Por: Redacción CRITERIO.HN
Portada: Reynaldo Raudales
Gráficos: Guillermo Burgos
Fotografías: Fernando Destephen
Tegucigalpa. – “Esta madrugada se ha capturado a Mario Zelaya Rojas, ex director del Seguro Social, él se encuentra en manos de la Policía Militar, será puesto a la orden de la justicia. Desde que el Poder Judicial dictó las órdenes de captura, la Policía Nacional, la Fuerza Tigres, la Fiscalía General, la Dirección de Inteligencia Nacional y Fuerzas Armadas, han actuado diligentemente buscando activamente al fugitivo. Esta madrugada esos esfuerzos dieron su fruto”.
Así anunció el presidente, Juan Hernández, en una escueta comparecencia de prensa el 9 de septiembre de 2014, la detención del hombre que, junto a una red de al menos 320 personas, provocó el mayor robo a los hondureños registrado en la última década con el desfalco de más de 7 mil millones de lempiras ($300 millones) al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Hoy, a seis años de estar preso, el exdirector del IHSS Mario Zelaya Rojas, está siendo liberado poco a poco de la carga por este crimen que aún no llega a la persecución penal hacia los otros “cerebros” o autores intelectuales, a pesar de que el Ministerio Publico (MP), continúa prometiendo eficacia en la lucha contra la corrupción, que no ha sido propia, sino de exigencias sociales y organismos internacionales.
Con lo sucedido el martes en el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción con la absolución de 14 exdirectivos del IHSS acusados de prevaricato administrativo y violación a los deberes, entre ellos, Mario Zelaya Rojas y el exgerente financiero, Ramón Bertetty Osorio, quienes fueron absueltos de responsabilidad penal por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, se vislumbra que este caso quedará en total impunidad.
Un latrocinio “mortal”, representa el robo al IHSS, catalogado así no solo por los daños provocados a la seguridad social de miles de derechohabientes y sus pensiones, salud, falta de medicamentos, sino también por las más de tres mil muertes como daño colateral, según estadística de fallecimientos durante la administración de Zelaya Rojas, que denunció el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en mayo de 2015.
A lo largo de este tiempo, solo se recuerda el “circo mediático” que generó la búsqueda y captura de Zelaya Rojas, la persecución a sus cercanos colaboradores, José Ramón Bertetty Osorio, gerente financiero y José Zelaya, subgerente de compras y suministros, familias, amigos y amantes, especialmente la de Mario Zelaya y la trascendencia que tuvo en artículos periodísticos, “La Chilena” Natalia Ciuffardi.
Asimismo, las reiteradas notas de prensa sobre “La Palillona”, la modelo Ilsa Vanessa Molina y su familia, entre otros “espectáculos” televisivos e impresos que presentaban sólo éste extremo de la noticia, no así la que tenía que ver con el financiamiento a la campaña política del Partido Nacional y en particular la del actual presidente de Honduras.
Al cumplirse en 2020, seis años de que se descubrió el monstruoso saqueo, ha quedado al descubierto que parte de los fondos sustraídos del IHSS, sirvieron para financiar la campaña política de Juan Hernández y su designado presidencial Ricardo Álvarez, ambos precandidatos del Partido Nacional en las elecciones primarias de 2012. Lo anterior se deduce con la devolución de 3 millones 141 mil 625 lempiras, por parte del Partido Nacional a la Procuraduría General de la República (PGR) el 2 de abril de 2016, mediante el cheque de caja no negociable número 24599.
Dicha devolución fue producto de una conciliación para evitar consecuencias penales en contra de los dirigentes del Partido Nacional, de la comisión de campaña y hasta de los propios Hernández y Álvarez y de líderes reconocidos del partido de gobierno, que hoy son funcionarios públicos.
