De acuerdo a la Unidad de Política Limpia 85 candidatos que no rindieron cuentas de gastos de campaña siguen en la contienda electoral, de ese número 37 son del Partido Liberal –alcaldes y diputados—.
1,704 precandidatos –electos y no electos—, de los niveles electivos corporaciones municipales y diputados, no presentaron informes de rendición de cuenta de gastos de campaña, por lo que enfrentarán sanciones y multas, así como lo establece el artículo 56 de la Ley de Financiamiento.
Tegucigalpa, Honduras. – Al menos 85 candidatos a cargos de elección popular que no presentaron informes de rendición de cuenta de gastos de campaña continúan en la contienda electoral con aspiraciones a ocupar un curul en el Congreso Nacional o una alcaldía municipal, pese a haber incumplido con este requisito.
De estos 85 candidatos que incumplieron con este requisito 37 de ellos pertenecen al Partido Liberal; 31 al Partido Libertad y Refundación (Libre) y 17 al Partido Nacional.
De acuerdo con el informe presentado por la Unidad de Fiscalización, Transparencia y Fiscalización a Partido Político y Candidatos (UFTF), de un total de 5,757 aspirantes inscritos en el proceso primario e interno, únicamente 4,053 cumplieron con la obligación de entregar su reporte de ingresos y egresos, es decir, un 70.4 % de cumplimiento general.
El documento señala que 1,704 precandidatos (electos y no electos) incumplieron con este requisito, pese a la prórroga aprobada por el Congreso Nacional.
Por partido político, el Partido Nacional alcanzó el mayor porcentaje de cumplimiento con 1,195 informes presentados, lo que equivale al 76.9 % de sus precandidatos. Le sigue el Partido Liberal con 1,185 reportes entregados, correspondiente al 69.9 %.
En último lugar figura el Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyos precandidatos entregaron 1,673 informes, lo que representa apenas un 66.7 % de cumplimiento, siendo el partido con mayor número de omisos.
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SANCIONES Y MULTAS PARA QUIENES INCUMPLEN RENDICIÓN DE CUENTAS
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos establece que todos los sujetos obligados deben entregar sus reportes de ingresos y egresos en el marco del proceso electoral. La falta de cumplimiento conlleva sanciones y multas, según lo estipulado en el artículo 56 de dicha normativa.
Este artículo establece que los aspirantes que no presenten sus estados financieros serán sancionados con una multa equivalente a 15 salarios mínimos si se trata de candidatos a la Presidencia, 10 salarios mínimos para diputados y cinco salarios mínimos para los que aspiren a corporaciones municipales.
El comisionado de la Unidad de Política Limpia, Emilio Hernández Hércules, dijo a Criterio.hn que el equipo legal está trabajando en la elaboración de estos 1,704 expedientes para notificarle a las y los precandidatos que incumplieron que se les aplicara una multa o sanción
De igual manera, explicó que todos los informes serán turnados al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que sean ellos, en goce de sus atribuciones, quienes decidan qué hacer con las personas que incumplieron con la presentación del informe y que tienen multas y sanciones pendientes.
De acuerdo con la normativa vigente, los informes de gastos de campaña deben detallar con claridad todas las fuentes de financiamiento, así como el destino de cada lempira recibido durante la campaña electoral.
La transparencia en el financiamiento político es uno de los pilares fundamentales para garantizar elecciones limpias, equitativas y sin el ingreso de dinero del crimen organizado, narcotráfico o fondos públicos.
A pesar de haber sido beneficiados con una prórroga aprobada por el Congreso Nacional, los 1,704 precandidatos incumplieron de forma deliberada, lo que evidencia una debilidad institucional en el seguimiento y aplicación de la ley.
Asimismo, el pleno de comisionados de la Unidad de Política Limpia anunció se notificará a los 1,704 precandidatos omisos y se remitirá la información correspondiente al Consejo Nacional Electoral (CNE), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para su respectiva acción legal.
Estas instituciones tendrán la responsabilidad de determinar las acciones legales correspondientes, que podrían incluso incluir la inhabilitación de candidaturas –en caso de ser re, aunque hasta el momento no se ha anunciado ninguna descalificación formal.
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145 MILLONES DE LEMPIRAS INGRESARÁN AL ESTADO POR CONCEPTO DE MULTAS
El pleno de comisionados de la Unidad de Fiscalización, Transparencia y Fiscalización a Partido Político y Candidatos (UFTF) informó que el Estado recibirá 145,856,218.80 de lempiras por concepto de multas y sanciones pecuniarias a sujetos obligados que no rindieron cuentas.
Emilio Hernández Hércules, explicó que en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) se encargará de perseguir a aquellas personas que le adeudan esos montos al Estado.
“Esto supera por 30 millones el presupuesto asignado a esta unidad (…) recordemos que nosotros solamente recibimos 110 millones para elecciones primarias, sin embargo, le estamos haciendo una devolución al Estado que supera los 30 millones de lempiras al aplicar sanciones y multas”, indicó.
La falta de control efectivo en la etapa de precandidaturas también pone en entredicho la fiscalización posterior de los fondos que podrían llegar a manejar aquellos que continuarán su camino en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 o aquellos que no sean electos, que en el futuro puedan desempeñar cargos públicos.
La transparencia en el financiamiento político es uno de los pilares fundamentales para garantizar elecciones limpias y equitativas, y su incumplimiento afecta la credibilidad de todo el sistema democrático.
El próximo paso será conocer si el Consejo Nacional Electoral (CNE), como autoridad electoral, tomará medidas contundentes como la inhabilitación a aquellos que incumplen con este requisito legal.
Mientras tanto, la ciudadanía y los entes de veeduría exigen que no se permita que quienes violan la ley antes de llegar al poder, sean quienes después legislen o administren los recursos del Estado.
