La concesión minera no metálica fue otorgada a Canteras y Más S.R.L. el 5 de septiembre de 2013. La sociedad es propiedad del empresario Rolando Enrique Barahona Kurwahn, padre del actual diputado del departamento de Comayagua, expulsado del Partido Nacional, Rolando Enrique Barahona Puerto
Portada: Imagen de archivo del Parque Nacional Carlos Escaleras y los efectos de la minería en la zona del municipio de Tocoa.
Tegucigalpa, Honduras. – Inversiones Los Pinares del grupo Emco Holding no es la única empresa minera que amenaza al Parque Nacional Carlos Escaleras. En Sabá, Colón, se encuentra el proyecto Las Golondrinas, concesionado a la empresa Canteras y Más, y contra el cual las comunidades del municipio han expresado su inconformidad.
Las Golondrinas, en estado de exploración, fue concesionado pese a la resolución emitida por los pobladores en dos cabildos abiertos en los que se rechazó el proyecto minero, compartió el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Lestter Castro, quien acompaña la causa.
A pesar de la decisión de la población, la concesión fue adjudicada a Canteras y Más S.R.L. el 5 de septiembre de 2013. La sociedad es propiedad del empresario Rolando Enrique Barahona Kurwahn, padre del actual diputado del departamento de Comayagua, Rolando Enrique Barahona Puerto.
Barahona Puerto ganó la diputación por Comayagua desde una candidatura del Partido Nacional de Honduras (PNH), pero fue expulsado por ocho años de este ente político el 3 de junio de 2022, argumentando que traicionó dicho partido por sostener posturas que cuestionaban sus liderazgos y aliarse al Partido Libertad y Refundación (Libre).
El permiso de operación presentado ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) para la concesión de este, corresponde al municipio de Comayagua, lo que además implicaría que la extracción del mineral no genera nada a Sabá. Es decir, que toda la actividad comercial de las ventas que genera la exploración del proyecto Las Golondrinas concesionado a Canteras y Más, queda en el municipio de Comayagua.
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Además de violentar los derechos de participación política de las y los habitantes, el proyecto fue otorgado por la Serna, pese a la existencia de irregularidades que incluyen la omisión de la existencia de fuentes de agua en el estudio de impacto ambiental que se presentó o que el mismo se encuentra en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
La contaminación equivaldría a dejar sin agua a las 30 mil personas del municipio de Sabá, lo cual impactaría severamente en la salud de estas, señaló Castro.
Mientras que su ubicación en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Carlos Escaleras, montaña de Botaderos, según el plan de manejo, dispone que no se pueden realizar este tipo de actividades debido a “que son lesivas al ambiente, a las fuentes de agua y la zona núcleo, también, del parque nacional”, comentó el abogado.
SERNA E INHGEOMIN NO DESCONOCEN IRREGULARIDADES Y VIOLACIONES A DD. HH.
Castro planteó que han sostenido reuniones con la Serna y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), advirtiendo sobre las irregularidades y las violaciones a derechos humanos, sin que a la fecha hayan obtenido una resolución o una disposición para revertir las irregularidades y afectaciones contra el medio ambiente, la salud y el agua del municipio.
Ante la falta de respuestas de Serna e Inhgeomin, el Bufete Estudios para la Dignidad —en representación de la Asociación de Juntas de Agua y la Corporación Municipal de Sabá—presentó una acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indicando la violación a los derechos a un medio ambiente sano, acceso al agua y la participación política.
“Todavía estamos pendientes de que exista una resolución por parte de la Sala de lo Constitucional, pero además de eso, como es tan fuerte el rechazo que existe en el municipio, otras juntas de agua se han sumado a esta petición o posición en la Serna y el pasado 23 de mayo presentaron un recurso de nulidad del licenciamiento ambiental en contra del proyecto denominado Las Golondrinas”, informó Castro.
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Mientras Serna e Inhgeomin no revierten el licenciamiento ambiental, y la Sala de lo Constitucional no responde a la acción de amparo, “las comunidades siguen preocupadas por estos procesos irregulares sobre las zonas protegidas en el país”, remarcó.
Para el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad es preocupante que Serna no haya tomado aún un papel activo en revisar y revertir estas concesiones, en cambio “está dándole largas y permitiendo que esta empresa pueda seguir sosteniendo la concesión que le fue otorgada”.
El área geográfica que comprende el Parque Nacional Carlos Escaleras, está distribuido entre los municipios de Sabá, Tocoa y Bonito Oriental en Colón y San Esteban y Gualaco en el departamento de Olancho.
El área que debería ser protegida por la institucionalidad del Estado, lleva el nombre de Carlos Escaleras, un ambientalista, defensor de derechos humanos y líder sindical, asesinado en octubre de 1997 en la zona del Bajo Aguán por oponerse a la construcción de una planta de aceite en la ribera del río Tocoa, afectando los intereses de reconocidos empresarios de la talla del fallecido Miguel Facussé.
En junio de 2023, el titular de la Serna, Lucky Medina, anunció mediante un escueto tuit el “proceso de suspensión hasta mediados 2025″ del proyecto minero de Inversiones Los Pinares, también ubicado en el Parque Nacional Carlos Escaleras. El grupo Emco Holding, del cual es subsidiaria Pinares, cuenta entre sus socios a los esposos Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del fenecido Miguel Facussé.
