El desplazamiento forzado en Honduras comenzó a tener auge desde la década de 1980 como efecto directo de la Guerra Fría, cuando se perseguía a las personas por ideologías y afinidades políticas
A finales de octubre de 2022, con datos recolectados entre 2004 y 2018, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estimó que en el país hay más de 247 mil personas desplazadas internas a causa de la violencia
El Congreso Nacional aprobó, el 21 de diciembre, la Ley de Atención a Personas Desplazadas por Violencia
Redacción: Viena Hernández y Jorge Burgos
Ilustración de portada Guillermo Burgos
Fotografías: Horacio Lorca
Tegucigalpa. – Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Honduras hay más de 247 mil personas desplazadas internamente a causa de la violencia, una de ellas es Karla Rodríguez, una joven de 20 años que se dedicaba a vender cacahuates y dulces en los buses y distintos barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.
Una tarde de agosto de 2018, en su intento por llevar los alimentos y cubrir otras necesidades básicas en su hogar, se internó en una peligrosa zona con el propósito de vender las golosinas que comercializaba. Nunca pensó que trabajar honradamente se convertiría en un problema. Pero no resultó así, su vida cambió para siempre. Cuando iba por una de las calles de tierra—una de las tantas en esa misma condición en la capital hondureña—, de inmediato y sin previo aviso, recibió varios impactos de bala, quienes le dispararon, seguro, pensaron, era “bandera” (infiltrada de otro grupo delictivo o de una mara o pandilla contraria a la que se adueñó de esa zona).
Karla sobrevivió, pero tuvo que vivir tres años con una bolsa especial anexada a su cintura porque uno de los proyectiles rozó su intestino delgado. Solo después de varias operaciones pudo dejar de utilizarla.
“Yo estudiaba también y necesitaba ingresos, me metía a las colonias a vender cacahuates. Seguramente me confundieron cuando me dispararon, pero gracias a Dios sigo viva. Cuando ingresé al hospital me operaron, pero tuve que andar con una bolsa de colostomía”, relató.
Ante el temor de ser perseguida, Karla abandonó la colonia donde vivía e intentó migrar hacia Estados Unidos. En el camino hubo muchas personas que la ayudaron y a quienes les contó lo que había vivido en Honduras y las razones del por qué decidió huir. Siempre con la claridad de proteger su vida ante el riesgo inminente de perderla a manos de los criminales. La joven se unió a otras cuatro personas que conoció en una terminal de buses y que tenían el mismo propósito, ninguno contaba con ingresos, solo llevaban poco más de mil lempiras en los bolsillos (unos USD 40).
Sin embargo, cuando llegaron a Guatemala, un hombre a quien ayudaron a arreglar el parabrisas de su carro, durante una tormenta, les advirtió que miembros del grupo criminal, llamado “Los Zetas”, estaban raptando gente en la zona cercana de la frontera con México, entonces les ofreció ayuda y los llevó a una casa refugio para migrantes en la ciudad de Guatemala.
“Hoy en día solo por ser joven uno corre peligro, aunque no ande en nada malo. Esa era la primera vez que yo había entrado a esa colonia a vender mis productos. Da tanta tristeza que los jóvenes estemos sufriendo tanto por la violencia y la delincuencia”, lamentó Karla.
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ACECHADOS SOLO POR SER JÓVENES
Durante su travesía, lograron refugiarse en Casa Migración de Guatemala, durante ocho días, luego, sus casos fueron llevados a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) donde se les ofreció asilo, pero debían abandonar la posibilidad de regresar a Honduras.
“Yo les dije que no, preferí volver a mi país y reencontrarme con mi familia, porque son mi motor, lo que me hace seguir adelante, pero los de la organización me dijeron que siempre seguirían llamándome para saber cómo estaba”, contó.
Karla dijo que, al retornar voluntariamente a Honduras, la OIM la siguió apoyando, también le pasaron su contacto a Cristosal—una organización civil que trabaja en la protección de personas desplazadas—,para que la ayudaran con una cirugía que necesitaba. El ente humanitario le ofreció estudios o un oficio. Así fue como Karla se convirtió en estilista.