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AUTORÍA MEDIATA Y LA MACCIH
El abogado especialista en derecho penal y ex juez de Sentencia de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ramón Enrique Barrios, considera que el caso del Seguro Social ha retratado a la justicia hondureña sin precedentes, ya que, desde la captura de Mario Zelaya Rojas, aun cuando se asegura que fue en Honduras, es de su conocimiento que no fue así, sino una alerta de la policía de Nicaragua y entregado a las autoridades hondureñas.
Barrios es del criterio que la persecución del delito en un robo de más de siete mil millones de lempiras debe ir más allá de Mario Zelaya Rojas, sus cómplices o los miembros de la Junta Directiva del IHSS. A su juicio, las pesquisas deben llegar a autores del círculo cercano del presidente Hernández.
Otro de los factores que cuenta la historia de este caso, a opinión de expertos juristas es que quien acusó a quiénes han sido sancionados penalmente y continúan en un ocaso de un proceso penal fue la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).
“Sin embargo, ya no volvimos a conocer más, una vez que la MACCIH se retiró del país y la Ufecic fue desecha, desmontada, ya no hubo ni miramos más, otro requerimiento fiscal, así que es lamentable que solo Mario Zelaya y cómplices estén enjuiciados, pero no que se haya llegado a los verdaderos autores intelectuales, a los autores mediatos y creo que no van a llegar ahí porque la constante es que se trata de personas reconocidas e importantes en la vida pública del país”, afirmó Barrios a Criterio.hn.
La autoría mediata en derecho penal es una forma de autoría caracterizada por la comisión de un delito a través de otra persona. Autor mediato es el que comete el delito sirviéndose de otro como “instrumento”.
LA “HUIDA” DEL FISCAL ROBERTO RAMIREZ ALDANA
El ex Fiscal Roberto Ramírez Aldana confirmó en 2014 el financiamiento de la campaña política de Juan Hernández en 2012 y 2013, con dinero del Seguro Social, que también benefició la campaña del designado presidencial Ricardo Álvarez y varios diputados que hoy se encuentran en el Congreso Nacional, gracias al saqueo por medio de una de las empresas de “maletín” con las que se defraudó al Seguro Social.
Ramírez Aldana, quien, en aquel entonces, era el encargado por el MP de toda la investigación del saqueo fue obligado a dejar el cargo, de hecho, redactó una carta en la que denunció que “se había quedado solo” en la investigación, aduciendo la falta de apoyo a lo interno de la Fiscalía, que continúa llevando la causa dirigida hacia la Junta Directiva del IHSS, sin mayores resultados cualitativos ni cuantitativos y más ahora con su absolución.
Ramírez Aldana salió huyendo de Honduras aduciendo supuestas amenazas a muerte. Cuando la oficina de inteligencia del Estado le habría notificado que mediante escuchas telefónicas lo querían matar, no duró ni un año en la investigación del IHSS y hoy se encuentra en Francia ocupando un cargo diplomático ante la Unesco.
Seis meses después desde Paris, dijo en un medio de comunicación radial, que regresaría a Honduras cuando ya no hubiera amenaza a su integridad física y la de su familia. Hasta el momento no ha regresado, por lo que se puede deducir que su miedo aún persiste.
El Partido Nacional buscaba desde el 2014 descongelar dos cuentas bancarias, según consta en el expediente judicial 072-2014 que está en poder de un Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
Al respecto, la representante de la Procuraduría General de la República (PGR) Lesly Patricia Pineda Castillo, presentó un escrito para lograr una conciliación entre las partes en torno al ilícito y con el mismo “una garantía para el Estado de Honduras”, según informó el periódico digital Confidencialhn, que acompaña el artículo del 12 de octubre sobre la devolución del cheque de 3 millones 141 mil 625 lempiras con la fotografía de este.
La salida de Ramírez Aldana fue calificada por sectores sociales como otra evidencia más de la complicidad entre autoridades estatales y el mismo Ministerio Público ya que, en un comunicado, la Cancillería informó que el nombramiento del funcionario se hizo tras la solicitud presentada por él mismo al Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla, quien solicitó se le extendiera una licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido, facilitando el camino hacia la huida del fiscal.
