Inhgeomin legitima ilegalidades mineras y vulnera derecho a participación ciudadana

La autoridad minera rechaza la oposición de las comunidades a la renovación del contrato de la planta peletizadora de Ecotek y su derecho a la consulta, insistiendo en que solo el Estado y la empresa tienen voz en el proceso

Tegucigalpa, Honduras. – Sin importar quién ocupe la silla presidencial y las promesas de campaña, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) parece actuar sistemáticamente en detrimento del derecho a la participación ciudadana en relación con los proyectos mineros.

Así lo expresaron integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) tras conocerse la resolución emitida por esta institución el pasado 14 de mayo, en la que declaro sin lugar la oposición comunitaria contra la renovación del contrato de concesión de la planta peletizadora de óxido de hierro, conocida como “La Ceibita”, operada por la empresa Ecotek, filial del Grupo Emco Holding.

A través de un comunicado de prensa, el comité señaló que la resolución “legitima múltiples ilegalidades cometidas durante el proceso de otorgamiento de la concesión original”. Entre estas irregularidades se enumeraron: el uso de documentos públicos falsificados, la inexistencia de una licencia ambiental funcional y la operación de la planta en una ubicación no autorizada.

Leonel George, miembro del CMDBCPT y regidor de Tocoa, manifestó que la resolución de Inhgeomin “es una bofetada y un duro golpe para la lucha” contra los proyectos mineros, en particular la instalación de una planta peletizadora de óxido de hierro y de una planta termoeléctrica a base de coque de petróleo. Según George, este fallo demuestra que, pese a proceso judicial que se sigue contra ejecutivos de Inversiones Los Pinares –también filial del Grupo Emco Holding– el poder económico y las componendas siguen prevaleciendo sobre el derecho de las comunidades.

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George explicó que Inhgeomin ha negado sistemáticamente el derecho de las comunidades a participar en los procesos de oposición a proyectos mineros, bajo el argumento de que las únicas partes interesadas son la empresa y el Estado, exluyendo a las poblaciones aledañas a las concesiones.

En la misma línea se pronunció la abogada Rita Romero, representante legal del CMDBCPT, tras salir el viernes 16 de mayo de una audiencia preliminar en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el proceso que se sigue contra Inhgeomin por violentar el derecho a la participación ciudadana.

Romero señaló que, durante la audiencia, Inhgeomin y la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron el cierre del expediente, argumentando que no se trata de un tema de derechos humanos, sino de un conflicto entre particulares que debe ser resolverse de forma amistosa.   

En el marco del conflicto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras, especialmente en la zona de Tocoa, han sido asesinados cuatro defensores del ambiente,  más de 40 familias han sido desplazadas y ocho defensores permanecieron en detención arbitraria por más de dos años.

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Esta semana durante la etapa de conclusiones de la audiencia inicial en el proceso que se sigue contra ejecutivos de Inversiones Ecotek por explotación ilegal de recursos naturales y daños ambientales agravados, el juez José Abraham Rosa incluyó entre las pruebas documentales dos oficios de Inhgeomin que demostrarían que dicha institución tenía conocimiento de la explotación ilegal de óxido de hierro en la concesión ASP2, dentro del área núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, así como la apertura de una calle.

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En julio de 2024, Inhgeomin negó las prórrogas de concesiones mineras de óxido de hierro ASP y ASP2 a nombre de Inversiones Los Pinares, Las Golondrinas de Canteras y Más, y El Venado a nombre de Jamar Comercial Industrial, todas ubicadas en el Parque Nacional Carlos Escaleras.

Al menos tres de estas concesiones se dedican a la extracción de óxido de hierro, por lo que no queda claro al por qué Inhgeomin estaría declarando sin lugar la oposición comunitaria contra la renovación del contrato de concesión de la planta peletizadora de óxido de hierro, en una zona donde supuestamente ya no podrá ser extraído este mineral.

“Aquí lo que sigue prevaleciendo es la impunidad. Y esa impunidad no solo garantiza la continuidad de los abusos, sino que nos pone en mayor riesgo, nos deja más vulnerables, porque cuando la justicia no se aplica como debe, el mensaje es claro: pueden seguir violentando nuestros derechos sin consecuencias”, concluyó Leonel George.