“Uno no puede trabajar honradamente, porque anda con aquel temor de que le quieran volver a hacer daño, uno siente inseguridad, todo eso me afectó muchísimo en mi salud y psicológicamente, tuve hasta que intentar irme del país y mi familia también sufrió por mi situación”, exteriorizó Karla.
Afirmó que volverá a intentar migrar para mejorar la calidad de vida de su familia. Todavía tiene mucho miedo que vuelvan a agredirla e intenten quitarle la vida, pero, pese a su sufrimiento, cada día se levanta con ganas de superarse y aspirar a tener una casa propia, algo que difícilmente, cree, logrará si se queda en Honduras.
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LAS VIOLENCIAS Y EL CRIMEN SON LOS EXPULSORES
El desplazamiento forzado se da en los 18 departamentos de Honduras, producto de los distintos tipos de violencias que se mantienen, en su mayoría, ejercidas por organizaciones criminales como las redes de tráfico de personas, narcotráfico, extorsión, reclutamiento forzado de mujeres, niñez y juventud.
Esa terrible situación se refleja en las estadísticas de los últimos dos años Para el caso, en 2021, al menos 300 mil personas fueron víctimas de los factores que provocan el desplazamiento interno. Antes, en 2020, el registro fue de 225 mil personas.
Itsmania Platero, quien compartió esas cifras con Criterio.hn, manifestó que tiene la impresión que muchas veces esas estadísticas son maquilladas para minimizarlas, al ser números realmente escandalosos y preocupantes.
“Solo se habla que existe un desplazamiento interno de unas 100 mil personas, pero eso es mentira, porque el desplazamiento interno se da, por ejemplo, cuando las personas buscan en distintas organizaciones alguna forma de proteger sus vidas, abandonando todo para cambiar de domicilio e incluso de ciudad, pero el peligro sigue latente”, destacó Platero.
Las personas buscan después, al no tener otra opción, emigrar de Honduras, siendo lo más cercano, Guatemala, México e, incluso, la mayoría probará llegar a Estados Unidos.
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EL DESPLAZAMIENTO FORZADO TIENE SUS ORÍGENES EN LA “GUERRA FRÍA”
Karen Valladares, coordinadora de Cristosal dijo, en entrevista con Criterio.hn, que el desplazamiento forzado en Honduras se empezó a dar con mayor intensidad desde la década de 1980, debido a la “Guerra Fría” y la persecución a las personas por ideologías y afinidades políticas, lo que se conoce como perseguidos políticos.
En ese sentido, se admite que no es una problemática nueva, pero sí que ha ido ascendiendo, sobre todo en los últimos años, lo que conllevó a que Honduras se convirtiera en uno de los primeros países en reconocer el fenómeno del desplazamiento forzado.
Desde el 2013 Honduras reconoce el desplazamiento forzado a través del Decreto Ejecutivo PCM-053-2013, publicado en Diario Oficial La Gaceta el martes 26 de noviembre de 2013, mediante el cual el Poder Ejecutivo creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia.
Esa Comisión tendría como objeto impulsar la formulación de políticas y la adopción de medidas para la prevención del desplazamiento forzado por la violencia, así como para la atención, protección y soluciones para las personas desplazadas y sus familiares.
En el escrito, mencionaron que la creación de la Comisión obedecería a la implementación del Convenio Marco de Cooperación entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos y la Acnur, suscrito el 13 de agosto de 2013, del cual fue testigo el presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
Pero, Honduras es evidentemente un país en el cual sus habitantes siguen siendo presas del desplazamiento forzado, pese a que, en 2014, se creó la Comisión Interinstitucional con una unidad específica acreditada por la Secretaría de Derechos Humanos para tratar esa problemática social. A raíz de esa Comisión, se inició un trabajo en conjunto de cabildeo y seguimiento de casos.
Platero, recordó el Programa de Testigo Protegido y señaló que algunas organizaciones humanitarias, como es el caso del Fondo Noruego, les brindan a las personas la estadía de al menos dos meses para que puedan moverse para vivir en otro sector.
“Honduras no cuenta con un Programa de Testigo Protegido, solo se cambia a las personas de un lugar a otro, pero solo es un paliativo, algo momentáneo, lo cual provoca que cada vez se haga mayor el desplazamiento interno”, dijo Platero.
