El actual presupuesto general del Ministerio Público rebasa los dos mil cuatrocientos millones de lempiras que, aunque es una cantidad millonaria, es sumamente inferior a la que tiene la Secretaría de Defensa y Seguridad
Tegucigalpa, Honduras. – El presupuesto general aprobado para el Ministerio Público (MP) en el ejercicio fiscal de 2024 es raquítico, y este se presenta como uno de los principales retos para mejorar las investigaciones. Este es uno de los problemas más significativos identificados por el abogado Marcio Cabañas Cadillo, quien hace más de diez días fue electo como fiscal general adjunto del ente investigador.
“Son diferentes retos los encontrados, como lo he manifestado, pero el principal es el poco presupuesto para el ejercicio fiscal de este 2024. Se necesita un incremento para mejorar las capacidades de investigación del Ministerio Público y, de esa manera, comenzar a dar respuestas positivas a la población”, precisó el abogado Cadillo, que llegó al cargo como una propuesta de Partido Liberal.
Aunque el Ministerio Público, liderado por Johel Zelaya, abogado propuesto por el oficialismo, tiene un presupuesto para este 2024 de más de dos mil cuatrocientos setenta millones de lempiras (2,479,283,987.00), este es sumamente inferior al que poseen la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad, los cuales son los más altos de todas las instituciones, incluyendo Salud y Educación.
Marcio Cabañas Cadillo, que en su papel de asistente del exfiscal Leónidas Rosa Bautista desestimó un caso de tráfico gris, aunque no lo expresó de manera literal, entre titubeos, resaltó que el limitado presupuesto podría ser una de las causas por las cuales no se ha resuelto la investigación de la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que resultó en la muerte de 46 mujeres privadas de libertad.
“Podría ser (el causal), pero se están realizando diferentes líneas de investigación para que no sólo nueve sean investigadas, sino que también a los que participaron de manera conjunta en el crimen. No puedo externar más detalles porque afectaría la investigación”, mencionó el fiscal adjunto que llegó a sustituir al abogado Daniel Sibrián.
¿FALTA DE PRESUPUESTO ENTORPECE INVESTIGACIONES?
Lo expuesto con Cadillo, que lleva un poco más de 10 días en el cargo, coindice con lo expuesto hace más de tres meses por el titular de la Fiscalía Especial de los Delitos Contra la Vida (FEDCV), Roberto Blen, encargado de llevar el caso de la masacre en PNFAS.
Durante un foro televisivo en diciembre de 2023, Blen admitió que la falta de peritos en criminalística estaba obstaculizando la conclusión de la investigación sobre la masacre. Esto ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad que exigen que este crimen no quede impune.
Blen explicó que aunque deseaban tener la causa criminal presentada para 2023, las pericias eran extensas y complicadas, especialmente las telefónicas debido a la escasez de peritos disponibles. Esta situación podría indicar que, por falta de presupuesto, la Fiscalía no puede dar prioridad a casos emblemáticos.
«Yo le puedo asegurar que hemos estado trabajando en este caso; estamos en un caso de pluralidad de víctimas y pluralidad de victimarios. No toda la población (carcelaria) estuvo presente, eso lo tenemos claro. Estamos en un proceso arduo de investigación para poder imputar objetivamente», precisó.
En enero de 2024, el Ministerio Público, ya liderado por Johel Zelaya, presentó requerimientos fiscales en contra de nueve privadas de libertad, señalándolas por haber participado en la masacre. Todavía están enfrentando el proceso judicial, pero aún faltan los requerimientos de los autores intelectuales, entre los cuales podrían estar funcionarios de la Policía Nacional, según denunció la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva.
De hecho, Villanueva, quien antes de la masacre estaba a cargo de la intervención penitenciaria, solicitó investigar al abogado Roberto Blen. Alega que estaría obstaculizando la investigación de la masacre, similar a como lo hizo en el caso del asesinato de la jefa regional de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), Sherill Yubissa Hernández Mancía.
«Creo que alguien debería resolver esto: Blen debería recusarse de la investigación; él no puede manejarla porque fue él quien cerró el caso de la muerte de la agente Sherill Yubissa Hernández Mancía y, así como cerró ese emblemático caso, podría pasar lo mismo con el de la masacre de las privadas de libertad», compartió la funcionaria en conversaciones con Criterio.hn.
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CARENCIA HISTÓRICA
El 3 de febrero de 2023, los empleados del Ministerio Público iniciaron una huelga para solicitar un reajuste salarial, pero no tuvieron respuesta inmediata del entonces fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla. Esto provocó que varias investigaciones, análisis de pruebas, entre otras tareas del ente investigador, se paralizaran por completo y se prolongaran por varios meses.
Fue hasta abril del mismo año que el entonces fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, moderó para beneficiar a la masa laboral de la Fiscalía, pero antes advirtió que los incrementos serían de acuerdo a la realidad, ya que el presupuesto general que tenían en ese entonces era bajo. Principio del formulario
“Las autoridades fueron flexibles; el fiscal general adjunto ha realizado un buen trabajo y nos ha colaborado en todos estos días”, afirmó la abogada Talina Varela, representante de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH), tras llegar a un acuerdo que concluyó con la finalización de la huelga.