El Ministerio Público, por medio de Óscar Chinchilla, estipuló que dicha decisión era de carácter de protección a un servidor de esa institución, amparada en los programas y reglamentos especiales de protección de funcionarios en situación de riesgo o amenazas por razón del desempeño de sus funciones. Situación que no ha sido así en otros casos.
Por su parte, la Cancillería dijo también que frente al riesgo que se le presentaba al fiscal y a su familia, su caso clasificaba como “extraordinariamente alto”, por lo tanto, se le permitiría su traslado a París.
Agregaron que Ramírez Aldana, obtuvo una evaluación de altas calificaciones por lo que se identificó como candidato para desempeñarse en el servicio exterior y se procedió con el proceso de designación como representante de Honduras ante la Unesco, con el rango de embajador.
ENTES CONTRALORES HAN GUARDADO SILENCIO
En junio de 2015, cuando la indignación de los hondureños invadió las calles con las marchas de las antorchas, un espacio en el que la ciudadanía exigía la instalación de una comisión internacional anticorrupción por el latrocinio en el Seguro Social, Hernández confesó ante medios de comunicación que su campaña de 2013 recibió cerca de 150 mil dólares de empresas que participaron en el saqueo.
A más de cinco años de esta confesión, ni el Ministerio Público o su unidad Uferco (que aseguraron era otra Ufecic), ni el Tribunal Superior de Cuentas, han ejecutado acciones para que el gobernante rinda cuentas y responda ante la ley por estar involucrado en el latrocinio.
“Existe un informe y declaraciones donde se define que parte de ese dinero (desfalco del IHSS) fue utilizado en el financiamiento de dinero interno de carácter político y en la campaña presidencial y sobre este tema los organismos contralores y los que representan la sociedad hondureña no han hecho ningún pronunciamiento”, dijo a Criterio.hn el experto en derecho penal, Raúl Pineda Alvarado.
En algún momento el presidente manifestó que este dinero sería devuelto a las arcas del Seguro Social, (fue devuelto aparentemente), pero tampoco ha habido un impulso procesal por parte de los organismos encargados, más bien obligados a efectuarlo, y esto ha generado que en el trascurso del tiempo haya determinado que las cosas se hayan ido enfriando, expuso Pineda Alvarado en torno al apocamiento evidente del caso.
En ese contexto, según Pineda Alvarado, quedó atrás la indignación que ese robo generó al pueblo y como consecuencia de ello y demostraciones en las calles con las marchas de las antorchas tuvo consecuencias políticas como la creación de la MACCIH, que tampoco tuvo permanencia en el país porque esas estructuras de poder no lo permitieron.
“Han pasado a los archivos acciones que nunca debieron ser olvidadas por la sociedad, realmente los autores, los decisores, los grades tomadores de decisiones no enfrentaron como debían este crimen y parece que tampoco van a enfrentar a la justicia hondureña”, pronosticó Pineda Alvarado.
Para el ex presidente del Banco Central de Honduras (BCH) Edwin Araque, el saqueo de los 7 mil millones de lempiras debería tener indignados a todos los hondureños porque eso implica la deficiencia en los servicios de atención del sistema sanitario y la pérdida de las pensiones de vejez e invalidez.
Araque reflexiona que actualmente a los pensionados les cuesta más el costo del taxi para ir a recoger el cheque que el beneficio que van a tener. “Ese tipo de situaciones son las que determinan el grado de deficiencia actual del Seguro Social”, dice.
Similar consideración hace para Criterio.hn el economista e investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Rodulio Perdomo, quien rememoró que, en 2010, antes de que se llevara a cabo el latrocinio del IHSS, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) había realizado estudios actuariales de todos los institutos de previsión y de pensiones en el país, siendo la situación del Seguro Social “la más complicada”.
