba el pago atrasado de las incapacidades dejadas de cancelar en la administración Mario Zelaya y para ello desembolsaron 28 millones 770 mil 194 lempiras.
En diciembre de 2016 las autoridades autorizaron el pago de 30 millones 295 mil 462 lempiras, correspondientes a 7,151 incapacidades que los médicos les otorgaron a los trabajadores enfermos a lo largo de ese año. No obstante, a la fecha muchos, incluidas mujeres incapacitadas por maternidad siguen sin cobrar ese beneficio.
“Las intervenciones de décadas pasadas se hicieron con un propósito que concluyó con el sistema normal que tiene a la institución ahora con esta actual Junta Interventora que sigue siete años después. No me queda claro el papel de ellos porque los resultados, según el decreto que los creo, sería adecentar la administración en términos de trasparencia, honestidad, volver eficiente la administración del Seguro y eficaz, pero todos esos propósitos no se ven en los resultados”, expresó a Criterio.hn el ex director del IHSS, Efraín Bu Figueroa.
LA “FAMOSA” LEY MARCO DE PROTECCION SOCIAL
En mayo de 2015 el Congreso Nacional aprobó la Ley Marco de Protección Social de Honduras y entró en vigencia el decreto 56-2015 el 2 de julio, tras la publicación en el diario oficial La Gaceta número 33771. La misma presentó varios errores y el 22 agosto 2015 mediante la Gaceta número 33,805 se publicó la fe de erratas de diversos artículos de la referida ley.
Finalmente, en septiembre de 2015 queda aprobada en medio de debates y protestas del Colegio Médico de Honduras (CMH) que desde entonces ha pedido su derogación por considerar que atenta contra las pensiones y jubilaciones de los afiliados del IHSS, entre otros derechos a derrocar, además de irregularidades de contexto desde su aprobación.
Tras su publicación, el Congreso Nacional hizo circular publicidad que enaltecía a la Ley, presentando escuetamente sus supuestos beneficios y alcances al exaltar mejoras al sistema y universalización de la atención a la salud y oportunidades para trabajadores independientes para la obtención de una pensión o jubilación; sumado a eso se dijo que la nueva Ley brindaba oportunidades de préstamos para vivienda, sin olvidar la promesa de que esto no significaba la privatización del sistema de Salud Pública.
Entre las “bondades” de la nueva Ley de Seguridad Social, el Congreso destacó, en un comunicado, que ninguna persona que ganara el salario mínimo sufriría ningún incremento en la cotización que estaba pagando a favor del Seguro Social, pero sí vería incrementado sus beneficios porque el IHSS le permitiría elegir una red de clínicas y hospitales, incluso privados, para ser atendido, además de tener acceso a una mejor jubilación.
FALSAS “BONDADES”
Para la presidenta del CMH, Suyapa Figueroa, todas esas “bondades” publicitadas y repetidas en medios de comunicación oficialistas, representan la intensión del Gobierno de arrasar con los institutos de previsión social amparados en la Ley Marco de Protección Social, utilizar los dineros de los asegurados y pensionados para beneficiar a sectores bancarios, proyectos y programas gubernamentales y acciones políticas y populistas, entre otras, aisladas a la seguridad social pública.
“No están cumpliendo con las responsabilidades para lo cual fueron creados los institutos de previsión, que es hacia el beneficio de los derechohabientes, los pensionados y jubilados, sin embargo, se han tomado fondos para ser invertidos en el Centro Cívico Gubernamental, en el caso de Inprema, lo mismo pasa con Injupemp, en los cuales se están haciendo inversiones, disminuyendo las garantías de los afiliados y en el caso del Seguro Social han servido para financiar campañas políticas”, expresó Figueroa.
La presidenta de los médicos hace referencia al millonario saqueo al IHSS, durante la gestión del médico ortopeda, Mario Zelaya, quien estableció todo un equipo de colaboradores de confianza para afianzarse con casi 7,000 millones de lempiras sustraídos del Régimen de Invalidez Vejez o Muerte (IVM), dinero destinado a viajes, creación de empresas de maletín, proveedoras supuestamente de medicamentos, equipo médico y al menos diez ambulancias, todo a costos sobrevalorados y con empresas “fantasmas” a las que se les hicieron pagos de compras y contrataciones de servicios inexistentes.
Además, la millonaria erogación de dinero a la campaña política del presidente, Juan Hernández, quien admitió públicamente en junio de 2015 que al menos 147.783 dólares fueron aportados a su campaña política en el 2013 por parte de empresas que participaron en el saqueo al Seguro Social.
