Más de 35 mil afectados podrán comenzar a recuperar sus fondos tras la revocatoria del aseguramiento de 39 cuentas bancarias, aunque persiste la incertidumbre por la falta de avances judiciales y la continuidad de operaciones irregulares de la empresa
Tegucigalpa, Honduras. – A partir del lunes 12 de mayo, más de 35 mil inversionistas de la empresa Koriun Inversiones podrán comenzar a recuperar su dinero, luego de que el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito ordenara la revocatoria de aseguramiento sobre 39 cuentas bancarias de la compañía, por un monto total de 69,198,522.78 lempiras.
Esta medida, solicitada por el Ministerio Público (MP), de acuerdo con Melvin Duarte, director de comunicaciones del Poder Judicial, tiene como objetivo facilitar la devolución de los fondos a los afectados, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la veeduría del propio MP.
A pesar de las irregularidades evidenciadas por el Ministerio Público, bajo las que operaba Koriun Inversiones hasta la fecha no se reportan capturas ni avances claros en el proceso judicial, lo que alimenta la incertidumbre y el malestar de la población afectada.
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INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA
La decisión judicial de revocar el aseguramiento de las cuentas bancarias se da en un contexto de creciente incertidumbre y tensión social, especialmente en Choloma, donde cientos de inversionistas afectados mantienen protestas constantes que ha derivado en represión policial, unos exigiendo la devolución de su dinero y otros la continuidad de las operaciones de Koriun –empresa que les ofrecía el 5 % semanal de intereses—.
“Necesitamos el capital, yo no quiero más nada, solo el capital” expresó un ciudadano que tenia tres meses en la empresa.
Ayer los disturbios protagonizados por los socios de Koriun Inversiones en Choloma se extendieron hasta altas horas de la noche, con enfrentamientos violentos entre manifestantes y la Policía Nacional que incluyeron el lanzamiento de piedras y palos.
Esta mañana, la zona donde está ubicada la empresa continúa bajo fuerte tensión, con presencia policial y bloqueos que mantienen paralizado el tránsito vehicular en la carretera principal, mientras los inversionistas mantienen la presión exigiendo una solución definitiva al conflicto
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INTERVENCIÓN Y ASEGURAMIENTO: ¿QUÉ HIZO EL MINISTERIO PÚBLICO?
El caso Koriun Inversiones ha expuesto irregularidades en la gestión judicial y administrativa, generando incertidumbre para los más de 30 mil afectados. Edmundo Orellana, exfiscal general, enfatiza la necesidad de que el Ministerio Público actúe conforme a la ley, lleve a los responsables ante los tribunales y garantice un proceso transparente que proteja los derechos de los inversionistas sin vulnerar la legalidad.
El Ministerio Público (MP) intervino Koriun Inversiones tras la denuncia presentada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que alertó sobre captación ilegal de dinero público por parte de esta empresa. En la intervención, el MP encontró y aseguró una gran cantidad de dinero en efectivo, estimado en más de 300 millones de lempiras, incluso oculto en casas de los involucrados. Hasta ese momento, Orellana considera que el MP actuó correctamente al asegurar los bienes y detener la actividad ilegal.
Sin embargo, el exfiscal cuestiona que, a pesar de la intervención, Koriun Inversiones sigue operando en algunas sucursales y no se ha iniciado un proceso judicial formal contra los responsables. «Si los socios responden penalmente por la gestión ilegal, ¿por qué nadie ha sido acusado?», se preguntó Orellana.
Además, advierte que el MP no puede renunciar a la acción criminal ni permitir que la empresa siga funcionando tras comprobar la ilegalidad
Por otro lado, Orellana alertó que el proceder actual del MP podría traer problemas legales futuros por actuar fuera del marco legal y no llevar el caso a tribunales. Subrayó que la Constitución limita las funciones de los funcionarios públicos a lo expresamente autorizado por ley, y el MP “no puede perdonar ni exonerar delitos”. Por ello, considera que la falta de acusaciones y la revocatoria del aseguramiento de cuentas bancarias complican aún más el caso y socavan la seguridad jurídica.