Esto significa que cualquier cantidad que se pudo perder por el desfalco, lo que hizo fue aumentar el déficit actuarial, en otras palabras, el universo de personas que están esperando pensionarse, una buena parte, probablemente si no hay ruptura en los techos de cotización podrían tener la mala noticia de que no hay liquidez para pagar pensiones, advirtió.
Perdomo lamenta que la justicia no haya sido capaz de incoar acciones para que los fondos dilapidados retornaran, ya sea en bienes físicos o en efectivo, lo que a su juicio podría conllevar a que el Seguro Social nunca pueda pagar las cotizaciones de los derechohabientes que cotizaron hasta por 30 años.
Recientemente, Honduras quedó rezagada de un nuevo financiamiento de la Cuenta del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) y la corrupción fue un factor determinante para que estos fondos del gobierno de los Estados Unidos sigan sin llegar a las arcas hondureñas.
Para Perdomo el indicador de percepción de corrupción, del que hace acopio el gobierno estadounidense, tiene sus bases en el hecho que los autores intelectuales del saqueo al Seguro Social sigan impunes, así como a la aprobación de leyes que fomentan la corrupción y a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.
El 19 de febrero de 2010, el presidente Porfirio Lobo Sosa, nombró como director del IHSS al doctor especialista ortopeda, Mario Zelaya Rojas, quien junto con José Ramón Bertetty Osorio, gerente financiero y José Zelaya, subgerente de compras y suministros, dos piezas claves con quienes tomarían el control no solo de la administración del Seguro, sino de los fondos de los derechohabientes que permitirían el mega robo sistemático durante cinco años.
Los saqueos darían inicio con las creaciones de empresas “fantasmas” o de “maletín” constituidas por parientes de Zelaya Rojas, Bertetty Osorio, Zelaya, incluyendo esposas, padres, amigos, amantes y exempleados, entre otros miembros de la Junta Directiva del IHSS.
Todos ellos, desviarían los fondos del Seguro con supuestas compras de medicamentos y suministros hospitalarios, derroche en viajes, carros, casas, joyas y promoción de campaña política del Partido Nacional; además de conceder contratos millonarios a empresas y compañías legalmente constituidas como Distribuidora Metropolitana S.A (Dimesa), Suministros Médicos (Sumimed), Compromed, Insumedic, entre otras, en una larga lista de actos de corrupción.
JUNTA INTERVENTORA, ¿POCO O NADA?, PERO SUS SUELDOS OTRO SECRETO
Si bien, el sistema de Seguridad Social comenzó a sentir los efectos del sistema neoliberal en los años noventa, la crisis se agudizó durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) con la deficiente atención de salud, escasez de medicamentos, compras sobrevaloradas de equipos y medicamentos y hasta el saqueo de los recursos para el financiamiento de las campañas políticas del Partido Nacional.
Lo anterior, llevó a Lobo Sosa a nombrar una Comisión Interventora el 16 de enero de 2014, a solo diez días de terminar su mandato. La Comisión está integrada por la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales; el exdiputado del Partido Innovación y Unidad (PINU), German Leitzelar y el economista miembro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Roberto Carlos Salinas.
Hasta la fecha el trabajo de los interventores se conoce poco en relación a su gestión y acciones concretas de tipo administrativo y financiero para el rescate de fondos en los diferentes regímenes que lo integran: Régimen del Seguro de Atención de la Salud (EM), Régimen del Seguro de Previsión Social (IVM) y Régimen del Seguro Riesgos Profesionales (RP), lo que llevó a la institución a la incapacidad financiera sin poder responder a las necesidades y derechos básicos de los hondureños, según denuncias constantes del sindicato de trabajadores de IHSS.
En la misma línea de descontento se encuentra el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que, en enero de 2019, pidió públicamente la renuncia de los interventores porque no han dado los resultados esperados y les exigió la presentación de informes sobre su gestión.