La presidenta del CMH continuó diciendo que la Ley Marco de Protección Social es parte de una escalada de actos legislativos, en la que tanto el Poder Ejecutivo y Legislativo han aprobado leyes que no cumplen con la obligación de proteger a la ciudadanía.
Por otro lado, “son leyes que no tienen el respaldo financiero, los recursos existentes también están en precario debido a este tipo de escaladas del Gobierno de tipo populista tratando de limpiar un poco la imagen que tiene y pretende hacer uso de estos fondos en riesgo para supuestos planes de salud para poder ganar empatía con la población, pero son acciones insostenibles en el tiempo, que dejaran más en precario el servicio de salud y de paso debilitar la fortaleza que aún tienen los institutos de previsión”, advierte Figueroa.
Figueroa reclamó también a la Corte Suprema de Justicia por no pronunciarse sobre un recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde noviembre de 2019 por el Colegio Médico contra el artículo 57 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social.
“A pesar de que se ha vuelto a argumentar y actualizar, sigue sin respuesta, el CMH insiste de que es inviable desde el punto de vista jurídico, constitucional, de la violación de derechos humanos y la falta de sostenibilidad financiera que obviamente detonará en un fracaso, no solo en el sistema de salud, sino también en el de previsión social, entre otros derechos fundamentales de la población hondureña”, argumenta la galena.
SURGIMIENTO DE LAS AFP
En Honduras casi 9 de cada 10 personas no están cubiertas por ningún tipo de seguro de salud, según la investigación “Situación del Sistema de Salud en Honduras y el Nuevo Modelo de Salud Propuesto”, de Lino Carmenate-Milián, Alejandro Herrera Ramos y Dany Ramos Cáceres, expertos en la temática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Al menos 617 mil 879 son cotizantes al Régimen del Seguro de Previsión Social; 800,866 personas cotizantes al Régimen de Atención de Salud; 753, 275 trabajadores cotizantes al Régimen de Seguros de Riesgos Profesionales y más de 969,048 beneficiarios reciben atención médica en el IHSS.
Hasta abril de 2020 el IHSS pagó por concepto de invalidez, vejez, viudez y otras obligaciones, más de 129 millones de lempiras, en mayo más de 138 millones de lempiras y en junio más de 266 millones de lempiras.
La población de adultos mayores, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), asciende a 770,905 (8 % de la población) y de ese conjunto sólo 252,886 (el 33 %) reciben una pensión por vejez de parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Para cubrir el vacío estatal, al amparo de la antigua Ley del Régimen Opcional Complementario para La Administración de Fondos Privados de Pensiones (aprobada en 2002), surgieron las tres entidades mercantiles, conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El Banco Central de Honduras (BCH) autorizó a AFP Atlántida (en 2003), FICOHSA Pensiones, (2014) y BAC Pensiones (2016). Las tres, de acuerdo con balances de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), poseían un capital que superaba los L. 950 millones en 2018, según publicaciones en el primer semestre de ese año.
En varias Memorias Anuales (para el caso 2018 y 2019) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se puede observar datos financieros que permiten ver el crecimiento patrimonial de las instituciones de pensiones privadas. Así como los datos financieros al término del 2019 en relación al Sistema de Pensiones que dan idea del movimiento de estos recursos manejados por el sistema bancario.
En 2017, AFP Atlántida, la más antigua y grande, captó de sus afiliados (en edad productiva) L. 1, 462 millones en el fondo de moneda nacional y $ 34 millones en el fondo de moneda extranjera. Registró un crecimiento del 20.5% y 11.1% respecto a 2016. En 2018 la cartera de afiliados también creció significativamente.
En el 2018, el número de Afiliados en nuestra cartera creció en 5.20%, manteniendo su ritmo creciente y sostenido en relación al mercado al cual se tiene acceso, que en general son altos aportantes al Fondo de Pensiones Atlántida, según la Memoria Financiera de ese ente bancario.
En el Fondo de Pensiones se registró nuevamente un crecimiento importante en sus activos totales bajo administración, equivalentes a L. 2,254.2 MM, que representa un incremento del 23.30 % con relación al 2017, pasando de L.9,662 MM a L.11,916 MM al cierre de 2018, producto de las aportaciones de sus afiliados, en su mayoría personas a título individual, familias y aportaciones contributivas (empleado-empleador), que siguen encontrando el Fondo de Pensiones Atlántida, como el mejor instrumento financiero para administrar su patrimonio, algunos de ellos ya constituidos y con recursos provenientes de las diferentes instituciones del sistema financiero nacional.
