La prolongada vigencia del estado de excepción en Honduras, con múltiples prórrogas y cuestionamientos legales, ha generado alertas sobre la vulneración de derechos humanos y la falta de resultados efectivos en la seguridad pública, especialmente en un contexto electoral crucial
Tegucigalpa, Honduras. – Debido a la prolongada permanencia del estado de excepción en Honduras, vigente desde diciembre de 2022 y prorrogado en múltiples ocasiones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha emitido una advertencia sobre los riesgos que esta situación representa para los derechos fundamentales principalmente en un año electoral.
El estado de excepción, suspendió seis garantías constitucionales, la medida fue inicialmente adoptada como una respuesta excepcional ante la grave situación de inseguridad que enfrenta el país, pero tras casi 900 días, diversas organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales han advertido que ha perdido su carácter extraordinario y que se ha convertido en una práctica habitual.
En ese sentido, de cara a las próximas elecciones generales, la Oacnudh insta al Estado hondureño a garantizar un ambiente propicio para el ejercicio pleno de las libertades de expresión, asociación, reunión pacífica y circulación, actualmente limitadas por el estado de excepción.
Además, recomienda revisar integralmente la estrategia de seguridad pública y abstenerse de seguir prorrogando esta medida.
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PRÓRROGAS DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN HONDURAS GENERAN PREOCUPACIÓN
El Congreso Nacional de Honduras ha ratificado de manera irregular las prórrogas del estado de excepción, habiendo aprobado formalmente solo cinco de los diecisiete decretos ejecutivos emitidos para extender esta medida desde diciembre de 2022.
En varias ocasiones, la ratificación se ha realizado fuera de los plazos establecidos, y algunas prórrogas ni siquiera han sido publicadas oficialmente, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y validez de las acciones tomadas bajo este marco.
Con 19 prorrogas y vigente en 226 de los 298 municipios del país. Karen Valladares, coordinadora de Cristosal en Honduras, advierte sobre las irregularidades legales y las graves consecuencias que esta medida ha tenido en el respeto a los derechos humanos.
“Existen ciertas irregularidades en torno a la legalidad de estas prórrogas, que han sido cuestionadas por medios independientes, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos como la nuestra”, señala Valladares.
Bajo este panorama, Valladares señala que es necesario revisar estas medidas, así como garantizar una supervisión adecuada y hacer un análisis profundo para que se respeten los derechos humanos de toda la población. “El estado de excepción no puede convertirse en una excusa para vulnerar derechos ni poner en riesgo la vida de las personas, especialmente en territorios históricamente estigmatizados”, advierte.
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CUÁLES SON LOS RESULTADOS DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Sobre el impacto en la población, Karen Valladares señala que “el estado de excepción sigue siendo un mecanismo controversial en la lucha contra el crimen, porque no existe legalidad en el respeto a los derechos humanos”.
El CONADEH ha reportado casi 800 quejas entre 2022 y 2024 por detenciones arbitrarias y allanamientos sin autorización previa.
En cuanto a los resultados, la coordinadora es contundente: “Todos los días hay asaltos, muertes violentas y extorsiones. Los mismos dueños de buses han denunciado que no aguantan la extorsión, que fue la razón para decretar el estado de excepción. Pero la realidad muestra que no ha habido mejoras reales”. Por ello, insiste en que tanto el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Seguridad debe existir un dialogo sobre los resultados reales de estas medidas y sus beneficios para la población.
En reiteradas ocasiones, analistas han sugerido al Estado hondureño sobre necesidad de una política de seguridad que proteja a los ciudadanos comunes, “que no se base en mano dura sino en resultados concretos que realmente beneficien a la población”, enfatiza Karen Valladares.
Asimismo, han advertido que el estado de excepción otorga poderes extraordinarios a las fuerzas policiales, permitiéndoles detenciones y allanamientos sin orden judicial, lo que deriva en abusos y violencia por parte los entes armados del Estado.
