Tegucigalpa, Honduras. – En Honduras, actuar en defensa propia ante una agresión sexual puede significar la pérdida de la libertad y la criminalización para las víctimas, o al menos eso es lo que refleja el caso de la joven afrohondureña Lisby Dayana Allen.
En múltiples ocasiones las organizaciones han señalado las carencias de perspectiva de género del sistema judicial hondureño, un hecho que perpetúa la impunidad y que dificulta el acceso equitativo a la justicia.
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CONTEXTO DEL CASO
El 4 de julio de 2021, Lisby Dayana Allen, una joven afrohondureña de 18 años, originaria de Islas de la Bahía, fue secuestrada a mano armada en el municipio de Olanchito, Yoro, por Martír Carbajal, mientras se encontraba en el lugar de trabajo de su madre, el merendero La Negra.
El agresor de 51 años, quien se encontraba con dos hombres más, amenazó a la víctima con atentar en contra de la vida de su madre y de su hija, si no se iba con él.
Lisby en contra de su voluntad fue llevada por Carbajal al Hotel Palmeras, ubicado en la colonia El Triángulo, del municipio de Olanchito y fue ultrajada sexualmente durante dos horas por su abusador quién la sometió mediante amenazas de muerte apuntando a su cabeza con un arma de fuego. En un acto de defensa propia, tomó el arma con la que su victimario la amenazó y le disparó, causándole la muerte.
Tras el hecho, la joven llamó al 911 comunicando que había sido víctima de violación y que actuando en defensa propia disparo en contra de su abusador, pero que desconocía el estado en el que se encontraba, luego del aviso Allen fue abordada por un agente de la Policia Nacional, quién la traslado hacia la Dirección Policial de Investigaciones donde se le realizó la lectura de sus derechos, sin contar con un representante legal.
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PAPEL DE LA JUSTICIA HONDUREÑA
El 5 de julio de 2021 el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal solicitando la medida de detención judicial en contra de Lisby Allen, a quién se le acusó por el delito de homicidio en perjuicio de Martir Carbajal, su agresor.
Durante la sustentación del hecho, la joven fue sometida a un proceso abreviado, donde sin tomar en cuenta la violación continua a la que fue sujeta por Carbajal fue orillada a aceptar la culpa, sin comunicarle los efectos que traerían consigo el proceso.
El 26 de enero de 2023, el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, dictó una sentencia condenatoria por el delito de homicidio en contra de Allen, imponiendo una pena de 11 años con tres meses de reclusión.
El 8 de enero del año en curso, la Red Lésbica Cattrachas, junto al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), realizaron la presentación de un recurso de revisión, con el que se busca revertir la sentencia dictada en 2023, argumentando que la joven actuó en defensa propia bajo el escenario de agresiones al que fue sometida por Carbajal.
23 días después, exactamente el 31 de enero de 2025, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, admitió el recurso de revisión, por lo que ahora se estaría a la espera que las autoridades del Poder Judicial reevalúe el caso, aplicando una perspectiva de género y considerando el contexto en el que Lisby Allen actuó en defensa propia para proteger su integridad.
TRASLADO DE LISBY ES UN ABUSO DE AUTORIDAD
A casi cuatro meses de haberse admitido el recurso de revisión por la Sala de lo Constitucional, la Red Lésbica Cattrachas denunció públicamente que Lisby Allen, joven garífuna, fue trasladada de manera irregular desde Olanchito, sin justificación legal y sin notificación previa a su defensa a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), un hecho que fue condenado por diversas organizaciones de derechos humanos.
El analista en derechos humanos, Christian López, explicó a Criterio.hn que la acción realizada en contra de Lisby no solo vulnero el debido proceso y a la defensa efectiva, sino que también la aisló de sus redes de apoyo en un contexto donde su seguridad física y emocional ya estaba comprometida.
Sobre la decisión, López señaló que está lejos de ser un movimiento administrativo, puesto que el exponer a la joven a nuevos riesgos, profundiza la situación de abandono institucional y agrava su situación como mujer víctima de violencia.
El analista hizo referencia a los recursos de habeas corpus interpuestos por la defensa de Lisby y que fueron rechazados de forma inmediata, un acto según López evidencia la indiferencia institucional ante la posibilidad de violacione a graves derechos humanos.
A criterio del analista de derechos humanos, el caso de Lisby representa las expresiones más evidentes de las falencias estructurales del sistema de justicia en Honduras, ya que desde el inicio no se trato como a una víctima de abuso sexual si no como una victimaria, pese a ser quién le informo a las autoridades lo sucedido.
OPINIONES FEMINISTAS
Para la feminista e integrante del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Cristina Alvarado, el sistema judicial hondureño posee debilidades que se derivan del prejuicio machista y los prejuicios en contra las mujeres, por lo cual no existen estructuras que evidencien que el acceso a la justicia para las mujeres sea una realidad.
Alvarado aseguró, que en el caso de Lisby Allen se ven evidenciadas las carencias de acceso a la justicia para las hondureñas, pese a que la joven fue victima y actuó en defensa propia en contra de su agresor, habiendo indicios de violencia, los operados de justicia no tomaron en consideración la situación enmarcada en el hecho y optaron por criminalizarla.
La feminista explicó que lo ocurrido en este caso, suele ser muy común en el Poder Judicial, y que se debe a la falta de sensibilización por parte del personal.
Alvarado explicó que, en este caso, las autoridades debieron considerar todos los patrones de violencia que Lisby enfrentó, incluyendo la desesperación, la angustia y el dolor. Sin embargo, lejos de reconocerla como víctima y entender que actuó en defensa propia, el sistema la castigó aún más, revictimizándola y negándole la posibilidad de estar con su familia.
Han pasado casi cuatro años desde que Lisby Allen perdió su libertad por defenderse de una agresión sexual. Hoy, con 22 años, su caso sigue siendo un reflejo de la profunda ausencia de perspectiva de género en el sistema judicial hondureño y de la desprotección que enfrentan las mujeres cuando buscan justicia.
