Por: Ronald L. Glass
En toda Centroamérica—y con una gravedad alarmante en Honduras—el crimen organizado ha alcanzado niveles inéditos de infiltración política, innovación delictiva y poder territorial. Comunidades enteras están sitiadas. Las instituciones democráticas se tambalean. Y la economía formal se ve estrangulada por la violencia, la extorsión y el miedo. Ya no se trata de una crisis nacional. Es una emergencia regional que exige una respuesta colectiva y decidida.
Durante años, la economía criminal en el Triángulo Norte fue impulsada por el tráfico de migrantes. Los corredores migratorios que atraviesan Guatemala, Honduras y El Salvador eran una de las fuentes de ingreso más lucrativas para las organizaciones criminales transnacionales. Pero ese modelo está colapsando. Con la llegada del nuevo gobierno del presidente Trump—en su segundo mandato—y el cierre casi total de la frontera sur de Estados Unidos, así como el endurecimiento de las deportaciones internas, ese flujo se ha reducido drásticamente.
Como era de esperarse, el crimen organizado no ha desaparecido. Se ha reconfigurado.
Honduras y sus vecinos deben prepararse no para un alivio, sino para una transformación del crimen.
Post-migración: el nuevo portafolio del crimen
Las organizaciones criminales en Centroamérica no son improvisadas. Funcionan como conglomerados multinacionales. Cuando una fuente de ingresos se agota, diversifican.
• Narcotráfico y rutas marítimas: Con menos tráfico terrestre, las rutas por la costa Caribe—particularmente en Honduras—se han vuelto esenciales para el transporte de cocaína hacia México y el Atlántico.
• Extorsión y control local: Al caer los ingresos por migración, las pandillas redoblan su control sobre pequeños comerciantes, transportistas y trabajadores informales.
• Ciberdelitos y fraudes financieros: El lavado de dinero mediante criptomonedas, las estafas digitales y los ataques cibernéticos van en aumento, aprovechando vacíos legales.
• Trata de personas y explotación sexual: Las rutas migratorias se han transformado en redes de trata, especialmente de mujeres, niñas y adolescentes.
• Crimen ambiental: En zonas como La Mosquitia, los grupos delictivos están saqueando los recursos naturales mediante tala ilegal, minería ilícita y acaparamiento de tierras.
Esta mutación ya está en marcha. Y sin embargo, la región sigue desprovista de mecanismos de respuesta efectivos.
Washington ya no vendrá al rescate
La era del liderazgo automático de Estados Unidos en temas de seguridad terminó. La nueva administración Trump ha recortado la asistencia exterior y ha reducido su involucramiento multilateral en la región. Incluso los aliados tradicionales en Washington ahora están más enfocados en disuasión migratoria que en cooperación estructural.
Centroamérica enfrenta una amenaza en expansión—prácticamente sola.
El lobo en la puerta: complicidad estatal en Honduras
Pero el problema va más allá de la ausencia de Washington. En Honduras, el Estado no solo es débil; en sectores clave, está capturado.
Existen indicios contundentes—y en algunos casos, condenas judiciales—que demuestran que actores incrustados en el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y el sistema de justicia no solo han tolerado, sino que han facilitado el narcotráfico y otras actividades criminales. Campañas políticas financiadas con dinero ilícito, fiscales silenciados, leyes hechas a la medida del crimen. En este contexto, pedir que Honduras lidere un esfuerzo regional de seguridad sería como pedirle al lobo que cuide el gallinero.
Esto no significa que Honduras deba ser excluido, pero sí que debe ser parte de un marco multilateral con mecanismos sólidos de transparencia, monitoreo y rendición de cuentas.
Lo que la región necesita: un pacto colectivo con integridad
Centroamérica necesita una alianza regional de seguridad, neutral, profesional y sujeta a vigilancia internacional. Este pacto debería incluir:
• Centros regionales de inteligencia conjunta y equipos de investigación transfronteriza.
• Unidades especializadas en vigilancia marítima, ciberdelitos y lucha contra la trata.
• Controles de integridad interna: vetting, auditorías, informes públicos y cooperación con entes internacionales contra la corrupción.
• Revisión judicial regional, para evitar que la impunidad en un país arruine los esfuerzos de todos.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF, la OEA y otros actores multilaterales deben financiar y acompañar esta iniciativa—no solo desde la perspectiva de seguridad, sino también desde los derechos humanos y la protección de las instituciones democráticas.
Repensar el liderazgo
En lugar de depositar la confianza en gobiernos nacionales comprometidos, el liderazgo regional debe ser distribuido y condicionado. Democracias con mayor solidez institucional—como Costa Rica o Uruguay—podrían jugar un rol ancla. La sociedad civil, el periodismo de investigación y las fiscalías independientes deben tener voz y voto.
Esto no es solo una agenda de seguridad. Es una estrategia para rescatar la legitimidad del Estado.
Conclusión: el costo de esperar
El crimen organizado no está retrocediendo. Se está reinventando. Si Centroamérica no responde con la misma agilidad, la región seguirá cayendo en un ciclo de violencia, impunidad y estancamiento económico. Pero si Honduras y sus vecinos actúan—de forma coordinada, vigilada y valiente—pueden transformar esta era de repliegue geopolítico en un renacimiento regional.
La pregunta ya no es si podemos permitirnos actuar. La pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo.
