Analistas consultados por Criterio.hn señalan que, si el Congreso aprueba el proyecto de ley, el gobierno no incurriría en una ilegalidad, ya que contaría con un marco para utilizar los fondos públicos
Tegucigalpa, Honduras. – Durante la noche del pasado 15 de mayo, el presidente de la Comisión de Bancas y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, informó, que el gobierno está trabajando en un proyecto de ley que busca indemnizar con dinero del Estado a los más de 35,000 afectados por la estafa piramidal de Koriun Inversiones.
Aunque la propuesta de la presidenta Xiomara Castro ha sido cuestionada por distintos sectores de la sociedad, las bancadas mayoritarias del Congreso Nacional podrían darle su respaldo, ya que hasta el momento no han evidenciado su rechazo a la iniciativa.
Lea también: Advierten que pagos a inversionistas estafados por Koriun por parte del gobierno son ilegales
BANCADAS MAYORITARIAS PARECEN NO OPONERSE
Tras confirmarse la elaboración del proyecto de ley, los jefes de bancada de los principales partidos de oposición expresaron sus posturas en un conocido foro televisivo. Aunque señalaron diversos aspectos que requieren análisis, lo que más llamó la atención fue que ninguno rechazó ni negó la posibilidad de aprobar los fondos, a pesar que se trata de una iniciativa impulsada por el oficialismo.
Por ejemplo, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano manifestó que hasta el momento no se han reunido para hablar sobre la propuesta, pero que sí poseen observaciones sobre el tema.
Zambrano enfatizó la necesidad de realizar investigaciones más profundas y que el Estado detalle la situación patrimonial de la empresa, el destino de los fondos incautados y el estado financiero actual, entre otros aspectos clave.
El congresista señaló que existen varios aspectos desconocidos en torno al caso de Koriun Inversiones, lo que dificulta una aprobación inmediata de la iniciativa, ya que se requieren investigaciones más profundas. Sin embargo, este no evidenció rechazo a la propuesta, aunque la calificó como un intento del oficialismo por ganar apoyo político.
“Libre quiere ver como hace política y como capta la atención de los 35,000 usuarios afectados”, aseguró el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, pidió que el caso de Koriun no se convierta en un problema político, sino que se aborde desde una perspectiva nacional, enfocándose en las repercusiones que podría tener, no solo en las finanzas públicas, sino también en el precedente que se estaría sentando.
Segura manifestó que realizarían un análisis del proyecto una vez que este sea enviado al Congreso Nacional, y que dependiendo de ello tomarán la decisión de apoyar o no la iniciativa.
PSH DICE NO AUN CHEQUE EN BLANCO
Para conocer la postura del Partido Salvador de Honduras, Criterio.hn, contactó al jefe de la bancada, Carlos Umaña, quién aseguró que hasta el momento no han tomado decisiones al respecto, pero que la mayoría de sus diputados están en contra de la pretensión del gobierno.
Umaña explicó que, para avalar el decreto, deben cumplirse varios requisitos clave. Entre ellos, una investigación exhaustiva que permita identificar y judicializar a los responsables, tanto de alto como de bajo nivel, también señaló, que debe llevarse a cabo una liquidación completa de la empresa, en la que se subasten sus bienes y activos, y que esos recursos sean utilizados prioritariamente para resarcir a las personas afectadas por la estafa.
Además de ello, el congresista aseguró que no están dispuestos a dar un cheque en blanco al gobierno de la república para que lo utilice de mala manera, y en ese sentido recalcó que su postura definitiva sería tomada la próxima semana durante la próxima sesión en el Congreso Nacional.
Pie de foto: “Tomaremos una decisión en el pleno, pero considerando que es ilegal e inconstitucional la mayoría no lo apoya” dijo a Criterio.hn, el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña.
¿HAY LEGALIDAD?
