Gustavo Flores Carbajal, cuarto imputado en el caso Koriun, permanece en prisión preventiva mientras se prepara su audiencia inicial entre tanto se cuestiona el silencio del gobierno tras prometer cubrir pérdidas de los afectados
Tegucigalpa, Honduras. – El Juzgado de Letras con competencia en Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó detención judicial contra Gustavo Flores Carbajal, administrador de la sucursal de Koriun Inversiones en Choluteca, tras celebrar la audiencia de declaración de imputado celebrada ayer domingo 15 de junio.
Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados del Poder Judicial, informó a Criterio.hn que Flores Carbajal es señalado por el delito de lavado de activos, luego que las autoridades determinaran que no pudo justificar el origen lícito de más de 52 millones de lempiras manejados en sus cuentas personales, fondos que según la Fiscalía corresponden a aportes de inversionistas de la financiera. “Flores Carbajal manejó de manera antojadiza en sus cuentas personales 52482170.32” se lee en el requerimiento fiscal.
Castillo, añadió que la audiencia inicial fue programada para el jueves 19 de junio a las 9:00 de la mañana, instancia en la que el juez decidirá si dicta un auto de formal procesamiento o sobreseimiento definitivo o provisional. Tras la audiencia, Flores Carbajal fue trasladado al centro penitenciario de Támara, donde permanecerá bajo detención judicial mientras avanza el proceso.
Flores Carbajal se convierte en el cuarto imputado en el caso Koriun Inversiones, sumándose a Iván Velásquez Castro (gerente general), Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez (administradora y esposa de Velásquez, quien cumple arresto domiciliario) y Marcos Abel Villeda Galdámez (empleado de contabilidad), todos acusados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) por el delito de lavado de activos.
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DEFENSA SOLICITARÁ ARRESTO DOMICILIARIO
La abogada defensora de Gustavo Flores Carbajal, Dilenia Herrera, anunció que solicitarán la medida de arresto domiciliario en la audiencia inicial, aunque enfatizó que la prioridad será demostrar la inocencia de su cliente.
Herrera declaró ante medios de comunicación que Flores Carbajal ya anticipaba un requerimiento fiscal tras el allanamiento a las oficinas de Koriun en Choluteca y que la premura del proceso ha dificultado la presentación de pruebas de arraigo. “Con toda sinceridad, Gustavo es una persona más que invirtió en Koriun sin saber que iba a perder prácticamente parte de su dinero, nunca estuvo enterado si Koriun era legal o no”, expresó la defensora, quien también afirmó desconocer el origen de la empresa.
La resolución sobre la situación jurídica de Flores Carbajal se conocerá el próximo jueves, cuando el juez evalúe los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa.
De acuerdo con el Ministerio Público, Koriun Inversiones operaba bajo un esquema de tipo Ponzi y funcionó durante al menos siete años sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), captando fondos de más de 35,000 personas en varias regiones del país.
DE LA PROMESA DE PAGO AL SILENCIO GUBERNAMENTAL
El caso Koriun Inversiones, continúa generando incertidumbre y preocupación, especialmente por falta de respuestas claras y efectivas por parte del gobierno, quien desde el allanamiento en abril a las instalaciones de Koriun en Choloma se comprometió públicamente a hacerse cargo del pago de las pérdidas de los inversionistas afectados por Koriun. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa promesa ha dado paso a un silencio que genera inquietud entre los afectados y la opinión pública.
Según Castañeda, este silencio podría deberse a que las autoridades reconocieron que la estrategia inicial no fue la adecuada. “Se estaban asumiendo roles y liderazgos que no les correspondían, y la forma en que se comunicó con los inversionistas terminó agravando la situación”, explicó. Además, señaló que la promesa estatal de cubrir las pérdidas no fue bien recibida por los afectados, quienes se sienten más frustrados ante la falta de resultados concretos.
El analista insistió en la necesidad de que el gobierno presente un informe detallado sobre los avances del caso y la nueva estrategia que se implementará para atender la crisis. “Es fundamental saber si mantienen la intención de cubrir el dinero perdido o si han descartado esa opción, y cómo avanza el proceso judicial en torno al lavado de activos”, puntualizó.
Analistas consideran que el silencio estatal pone en evidencia la complejidad del caso Koriun y la necesidad de una respuesta clara y coordinada por parte del gobierno y las instituciones encargadas, para afrontar las consecuencias financieras y legales de uno de los mayores escándalos de inversión en Honduras.
