Según Barrios, la voluntad política del Poder Ejecutivo está clara, pero el proceso no es unilateral, sino bilateral, lo que implica procesos internos en la ONU que, a su criterio, han resultado ser excesivamente lentos
No obstante, esta narrativa fue inmediatamente cuestionada por sectores de sociedad civil, quienes señalaron que el problema de fondo es el incumplimiento por parte del Estado hondureño de los compromisos asumidos para que la CICIH se instale.
En tanto, el analista político Luis León, explicó que lo manifestado por el diputado oficialista Ramón Barrios, no deja de tener cierto nivel de verdad. En ese sentido, recordó que el proceso de negociación e instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala se extendió por cinco años.
Tegucigalpa, Honduras. -El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, aseveró queel poco avance en la posible instalación de un mecanismo anticorrupción en Honduras, no sólo recae en el Gobierno de Honduras, argumentando que la lentitud burocrática de Naciones Unidas (ONU)ha sido un obstáculo determinante en el proceso.
De acuerdo a lo expresado por el congresista la posibilidad de instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción (CICI) en Honduras no es una decisión unilateral de la mandataria, Xiomara Castro.
“Si la cuestión fuera que la presidenta Xiomara decide que hoy esté la CICIH en Honduras, ya se hubiese hecho, pero hay una contraparte que es fundamental y es las Naciones Unidas. La burocracia ha sido lenta en dar respuesta”, aseveró Barrios en declaraciones recientes en un programa de debates y que replicó en sus redes sociales.
El legislador oficialista, quien también es abogado, consideró que la voluntad política del Poder Ejecutivo está clara, pero que el proceso depende de la dinámica bilateral con la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual —según él— ha sido marcada por una excesiva tramitología.
No obstante, esta visión ha sido rebatida por analistas jurídicos y representantes de sociedad civil, quienes señalan que el verdadero problema radica en el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Honduras, especialmente en el Congreso Nacional.
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Para el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, hay una corresponsabilidad entre todos los actores, pero en mayor grado del Gobierno de Honduras y el Congreso Nacional.
“No se puede pedir agilidad en el tema de las negociaciones si el gobierno hondureño no está cumpliendo con los requisitos establecidos en el memorándum de entendimiento en su fase uno y dos”, expuso el analista.
La fase 1 del memorándum de entendimiento establece las reformas legales que se debe hacer para generar las condiciones mínimas para el funcionamiento del mecanismo internacional anticorrupción,” eso es lo más importante y lo que ha tenido entrampada la negociación”, señaló.
Otro punto que estacan la instalación de la CICIN es la negociación, se podría decir, algún otro tipo de cosas, pero el seguimiento, por ejemplo, la negociación del convenio bilateral también está en la cancha del gobierno de Honduras.
A juicio del abogado y analista político, Luis León, lo manifestado por el diputado oficialista Ramón Barrios, no deja de tener cierto nivel de verdad. En ese sentido, recordó que el proceso de negociación e instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala se extendió por cinco años.
Es decir, que en esos tiempos de evaluación o donde la burocracia rezaga tiempos, es el momento, donde la parte interesada –en este caso el Gobierno de Honduras— debe priorizar las recomendaciones y reformas legales para garantizar el funcionamiento del mecanismo anticorrupción.
Agregó que “creo que administrativamente se ha hecho lo que se ha podido, al punto de extender varias veces el memorándum, y –ahora que esta por vencer la prórroga— lo mejor que se puede hacer es volver a extenderlo para mantenerlo vivo”.
Lo anterior en relación a que, si no se continúa prorrogando, el memorándum de entendimiento, la administración que tomará cargo en 2026 tendría que retomar todo el proceso de negociación.
CONGRESO NACIONAL PIEDRA EN EL CAMINO DE LA CICIH
El Congreso Nacional, ha sido señalado en reiteradas ocasiones como uno de los principales obstáculos para la llegada de la CICIH, al no avanzar en las reformas necesarias.
La integrante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Gabriela Blen, lamentó que las y los diputados del Congreso Nacional no muestren voluntad política para cumplir con los requisitos, que continúan sin aprobados,
Aseguró que la ciudadanía sigue esperando señales claras de que se quiere luchar contra la corrupción estructural que ha cooptado muchas instituciones del Estado.
“Se necesita un marco legal que permita a la CICIH investigar y judicializar sin interferencias. Si eso no se aprueba, el mecanismo no tiene sentido”, añadió.
En esa misma línea se expresó el abogado y especialista en temas de transparencia, Lester Ramírez, al señalar que el Poder Legislativo es uno de los principales obstáculos para la instalación de un mecanismo anticorrupción.
Además, lamentó que los partidos políticos se hayan apropiado de la exigencia ciudadana de instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción (CICI) en Honduras, en un discurso de campaña para captar votos.
Entre las reformas prioritarias figura la modificación del artículo 28 de la Ley de Municipalidades, así como los artículos 418 al 423 del Código Procesal Penal. Estas disposiciones son vistas como obstáculos que debilitan la capacidad del sistema judicial para perseguir delitos relacionados con la corrupción, especialmente a nivel local.
Asimismo, uno de los puntos más polémicos y urgentes es la derogación del decreto 117-2019. Este decreto reforma el artículo 10-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, blindando a los diputados con inmunidad frente a procesos civiles, penales o administrativos relacionados con su actuación parlamentaria. Para los expertos de la ONU, esta protección socava la rendición de cuentas y obstaculiza investigaciones.
La ONU también ha exigido la eliminación de los artículos 4 y 8 de la llamada Ley de Amnistía, aprobada en febrero de 2022 por el actual Congreso liderado por Luis Redondo. Esta legislación ha sido criticada por otorgar impunidad a funcionarios y actores políticos vinculados con hechos de corrupción durante administraciones anteriores.