El exfiscal general y excanciller de la República, Edmundo Orellana, explicó en entrevista con Criterio.hn que, hasta el momento, no existe una ley vigente que autorice a funcionarios del Poder Ejecutivo a pagar deudas privadas. No obstante, aclaró que si el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley que habilite dicho pago, dejaría de ser ilegal, al contar con sustento jurídico.
Orellana señaló que la ruta tomada por la presidenta Xiomara Castro es la correcta, pues al enviar el proyecto de ley al Poder Legislativo, la responsabilidad recae en los congresistas, quienes son los que deben determinar el dictamen.
¿EXISTE MOTIVACIONES POLÍTICAS ALREDEDOR DE LA INICIATIVA?
Para el abogado y analista político, Luis León, el Estado no puede asumir la responsabilidad financiera de un tercero, por lo que considera que el accionar de las autoridades si responden a una estrategia debido a que existe un contexto electoral y el hecho se registró en un municipio de un departamento que posee una gran carga electoral y congraciarse o no con los ciudadanos afectados posee un claro interés político.
El jurista advirtió que las acciones que está emprendiendo el gobierno podrían abrir la puerta a futuros desfalcos, quiebras y malos manejos, ya que sentarían un precedente en el que los afectados por inversiones privadas mal gestionadas esperen que el Estado asuma la responsabilidad, como ocurre actualmente con el caso de Koriun.
Según lo expuesto por León, en lugar de aprobar el proyecto, el caso debería abrir la puerta a una reforma del Estado, especialmente en lo relacionado con las garantías constitucionales. Señaló que, aunque la Constitución establece que el Estado debe proteger los bienes de los hondureños, esto no implica que deba asumir responsabilidad directa por ellos.
ACTUAR DEL MP
A criterio del exfiscal y excanciller de la República, Edmundo Orellana, el Ministerio Público no ha actuado con la contundencia que exige un caso como el de Koriun Inversiones. Como ejemplo, señaló la incautación del dinero a la empresa, la cual no contaba con documentación que acreditara un origen lícito de los fondos. En ese contexto, dijo que era razonable presumir que el dinero podía estar vinculado al lavado de activos, ya que Koriun operaba bajo un esquema propio del crimen organizado, pero aun así las autoridades no actuaron con la debida firmeza.
Orellana señaló que la decisión del Ministerio Público de permitir que el dinero quedará en manos del gerente de Koriun Inversiones representaba un grave riesgo, ya que existía la posibilidad de que esos fondos regresaran al crimen organizado. Explicó que el efectivo no fue incautado, sino únicamente el dinero depositado en el sistema bancario, lo cual evidencia una acción incompleta por parte de la Fiscalía.
El excanciller apuntó que lo ocurrido con Koriun es una situación grave que está generando inestabilidad social, y que va a provocar problemas económicos serios, puesto que el conflicto tiene como epicentro una de las arterias más importantes del país, por donde se movilizan las mercancías que Honduras importa y exporta, y que, de continuar esta crisis sin control, la economía nacional podría deteriorarse severamente.
POSTURA DE LA CCIC
Ante la pretensión del Estado de asumir con la responsabilidad del pago a los afectados por Koriun Inversiones, La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), mediante un comunicado señaló que el uso de fondos públicos para cubrir pérdidas de carácter privado es una acción jurídicamente improcedente abriría la posibilidad a futuros fraudes que podrían poner en riesgo las finanzas del país.
En ese sentido la CCIC, rechazó la iniciativa promovida por la presidenta Xiomara Castro, y exhortó a las autoridades a investigar y sancionar a los ciudadanos responsables detrás de la estafa piramidal incluyendo a aquellos que facilitaron su funcionamiento valiéndose de su posición como funcionarios del Estado.
La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés señaló la falta de educación financiera como uno de los factores que permitió la estafa de Koriun Inversiones. En ese sentido, instó al Estado a priorizar el fortalecimiento educativo en lugar de comprometer los recursos públicos del país con indemnizaciones.