Criterio.hn pidió al IHSS por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) los montos de los sueldos y salarios de los miembros de la Comisión Interventora, German Leitzelar, Vilma Morales y Carlos Salinas, desde 2014 a la fecha, pero la respuesta fue que no se encuentran en las planillas de esa institución. Tampoco en su presupuesto. Dejando la nebulosa sobre quién los remunera. (Descargue aquí la respuesta del IHSS).
El IHSS es una de las instituciones del sector público descentralizado que más eroga de su presupuesto para el pago de personal, incluyendo contratos de servicios profesionales y contratos especiales, es decir, personas naturales contratadas para estudios e investigaciones y proyectos de inversión, quienes son retribuidas por la prestación de servicios por tiempo definido, según un informe de la Secretaria de Finanzas (Sefin).
En 2009 en el IHSS se registraron 6,024 puestos de trabajo, de los que se erogaron por concepto de salarios 1,918.1millones de lempiras colocándose en el segundo lugar de las instituciones públicas descentralizadas que reportan el mayor número de puestos de trabajo. (Vea aquí el cuadro global sobre sueldos y salarios de las instituciones públicas descentralizadas. Páginas 4- 6).
“Las finanzas del Seguro Social están delicadas totalmente y si a eso abonamos a la inestabilidad financiera de la institución que los ingresos han mermado en un 40 por ciento porque las empresas han cerrado, los trabajadores han sido suspendidos y despedidos, a esos golpes sumémosle que hay empresas que no están pagando su cuota al Seguro”, dijo a Criterio.hn Héctor Escoto, presidente del Sindicato del IHSS.
Para Escoto, en 61 años del IHSS, los avances han sido muy lentos, no sólo en instalaciones físicas y cobertura, sino también en las jubilaciones y pensiones, considerando que estas oscilan entre 1,500 y 7 mil 500 lempiras. El presupuesto anual con el que opera el IHSS es cerca de los 8 mil millones de lempiras.
“Se atienden 850 mil trabajadores en el Seguro Social (Tegucigalpa) y 1 millón 200 mil en las regionales, pero no se ha avanzado tampoco en la calidad de los servicios, el estancamiento es evidente a manera general”, señala el sindicalista, quien a la vez considera que el Seguro Social “quedó con un hoyo financiero enorme, pero sigue operando hasta en pandemia y pos pandemia con sus propios ingresos que son las cotizaciones de los obreros- patronos”, mientras el Gobierno sigue siendo el mayor deudor.
Tras asumir sus cargos los interventores presentaron un primer informe el 6 de marzo de 2014 en el que publicaron las denuncias ya conocidas en torno a los desórdenes administrativos y financieros tras el desfalco de la red de unas 320 personas, sin contar los autores intelectuales. Ellos destacaron la existencia de “una corrupción institucionalizada” a lo interno del Seguro Social.
Refirieron que la deuda a largo plazo a ese año ascendía a 6 mil 399 millones de lempiras y la de corto plazo mensual era de 600 millones. También denunciaron que cada miembro de la junta directiva del IHSS cobraba 20 mil lempiras por sesión y que una fuerte suma de recursos se gastaba en el pago de aumentos salariales de los empleados durante los gobiernos 2006-2010 y 2010-2014, provocando con ello otra cifra millonaria de egresos de los fondos aportados al sistema por los patronos y empleados.
Pero todo esto ya había sido revelado por la MACCIH, entes contralores, veedores como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y parte de las investigaciones del MP. Después de eso, los interventores no han vuelto a hacer público otro documento, por lo tanto, su gestión parece ser “secreto de Estado”.
“Desconozco totalmente cuáles son los avances que ha habido en el IHSS porque fuera del informe que presentaron y que fue en el que se sustentaron las acciones del Ministerio Público en contra de los directivos del Seguro Social por el saqueo al que fue sometido esta institución, no conozco otro logro”, dijo a Criterio.hn el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, en relación con el papel que ha desempeñado la Comisión Interventora.