Con estos datos quedan reflejados algunos de los beneficios e intereses que obtiene la banca privada por medio de la captación de fondos de pensión, iniciando el repunte del crecimiento en 2018 cuando las leyes aprobadas en el sector seguridad social comienzan a utilizarse, por otro lado, también demuestra que las instituciones de previsión y jubilación son rentables con una correcta administración.
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PRECARIAS JUBILACIONES Y DERECHOS
El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) tiene afiliados al menos 64,000 docentes activos y 19,500 jubilados. La crisis financiera se conoció desde el 2011, fecha en que el Gobierno tomó el control de la institución por medio de un directorio de especialistas.
En ese entonces, el Inprema presentó un déficit actuarial de 79,169.67 millones de lempiras el que, según, se redujo con el pasar de los años a 18, 284.26 millones, pero al 2020 vuelve a subir encontrándose actualmente en 26, 833.36 millones, solo que ahora la administración de los dineros de los maestros lo decide una corporación financiera.
Miembros de la Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados de Honduras (Amajupenh), lamentan que “el Inprema opera financieramente como un banco en donde en los prestamos utilizan el famoso retanqueo (Extensión de líneas de crédito), pero no existe el refinanciamiento”.
Lo anterior significa que hay maestros que en lugar de tener un solo préstamo, tienen que pagar dos o tres arrastrando saldos del primero y del segundo, distribuyéndolo en el plazo del tercero, “modalidad que nos está afectando enormemente como docentes en precaria jubilación”, expuso a Criterio.hn, Marina Lemus, presidenta de la seccional número uno de Amajupenh.
Sumado a eso, “para la construcción del Centro Cívico Gubernamental se invirtieron diez millones de dólares del Inprema, eso es una pérdida. También tiene invertido 41,463 millones de lempiras en la banca privada, en la banca nacional del Gobierno, sin embargo, para los jubilados ni siquiera existe un lugar de esparcimiento o de terapia ocupacional y hasta se han condonado intereses moratorios a las deudas que tienen las instituciones educativas privadas, cuando en su momento hicieron las deducciones pertinentes a los docentes y no las enteraron al Inprema, tampoco la aportación patronal”, denunció Lemus.
También, los maestros reclaman que no se les quiere acreditar el beneficio de 60 mensualidades postmorten que figuran en la ley anterior y que el Congreso Nacional aprobó en el decreto legislativo 57- 2019, sancionado por el Presidente en noviembre de 2019, pero el ministro de la presidencia Ebal Díaz, lo desmembró aduciendo que el Inprema quebraría, paradójico porque este beneficio es una continuación de la jubilación o pensión que disfrutan los beneficiarios, es dinero del maestro al ocurrir su deceso, solo que el maestro urge el mismo en vida para compra de medicamentos y disfrute de sus aportaciones.
En el caso de los pensionados y jubilados de la UNAH al menos 7, 218, muestran preocupación por las finanzas de su institución, ya que en la actualidad en el Inpreunah vienen arrastrando serios problemas de fondos por incumplimiento de la UNAH, en el sentido de acumular una deuda por aportación patronal que desde el 2019 a septiembre de 2020 superaba los 500 millones de lempiras, retenidos en la Secretaría de Finanzas (Sefin) generando con ello irresponsablemente un costo de oportunidad al Inpreunah que ronda los 40 millones de lempiras.
La Asociación de Jubilados y Pensionados de la UNAH (AjupeUnah), ha iniciado una ardua lucha para que ese dinero retenido propiedad del Inpreunah se transfiera urgentemente para fortalecer las finanzas del Instituto de Previsión y de esta manera invertir esos fondos para no caer en una descapitalización y cubrir la planilla de pago mensual, dijo el representante de Ajupeunah, Jorge Gallo.
Según Gallo la actitud irresponsable del Gobierno, autoridades de la UNAH y del Inpreunah está provocando un perjuicio en el portafolio de inversiones (certificados de depósito), que hasta septiembre rondaba los 100 millones de lempiras, lo que a su vez provoca un costo de oportunidad de alrededor de 2 millones de lempiras “por no invertir esos recursos”.
Gallo explicó que la política fallida de inversión está fijada hasta marzo de 2021 y registrará una desinversión que supera los 200 millones de lempiras con un costo de oportunidad de 12 millones de lempiras.
