Corrupción Honduras

Un pacto de impunidad que trascendió fronteras y excusas

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Tegucigalpa. -La publicación de la Lista Engel por parte del Gobierno de Estados Unidos generó malestar en los hondureños mencionados, entre ellos políticos, funcionarios y exfuncionarios públicos, quienes salieron al paso a enfatizar que su inclusión es injusta y que ellos nunca han violado la ley.

El listado es el primero de otros que emitirá a futuro, según ha alertado el gobierno estadounidense, para incluir a otros personajes vinculados a la corrupción y es una réplica de los casos que la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) presentó ante los tribunales de justicia junto a la Unidad Fiscal Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC).

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Entre los nombres más destacados está el del expresidente Porfirio Lobo y su esposa, Rosa Elena Bonilla de Lobo, además los diputados nacionalistas Juan Carlos Valenzuela, Welsy Vásquez, Milton Puerto, Gustavo Pérez, Óscar Nájera, Gladis Aurora López, Sara Medina y el diputado liberal, Elvin Santos, entre otros.

Una de las ofendidas por ser incluida en la lista, fue la diputada nacionalista por el departamento de El Paraíso, Sara Medina, quien manifestó que su mención como corrupta, es injusta porque el acto por el que se le procesó por la MACCIH no incurre en delito ni en corrupción.

LOS HECHOS:

Tweets: 1/4 “En el caso de mi nombre en el listado Engel, Mi proceso fue INJUSTO porque se presentó por ejercer mi función legislativa, NO fue por corrupción si no por la firma de un decreto al cual estaba obligada a realizar porque es parte de mi responsabilidad parlamentaria.

2/4 Así lo establece la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

3/4 El caso se sometió ante el órgano jurisdiccional competente y este lo desestimó y ordenó archivar las diligencias.

4/4 Pueblo hondureño y comunidad internacional les reafirmó mi compromiso de seguir trabajando de manera honrada y transparente. Es parte de mis principios y valores.

 

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UN PACTO LLENO DE MENTIRAS

Sara Medina, quien es parte del listado integrado por dos exfuncionarios, una exprimera dama, cinco exdiputados y 13 diputados–doce de ellos del oficialista Partido Nacional y uno liberal–fue incluida en el 2018 por su participación en el caso denominado por la MACCIH, como “Pacto de Impunidad”.

En este expediente, fiscales de la UFECIC, con el apoyo de la MACCIH, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un requerimiento fiscal contra los diputados Antonio César Rivera Callejas, Sara Ismela Medina Galo, José Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar.

La UFECIC los acusó de cometer los delitos de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, luego que se les comprobara que habían reformado de manera anómala del Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República mediante la implementación de una fe de erratas que cambió el sentido de lo aprobado por el pleno.

LEER MÁS SOBRE EL CASO:

Este requerimiento fiscal es el resultado de diversa información y actuaciones realizadas con posterioridad al requerimiento presentado el 24 de mayo último contra los diputados del Congreso Nacional (CN), José Tomas Zambrano, y Román Villeda Aguilar; y busca probar que los requeridos Antonio Cesar Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, en concierto de voluntades, aprobaron anómalamente la Ley de Presupuesto, con lo cual habrían violentado la voluntad del pleno del Congreso, con la finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos”, cita el requerimiento presentado por la UFECIC.

Luego de ser procesados, Rivera Callejas y Tomás Zambrano fueron librados de responsabilidad, mientras que los diputados Sara Medina y Román Villeda, tuvieron que enfrentar otras etapas de la acusación, hasta que fueron absueltos parcialmente por el Poder Judicial.

“El caso denominado “Pacto de Impunidad”, se originó el 11 de diciembre del año 2017 cuando la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), con el apoyo de MACCIH-OEA, presentó Requerimiento Fiscal en el caso “Red de Diputados” contra los diputados al Congreso Nacional Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres extraneus por el delito de Malversación de Caudales Públicos, relacionado al manejo de fondo sociales”, cita el documento de la MACCIH.

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 Y es que la reforma implementada a la Ley de Presupuesto y firmada por la Junta Directiva, entre ellos Sara Medina, pretendía según la MACCIH, proteger a la lista de diputados involucrados en corrupción en el manejo de fondos para proyectos sociales, en el que incluso figuraba Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional.

En más de una ocasión, el exvocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, afirmó que la investigación en el caso Red de Diputados, incluso llegaba a Oliva, por lo que el Congreso bajo su mando, actuó reformando esta y otras leyes para protegerse y establecer un pacto de impunidad.