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MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES HUYEN DE SUS HOGARES POR VIOLENCIA
La organización Cristosal establece, en un informe que entre enero y octubre de 2022, atendió a 2,120 personas desplazadas producto del cambio climático y por maras y pandillas. De acuerdo a ese diagnóstico, de esas personas, el 51% eran mujeres, el 48.2% hombres y 28 integrantes de la población LGBTIQ+.
Criterio.hn buscó cotejar las estadísticas proporcionadas por Cristosal con fuentes oficiales, en particular con la Policía Nacional, pero la respuesta fue que esta institución no gestiona ni tiene este tipo de datos, pese a que el desplazamiento forzado es un importante fenómeno social que va en aumento y que es un problema que, en la mayoría de los casos, se desencadena por la inseguridad.
El desplazamiento forzado afecta las vidas tanto de los sectores vulnerabilizados como de las demás poblaciones, es decir, niñez, juventud, personas adultas y personas de la tercera edad.
Aunque el desplazamiento forzado es un fenómeno que no distingue género y edad, las mujeres y la niñez son la población más afectada, tomando en cuenta que, al ser desplazados también son o, pueden ser víctimas de otro tipo de violencias.
La niñez, sobre todo la que está en riesgo social, es víctima de reclutamiento forzado y trata de personas por parte de organizaciones criminales, de hecho, muchos son ingresados a esos grupos delictivos, razón por la cual es muy común ver jóvenes y hasta niños involucrados en crímenes siendo detenidos en operativos policiales. Muchas madres de familia, se ven obligadas a abandonar sus casas para proteger a sus hijos de las amenazas y hasta de la muerte, en caso de negarse a ingresar a una mara o pandilla.
En el caso de las mujeres, ocurre que son obligadas a cometer delitos y otras son vendidas a las organizaciones de trata de personas. Todo lo antes expuesto deja ver que, no solo la muerte es producto de la violencia, hay muchas formas de violencia que privan de una vida digna e íntegra a las personas.
Cristina Alvarado, psicóloga del Movimiento por la Paz “Visitación Padilla”, una organización de reconocida y larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres en Honduras, dijo a Criterio.hn que es importante resaltar que el desplazamiento forzado impacta directamente en la vida de las mujeres, tratándose de un fenómeno que viene ocurriendo hace varios años, pero que recobra importancia debido a la vulnerabilidad social que enfrentan las mujeres de manera particular.
La defensora de las mujeres, manifestó que “Visitación Padilla” ha acompañado a las mujeres desplazadas y que se convirtieron en migrantes producto del desplazamiento por violencia de pareja, víctimas de intento de femicidio o de enfrentamientos de padres con hijos.
“Las razones de peso que hacen huir a las mujeres es porque tienen hijos pequeños o adolescentes, a quienes los grupos organizados les ponen ojo, sobre todo a las niñas y jóvenes, las secuestran para explotación sexual comercial y a los niños y jóvenes para que integren esos grupos”, resaltó Alvarado.
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JULIA, SUMIDA EN EL DESEMPLEO TAMPOCO PUDO FRENTE A LA EXTORSIÓN
Julia Martínez, una mujer que está entre la espada y la pared por la extorsión, compartió con Criterio.hn la odisea que vivió en 2019, cuando intentó establecer un restaurante, con su hermana, en la salida que de Tegucigalpa conduce a la zona sur. Tenían solo días de haber inaugurado el local, pero pronto ya tenían el aviso de al menos cinco grupos delictivos anunciándoles el cobro semanal de L5,000 para cada uno, es decir, que por extorsión tenían que pagar L25,000 (el equivalente USD1,000 al cambio actual de la moneda)
“Como hay tan pocas oportunidades de empleo, tuvimos que emprender. Las primeras semanas nos iba tan bien que ajustaba para pagar esa extorsión, pero al poco tiempo nos estaban obligando a pagarles más dinero, en pocas palabras estábamos trabajando duro solo para mantener a esos grupos delictivos que viven del pobre, entonces tuvimos que abandonar nuestro sueño y cerrar el negocio”, relató Julia con decepción.
