Analistas y profesionales del derecho cuestionan intención del Gobierno de Honduras de utilizar fondos del Estado para indemnizar a los afectados por el esquema de estafa financiera de la empresa Koriun
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que propondrá reformas al Código Penal para tipificar de nuevo los fraudes financieros, eliminados en reformas anteriores
Tegucigalpa, Honduras. –El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, confirmó que el Gobierno de Honduras asumirá el pago de las pérdidas ocasionadas por la estafa Koriun Inversiones. Sin embargo, analistas advierten que esta acción es ilegal y estarían incurriendo en un delito.
Durante la sesión del miércoles 14 de mayo, Redondo declaró que la presidenta, Xiomara Castro, giró instrucciones para que las personas que fueron “afectadas con perdida de dinero por esta mecánica –esquema Ponzi— puedan recuperar su dinero con fondos públicos”.
Adelantó que la se está preparando una legislación para restituir en el Código Penal el delito de esquemas financieros fraudulentos, que fue eliminado en administraciones anteriores, para evitar que situaciones como la de Koriun se repitan.
GOBIERNO NO PUEDE PAGAR DEUDAS PRIVADAS CON FONDOS PÚBLICOS
Pese a estas intenciones, profesionales del derecho cuestionan la legalidad de pagar con dinero del Estado a personas que decidieron invertir en un negocio privado no regulado. El abogado penalista Carlos Chajtur señaló que lo propuesto por Redondo “es erróneo e ilegal”.
Chajtur recordó que, según el artículo 356 de la Constitución de la República, “el Estado solamente garantiza el pago de la deuda pública, que contraigan los gobiernos constitucionales”. Cualquier disposición contraria, agregó, implica responsabilidad civil, penal y administrativa.
“El Estado no puede pagar centavos por deudas privadas. Hacerlo es una clara violación a la Constitución y abre la puerta a sanciones contra los responsables”, expresó el abogado en declaraciones a medios nacionales.
Edmundo Orellana, exsecretario de Transparencia y exfiscal general, coincidió con esta postura y advirtió que “si el Gobierno paga a los afectados de Koriun, estaría incurriendo en un delito”.
Además, alertó que este precedente podría alentar a otros ciudadanos afectados por fraudes o estafas, similares al caso de la empresa Koriun, puedan exigir compensaciones económicas estatales.
En comunicación exclusiva con Criterio.hn, Orellana citó el artículo 321 de la Constitución, que prohíbe expresamente a los funcionarios públicos ejercer atribuciones que no estén otorgadas por la ley.
“El Estado no puede actuar más allá de lo autorizado. Para pagar, debe haber una ley que lo permita”, señaló.
No obstante, señaló que se deben crear recaudos, ya que el Ministerio Público advirtió del involucramiento de redes criminales y operaciones de lavado de activos en el caso de Koriun.
De interés: MP justifica ausencia de requerimiento fiscal contra gerente de Koriun por falta de indicios penales
OPINIONES DIVERSAS EN EL OFICIALISMO
La posibilidad de apoyar con fondos públicos a quienes depositaron su dinero en la empresa Koriun, divide las opiniones entre diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).
Por ejemplo, el legislador del Partido Libre Ramón Barrios dijo estar en contra que el Gobierno de Honduras destine fondos públicos para aquellas personas que se ven afectadas por la situación de Koriun.
A juicio de Barrios se debe buscar otro mecanismo de financiación, pero “el dinero público no”, porque sería “compensar los errores de educación financiera de personas particulares”.
MINISTERIO PÚBLICO EMITE MÁS REQUIRIMIENTOS FISCALES
En las últimas horas el Ministerio Público emitió requerimientos fiscales contra personal administrativo de la empresa Koriun Inversiones. El primero de ellos fue contra el gerente de Koriun Inversiones, Iván Abad Velásquez Castro, a quien se le dictó prisión preventiva por delitos de lavado de activos, portación ilegal de armas y desobediencia.
Este día la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó a Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, esposa del gerente de Koriun, a quien se le supone responsable del delito de lavado de activos.
La empresa Koriun Inversiones es señalada de captar dinero del público sin supervisión financiera, mediante promesas de rentabilidad que ahora se han desvanecido, dejando a miles de hondureños sin acceso a sus ahorros.
Aunque el gobierno busca responder al clamor de los afectados, analistas advierten que hacerlo sin un marco legal claro podría traer consecuencias legales para los funcionarios involucrados.
La situación plantea un dilema ético, legal y político: ¿debe el Estado rescatar a ciudadanos que confiaron en una empresa sin respaldo legal, o debe mantenerse firme en la protección de los fondos públicos?
El debate se intensifica en un año electoral, donde las decisiones gubernamentales tienen un alto impacto político. Mientras tanto, los afectados esperan respuestas y soluciones.