El Seguro Social sigue su proyección a cierta Población Económicamente Activa que reside en Tegucigalpa y San Pedro Sula y ni siquiera alcanza el 20 por ciento de esa población, eso significa que más del 80 por ciento de los trabajadores en Honduras están desprotegidos porque no tienen seguridad social y eso, según Orellana Mercado es una deuda histórica que viene buscando la institución desde que se creó en 1959.
Para el analista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, (Fosdeh), Ismael Zepeda, a lo largo de más de siete años la Junta Interventora del IHSS no ha sido abierta, mantuvo información oculta e incluso llegaron a acomodar ciertas cosas y tampoco han brindado un informe del latrocinio de 2013.
Inicialmente los interventores hicieron una declaración pública en la que dijeron que el fraude ascendía a cuatro mil millones de lempiras, pero de ahí no hubo más informes y tampoco “sabemos si hubo recuperación de lo defraudado, de las propiedades que se le quitaron a Mario Zelaya”, sostuvo Zepeda.
PRÁCTICA QUE GENERA MÁS GASTO
Las Juntas Interventoras tienen que ser rápidas, eficientes y ágiles, entonces cuando hay comisiones interventoras que duran tanto tiempo, más pareciera que están para no intervenir o no demostrar nada comprometedor, considera el también economista del Fosdeh, Rodulio Perdomo.
“De esa forma nos damos cuenta que la gobernanza hondureña se ha caracterizado con faltas de méritos, se tiene un ministro de Agricultura, pero los recursos se le dan al Ejército, hay un Tribunal de Cuentas, pero se quitan atribuciones, se crean secretarías nuevas que duplican funciones, es una tela de araña que van tejiendo los corruptos para que sigamos cayendo en el centro de la tela”, cuestiona Perdomo.
El ex director del IHSS, Efraín Bú Figueroa, es de la opinión que la falta de trasparencia en el manejo de los recursos sigue siendo una deuda además de las mejoras al sistema y, si a eso se suma que las comisiones interventoras también generan otros gastos para su funcionamiento, se esperaría resultados sustanciales que aún no se han visto.
“No me queda claro el papel de ellos (interventores) porque los resultados según el decreto que los creó sería adecentar la administración en términos de trasparencia, honestidad, volver eficiente y eficaz la administración del Seguro, pero todos esos propósitos no se ven en los resultados”, dijo a Criterio.hn el médico especialista en infectología.
Para el médico, la Junta Interventora debería estar integrada por personas con experiencia en el área de la salud, con visión del manejo y experiencia para comprender las necesidades del sistema sanitario, pero lamentablemente quienes conforman la interventora del IHSS no tienen ese perfil, lamentó Bú Figueroa.
De su lado, el abogado penalista Raúl Pineda Alvarado, refiere que a lo largo de este tiempo se ha desvinculado al IHSS con los escandalosos actos de corrupción, mientras las quejas por su mal desempeño continúan por lo que los hondureños siguen enfrentándose a incómodas atenciones en las clínicas del Seguro Social.
Pineda Alvarado reflexiona que, de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública, las juntas interventoras tienen dos características: una, deben ser temporales, es decir, no extenderse por más de dos meses y dos, tener amplias facultades de generar los cambios que se requieren para el mejor desempeño de la empresa o institución intervenida.
Sin embargo, “intervenir instituciones del Estado se ha convertido en una forma normal de gobernar y no es precisamente la mejor porque las intervenciones están hechas para emergencias y para intervenciones puntuales que determinan el combatir la mala administración o corrupción en las instituciones intervenidas”.
Pineda Alvarado concluye que lo que se ha hecho en el Seguro Social es sustituir al director por una Junta Interventora, pero sin lograr los cambios y modificaciones estructurales ni las reformas legislativas que requiere la institución para ofrecer beneficio a los asegurados.
El Gobierno ha manejado las interventoras como forma de administración, pero las intervenciones no están designadas como un mecanismo normal de administración pública, puntualiza el profesional del derecho.