La opción de establecer un pequeño negocio, como lo hizo Julia y su hermana se ha convertido en una necesidad para los hondureños ante la falta de empleo. Pero, desgraciadamente son estos pequeños negocios las víctimas de la extorsión ante la desprotección estatal.
Julia dijo en conversación con este medio digital que ella y su familia interpusieron la denuncia ante la Policía Nacional, pero estos hicieron caso omiso y solo pusieron excusas, llevándolos a creer que, en efecto, es porque también podrían estar vinculados o porque esos grupos organizados están por encima de las autoridades.
La situación no pasó a más que a una nueva denuncia engavetada. Más adelante, Julia y su familia decidieron abrir una cafetería en una zona de mayor plusvalía donde se suponía podría haber mayor seguridad, pero pasaron por la misma eventualidad. En esta ocasión llegaron dos menores de edad armados al local.
“Eran demasiado jóvenes, llegaron a amenazarnos, nos dijeron: ‘bueno, ustedes tienen que saber bien que aquí se pagan 500 varas (lempiras) diarias, esta vez decidimos que lo mejor era no abrir el local, entonces terminamos perdiendo el depósito y la primera mensualidad del alquiler”, contó, con desánimo, Julia.
Actualmente, los miembros de la familia Martínez no solo no tienen un empleo, sino que tampoco pudieron desarrollar su propio negocio, pasan por problemas económicos y hasta han pensado en abandonar el país.
Julia Martínez, comentó que años atrás uno de sus primos había sido secuestrado por una banda criminal, que solicitó una suma exagerada de dinero para liberarlo, pero al no poder juntar el dinero en el tiempo que les habían ordenado, los criminales mataron a su familiar.
Se estima que la extorsión en Honduras recoge alrededor de L18,270 millones (alrededor de USD737 millones), lo que representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), según el informe “Impuesto de Guerra”: El fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras publicado en noviembre pasado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) que, además, estima que en 2022 al menos 200 mil hondureños serían víctimas de la extorsión.
Con el argumento de perseguir los grupos criminales y en particular el delito de la extorsión, asociado a las maras y pandillas, el gobierno hondureño implementó a partir del 6 de diciembre y por un mes, un estado de excepción que ha suspendido de manera parcial algunas garantías constitucionales en 162 barrios y colonias en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula. Las autoridades policiales han adelantado que el estado de excepción será prorrogado.
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DESALOJADOS DE SUS CASAS POR MARAS Y PANDILLAS
Cristosal comenzó a abordar el desplazamiento forzado en Honduras desde el 2018, pero en El Salvador, donde se encuentra su sede principal, inició desde el 2000. Los datos que maneja esta organización son los recopilados por la Acnur.
Al observar esa temática desde hace tantos años y al ser una organización regional de derechos humanos, Karen Valladares coordinadora del ente, expresó que es necesario seguir dinamizando acciones producto del desplazamiento forzado.
Muchas personas se convierten en migrantes debido al desplazamiento forzado a partir de las violencias que sufrieron en sus países, pero, en su mayoría, organizaciones han identificado que el desplazamiento se da por las maras y pandillas.
Cristosal compartió que han dado seguimiento a los monitoreos por desplazamiento, como el caso de la colonia Villa Nueva sector 2, en la capital de Tegucigalpa, donde un grupo de personas fueron desalojadas por las maras, quienes,m bajo amenazas, dieron plazo para que abandonaran sus viviendas.
“En nuestro país hay una situación bastante complicada por el alto grado de inseguridad, lo cual permea aún más la situación del desplazamiento forzado. Es importante vincular la realidad de estas personas que se mueven a veces solo de forma interna, ver qué procede, dar acompañamiento y apoyo de forma duradera”, señaló Valladares.
Existen barrios y colonias que presentan altos índices de personas desplazadas por violencia. Los monitoreos y estudios de Cristosal, han encontrado que en las colonias Villa Nueva, Nueva Capital, en la periferia de Tegucigalpa y Comayagüela, respectivamente, y en Pedernales, municipio de Cedros, al norte del departamento de Francisco Morazán, se identificaron varios factores en común que han generado desplazamiento.