“El proyecto de ley, una vez aprobado por el Congreso Nacional, adoptó la forma de Decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio Cesar Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, quienes lo autorizaron en condición de Presidente y Secretaria del Congreso Nacional. Esta autorización se realizó a pesar de contener dicha reforma, una versión que no fue discutida, ni aprobada por el pleno del Congreso Nacional, tal y como se desprende de la lectura que le dio a la citada norma el diputado Román Villeda Aguilar en su momento”.

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PROCESAMIENTO: FALSO

Las afirmaciones de Medina se dan en un contexto de desesperación por ser mencionada en la Lista Engel del gobierno de Estados Unidos, que argumenta que la diputada obstruyó las investigaciones sobre corrupción en su papel de secretaria del Congreso.

El listado incluyó al también diputado del Partido Nacional por el departamento de Ocotepeque, Román Villeda, procesado en el caso Pacto de Impunidad. A Villeda el gobierno estadounidense lo acusa de haber obstruido las investigaciones sobre corrupción, “lo que resultó en el sobreseimiento de un caso de malversación de fondos contra varios congresistas que estaban siendo investigados por redirigir dinero a una ONG falsa”.

El Ministerio Público salió al paso luego de conocer a los mencionados en la Lista Engels, manifestando que como entidad han realizado las acciones pertinentes, pero que los casos no avanzan una vez que llegan al Poder Judicial.

Con respecto al caso de Red de Diputados, que imputó a los exdiputados Augusto Cruz Asensio, Audelia Rodríguez, Dennys Sánchez, Héctor Padilla y Eleazar Juárez, el Ministerio Público explicó que el Poder Judicial ordenó archivar el expediente y dejar en libertad a los imputados, que también fueron incluidos en la Lista Engel.

La protección hacia Sara Medina continuó el pasado jueves en el Congreso Nacional con la aprobación de un decreto presentado por la también diputada del Partido Nacional, Waleska Zelaya, que busca eximir de responsabilidad penal a su correligionaria con el argumento que la congresista únicamente actuó bajo la responsabilidad de su cargo como secretaria del Poder Legislativo.

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VOTOS A FAVOR DE LA CORRUPCIÓN

El Poder Legislativo se ha convertido en una maquina productora de corrupción e impunidad y la MACCIH desnudó este extremo con la presentación de varios casos, adicionales a la Red de Diputados y al Pacto de Impunidad, como los casos Pandora y Planeta Verde, en los que se involucró a varios congresistas.

La actual composición del Poder Legislativo, en la que el Partido Nacional tiene control absoluto del Congreso, abre las puertas para la corrupción e impunidad.

“Sabemos que hay muchos diputados que responden a intereses particulares y a agendas ocultas, esto es grave y por eso es que la corrupción es uno de los grandes problemas que vive Honduras”, comentó a medios de comunicación, la diputada liberal, Karla Medal.

Medal se refirió a sus compañeros diputados que han sido mencionados en la Lista Engel quienes, sugirió, deberían ser inhabilitados de sus cargos, por participar en actos de corrupción y generar impunidad.

El oficialismo tiene 60 votos a su favor, entre ellos el de la diputada Sara Medina, quien actúa en función de la línea de su partido en la aprobación de cualquier ley o medida promovida por el nacionalismo sin importar que estas sean lesivas para los intereses de los hondureños o que representen actos de corrupción o acciones para promover la impunidad.

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Ante la arremetida judicial impulsada por la MACCIH, en contra de los que ahora son mencionados en la Lista Engel, el Congreso, con la colaboración de los afectados, comenzaron una cruzada para expulsar a la Misión.

La decisión final de no renovar el convenio de colaboración con la OEA-MACCIH, la tomó el Poder Ejecutivo pero, el Congreso Nacional sentó las bases para la determinación.

En diciembre de 2019, el Poder Legislativo brindó un informe en el que se concluyó que la presencia de la MACCIH no era necesaria en el país para combatir la corrupción, siendo esto el primer movimiento para que, en enero de 2020, el Poder Ejecutivo no renovara el convenio de continuidad de la Misión, suscrito por el gobierno de Honduras con la Organización de Estados Americanos (OEA).

Medina se sumó a los diputados que respaldaron el contenido del informe, y con ello obstaculizó la lucha contra la corrupción emprendida por esta Misión.

La diputada del PINU, Doris Gutiérrez, calificó la inclusión de los legislativos en la Lista Engel, como un acto penoso y repudiable, el que debe ser motivo de acciones por parte de la institucionalidad.

Para Gutiérrez la Fiscalía debe actuar con mayor firmeza y demandar al Poder Judicial acciones apegadas a la justicia y no responder a las órdenes que los políticos hacen para brindar impunidad a los corruptos.

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