El caso Koriun destapa contradicciones entre autoridades y abre un debate sobre la legalidad del pago estatal a afectados por estafas, entre tanto, protestas en Choloma paralizan la economía local en demanda de la devolución de los fondos captados por Koriun Inversiones
Foto portada: Jorge Burgos
Tegucigalpa, Honduras. – El juez en materia de Criminalidad organizada dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para Iván Abad Velásquez, gerente de Koriun Inversiones, y su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete, en el marco de la causa instruida por presunto lavado de activos y otros delitos relacionados.
Velásquez fue trasladado a la Penitenciaría Nacional de Támara, mientras que Kefi Gavarrete cumplirá la medida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Barbara Castillo, portavoz de los juzgados, al término de la audiencia inicial, informó que ambos quedaron con la medida de prisión preventiva debido a la gravedad de los delitos imputados. La audiencia inicial quedó programada para el próximo 19 de junio a las 9:30 de la mañana.
Castillo explicó que la medida no pudo ser modificada porque los presupuestos de los delitos aún no han desaparecido. En el caso de Iván Velásquez, se encontraron más de 175 millones de lempiras en efectivo en su casa y en las oficinas de Koriun, además de 213 mil dólares. Por su parte, Kefi Gavarrete no pudo justificar la procedencia de 5 millones 800 mil lempiras.
Por su parte, el abogado defensor de Velásquez, Roberto Talavera, indicó que analizará la resolución del juez para evaluar la posibilidad de presentar un recurso de apelación en los próximos tres días hábiles. Talavera señaló que el juez basó su decisión en que Koriun no tenía cuentas bancarias y que Velásquez mantenía grandes sumas de dinero en efectivo.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?
El 23 de abril cuando el Ministerio Público aseguró las instalaciones en Koriun Inversiones, contabilizó L 358,721,490 en las diferentes oficinas de la empresa que captaba dinero de manera irregular.
Sin embargo, Velásquez no es requerido judicialmente por la totalidad de los 358 millones ni por los 69 millones que estaban congelados en cuentas bancarias, lo que genera incertidumbre sobre la responsabilidad y el destino final de esos fondos.
La incertidumbre aumenta respecto al destino del dinero contabilizado, el presidente de la CNBS, Marcio Sierra, declaró en un programa televisivo que desconoce el paradero de los 358 millones de lempiras que el Ministerio Público mostró durante el allanamiento a Koriun Inversiones, ya que ese dinero supuestamente fue devuelto al gerente Iván Velásquez para que realizara la devolución a los socios inversionistas, dinero que «los habría devuelto» antes de ser capturado. Es decir, el MP no aseguró el dinero como medio de prueba. Sierra afirmó que ha cumplido con la ley y que esta semana solicitará el cierre oficial de la empresa, a la cual calificó como una estafa.
Las contradicciones entre las autoridades hondureñas aumentan, aunque la CNBS señala el delito de Estafa, el Ministerio Público señala que Iván Abad Velásquez no puede ser requerido por estafa debido a que no hay ninguna denuncia de las personas afectadas.
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PELIGROSO PRECEDENTE
El gobierno, ha prometido pagar con fondos públicos la deuda de Koriun a los 35000 aportantes de Koriun Inversiones, una decisión que ha sido calificada como ilegal porque el Estado no está facultado para pagar deudas privadas.
En ese sentido, el exfiscal Edmundo Orellana, ha advertido que debido a la decisión del gobierno y a la manera en la que se ha manejado el caso se abre la posibilidad de un peligroso precedente, ya que en adelante cualquier persona podría actuar de la misma manera sin temor a consecuencias legales y con la certeza que el gobierno responderá.
En América Latina, los gobiernos generalmente no se han hecho responsables de las deudas ni han pagado a los afectados por estafas piramidales, a diferencia de lo que pretende hacer el gobierno hondureño en el caso Koriun.
En la mayoría de los países de la región, las autoridades se enfocan en sancionar a los responsables y en recuperar parte de los bienes acumulados por los estafadores, pero la devolución total del dinero a los inversionistas suele ser limitada o inexistente debido a la complejidad legal y la dispersión de los fondos. Esta falta de responsabilidad estatal ha generado un sentimiento de impunidad y desconfianza hacia las instituciones.
La experiencia regional muestra que, sin un marco legal sólido y mecanismos claros para la recuperación y restitución de activos, estos procesos enfrentan grandes desafíos.
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APORTANTES DAN PLAZO AL GOBIERNO PARA DEVOLUCIÓN DEL DINERO
El pasado lunes, cientos de inversionistas de Koriun Inversiones se movilizaron de manera pacífica en las calles de Choloma para exigir al gobierno una respuesta clara y efectiva sobre la devolución de sus fondos, pero en San Marcos de Ocotepeque hubo una manifestación con piedras en contra de la Policia Nacional y salió herido el jefe regional.
Los manifestantes dieron un plazo hasta el miércoles 21 de mayo para que las autoridades les informen sobre las acciones concretas que se tomarán para garantizar la entrega del dinero, advirtiendo que continuarán con las protestas si no reciben una solución satisfactoria.
Entre tanto, las protestas protagonizadas por los aportantes de Koriun Inversiones han paralizado la economía en Choloma, ya que decenas de inversionistas han tomado las calles en jornadas continuas de manifestaciones exigiendo que la empresa continúe con las operaciones normales, y respuestas claras y la devolución de sus fondos. Estos bloqueos y cierres de vías han generado caos vehicular y afectado el normal desenvolvimiento comercial y productivo de la ciudad.
