La falta de requerimientos fiscales y la demora en acciones penales generan cuestionamientos sobre la transparencia y eficacia en la investigación de las operaciones Koriun Inversiones
Tegucigalpa Honduras. – El caso Koriun Inversiones, una empresa intervenida por el Ministerio Público (MP) por operar bajo un esquema Ponzi que pone en riesgo el sistema financiero nacional, sigue generando dudas y cuestionamientos sobre el avance de las investigaciones y las acciones fiscales emprendidas.
Desde el aseguramiento de millones de lempiras y el hecho más reciente en que Ivan Avad Velásquez, representante legal de Koriun Inversiones, intentaba salir de las oficinas con más de 50,000 dólares escondidos en su vehículo no se ha generado ningún requerimiento fiscal.
En una entrevista con Criterio.hn, Yuri Mora, director de Comunicaciones del MP, confirmó que hasta la fecha no hay un requerimiento fiscal tras el aseguramiento del pasado 23 de abril, y justificó la ausencia de requerimientos fiscales argumentando que «hasta el sol de hoy ninguna persona ha sido estafada» y que «el sistema todavía no había colapsado» al momento de la intervención.
Sin embargo, esta postura resulta cuestionable frente a la evidencia oficial. El MP, junto con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos, aseguró la empresa y los bienes de sus representantes tras constatar que Koriun operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y captaba dinero de manera irregular, con promesas de rentabilidad del 5% semanal, lo que caracteriza un esquema Ponzi.
La justificación de Mora de que no puede hablar de estafa porque los inversionistas «están contentos» y «les han entregado sus intereses» parece ignorar que la ilegalidad de captar fondos sin permisos y el riesgo de colapso del esquema ya están documentados por las autoridades.
Además, la demora de más de 17 días sin un requerimiento fiscal, pese a la gravedad del caso y la cantidad de dinero involucrada –69 millones en 39 cuentas congeladas y 358 millones en efectivo asegurados el día de allanamiento— genera inquietud sobre la celeridad y transparencia del proceso judicial.
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CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN LA ESTRATEGIA DEL MINISTERIO PÚBLICO
El abogado penalista Marlon Duarte destacó la magnitud del caso Koriun Inversiones al señalar que «ni a los narcotraficantes en Honduras les encontraron tal cantidad» de dinero, en referencia a los millones asegurados en la empresa investigada por operar bajo el esquema ponzi.
Duarte explicó que el Ministerio Público se ampara en la figura jurídica de las «causas de justificación» para no ejercer acciones penales inmediatas contra los responsables de Koriun Inversiones, con el fin de evitar un mal mayor que afecte a los aproximadamente 30,000 inversionistas involucrados.
Duarte explica que esta estrategia busca proteger a los aproximadamente 35,000 inversionistas que aún mantienen confianza en la empresa, a pesar de las irregularidades detectadas.
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SÍNDROME DE ESTOCOLMO
Miles de inversionistas permanecen a las afueras de las oficinas de Koriun Inversiones, manifestando su apoyo y solicitando que la empresa continúe operando. Estas personas, muchas de ellas con sus ahorros invertidos, expresan su confianza en la compañía argumentando que hasta el momento han recibido los rendimientos prometidos
Ante ello, Duarte señala que esta situación ha generado una especie de “mal de Estocolmo” entre los inversionistas, quienes defienden a la empresa y rechazan la intervención de las autoridades y la prensa, argumentando que los bancos tradicionales no les ofrecen rendimientos.
En ese sentido, advierte que esta empatía hacia los supuestos estafadores dificulta la labor del Ministerio Público, que se encuentra en un delicado equilibrio entre garantizar la devolución del dinero y evitar un colapso social que afectaría a miles de personas.
No obstante, el abogado penalista enfatiza que esta estrategia no puede prolongarse indefinidamente. Señala que, aunque no se haya presentado una denuncia formal, el Ministerio Público tiene la facultad de iniciar investigaciones, y que el delito que podría tipificarse es la estafa, definida como el engaño para obtener un beneficio económico ilícito.
Duarte critica la falta de acciones contundentes para frenar la operación irregular de Koriun, que ha manejado sumas millonarias sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Enfatizó que, aunque el Estado no puede hacerse responsable por las pérdidas de los inversionistas, es imperativo que se realicen investigaciones profundas para sancionar a los responsables y evitar que casos similares se repitan en Honduras, un país que aún lucha por fortalecer sus garantías sociales y legales.
