El recurso del Consejo Indígena Lenca de Reitoca se suma a otros siete presentados contra la reforma al delito de usurpación, vigente desde la administración de Juan Orlando Hernández
Tegucigalpa, Honduras. – El Consejo Indígena Lenca de Reitoca interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la figura de usurpación ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la reforma del artículo 378 del decreto legislativo 93-2021 ha sido utilizada para criminalizar a los defensores del territorio en Honduras.
Heredado de la administración de Juan Orlando Hernández y pese a las promesas del Congreso Nacional para su derogación parcial, el decreto 93-2021 sigue vigente. Desde el Poder Legislativo no se perciben avances en su anulación.
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El recurso fue presentado ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucionalidad por Wilmer Otoniel Alonzo Herrera y José Orlando Rodas, acompañados por pobladores de Reitoca, Francisco Morazán, y el Bufete Justicia para los Pueblos.
Tanto Alonzo como Rodas fueron criminalizados bajo las figuras de usurpación y daños por oponerse al proyecto hidroeléctrico en el río Grande o Petacón de Reitoca, promovido por la empresa extractiva Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa). Finalmente, durante el juicio –en una acción arbitraria promovida por los fiscales– los jueces les condenaron por perturbación de un derecho real, un delito inexistente en el proceso originalmente planteado contra los defensores del agua y territorio.
“Este decreto [93-2021] no tiene otro propósito más que criminalizar a quienes defienden los bienes comunes. Por eso hoy estamos aquí, presentando este recurso de inconstitucionalidad. Las personas que luchamos por el agua, la tierra y el territorio no somos delincuentes ni generamos conflictos sociales. Al contrario, defendemos la vida. Este decreto debe ser anulado para que no se siga castigando a quienes protegen lo que es de todos”, afirmó Wilmer Alonzo a Criterio.hn.
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Junior Zúniga, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, explicó que la reforma al artículo 378, mediante el Decreto 93-2021, tiene un enfoque punitivo y peyorativo que criminaliza a los pueblos indígenas, especialmente a quienes defienden la tierra y el territorio.
Zúniga denunció que la figura de usurpación ha sido utilizada sistemáticamente a nivel nacional para despojar a comunidades sin títulos de propiedad, incluso cuando cuentan con posesión ancestral. Criticó además que ahora basta con que alguien inscriba un título privado en el Instituto de la Propiedad para desalojar a comunidades enteras.
El Consejo Indígena Lenca de Reitoca afirmó –mediante un comunicado– que la reforma al Código Penal a través del decreto 93-2021, tuvo como propósito beneficiar a empresas y criminalizar la protesta social, permitiendo que personas defensoras de derechos humanos sean juzgadas por proteger los bienes públicos y comunes.
Asimismo, exigieron al Ministerio Público “avances concretos e inmediatos” en las investigaciones sobre el proceso de concesión del proyecto hidroeléctrico y las acciones violentas contra la comunidad.
El 19 de marzo de este año, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación vinculada a las presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos a la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa). El proceso investigativo parte de la denuncia realizada en 2017 por el Consejo Indígena Lenca de Reitoca.
En 2020, Criterio.hn público la investigación “Río Petacón, entre el poder y la corrupción”, en la que se aborda el proceso irregular detrás de la concesión de la hidroeléctrica, los daños ambientales provocados y la persecución promovida por la empresa contra personas defensoras del territorio.