En su intervención en Pedernales, Cedros, además de haber desplazamiento por maras y pandillas, encontraron que se debe a la ubicación de un centro penitenciario. Además de realizar acciones directas en las comunidades, algunas organizaciones que abordan la problemática, utilizan el Sistema de Alerta Territorial (SAT) y el Sistema de Derivación de Casos y el sistema de código QR para ayudar a que se realicen las denuncias.
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DESPLAZADOS POR CAMBIO CLIMÁTICO
La zona norte de Honduras es acechada por los fenómenos naturales, especialmente en la época lluviosa, razón por la cual la organización Cristosal se trasladó a las comunidades más golpeadas por las tormentas tropicales Eta y Iota en noviembre de 2020 y encontró que el 82% de las personas que fueron entrevistas fueron desplazadas producto del cambio climático.
Las entrevistas se efectuaron en comunidades de los municipios de Potrerillos, Choloma, El Progreso, La Lima, Villanueva, San Pedro Sula y San Manuel, en el departamento de Cortés. Las cifras compartidas por Cristosal revelan que el 43.1% de los afectados oscilan entre las edades de 0 a 17 años y el 34.6% de 18 a 39 años. En esta población se encontraron personas con discapacidad, con VIH y adultos mayores.
Los entrevistados coincidieron que no solo se debe evidenciar la situación que viven los desplazados por violencia, sino que se debe incluir a las víctimas desplazadas por el cambio climático.
DESPLAZAMIENTO, ANTESALA A LA MIGRACIÓN
En el caso de quienes deciden migrar, Karen Valladares, coordinadora de Cristosal en Honduras, expresó que “las personas no se van porque quieren. Para nosotros sigue siendo una migración forzada, no una en la cual yo decido irme, están migrando porque el mismo país no me está ofreciendo vías o acciones prontas a las necesidades”.
Producto de los escenarios antes expuestos es que existe y aumenta la migración y el desplazamiento forzado. En lo que va de 2022, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), al menos 90,347 hondureños han sido retornados.
“Visitación Padilla” compartió que han seguido varios casos de mujeres desplazadas a través de un consorcio con la Acnur. En conjunto, analizaron los casos de mujeres y sus familias, que se encontraban en lugares de resguardo, con atenciones de salud, alimentación y movilización.
Las organizaciones ayudaron a las mujeres y sus familias a poner en orden sus documentos de viaje para que pudieran ponerse a salvo en otro país.
Uno de los tantos casos conocidos es el de una mujer cuyo esposo vivía en Estados Unidos y cuando venía a visitarla a Honduras la agredía físicamente, esa situación empeoró un día cuando uno de sus hijos la defendió de las agresiones de su padre. Este joven apuntó a su padre con una pistola. En ese momento, ella decidió que lo mejor sería huir a un lugar donde su agresor no pudiera encontrarlos y, como contaban con visa, viajaron a Estados Unidos donde solicitaron asilo.
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DESPLAZAMIENTO POR VIOLENCIA IRRUMPE EN PROCESO DE EDUCACIÓN
Según Cristosal, al menos el 47% de 90,347 personas retornadas este año, habrían sido desplazadas internamente en Honduras.
Las maras y pandillas están incluso infiltradas en los centros de estudios, por eso ni siquiera los estudiantes pueden manifestar que se sienten seguros en sus escuelas y colegios, lugares que se han convertido en los elegidos por el crimen para generar el reclutamiento forzado.
Hay una deuda pendiente en la recuperación de bienes de familias que tuvieron que abandonar sus casas para proteger sus vidas de los grupos delictivos, pues esas viviendas luego son habilitadas por las maras y pandillas.
APRUEBAN LEY DE PREVISIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS DESPLAZADAS
La noche del miércoles 21 de diciembre en el Congreso Nacional se aprobó la Ley de Prevención, Atención y Protección para Personas Desplazadas forzosamente, que se encontraba en discusión desde mediados de julio de 2022, luego de permanecer en suspenso por más de tres años, ya que había sido introducida a ese poder del Estado desde marzo de 2019.
Los organismos de derechos humanos esperan que esa ley sea reformada antes de que entre en vigor para hacerla más completa y agregar a los desplazados por el cambio climático. El escrito fue trabajado por entes de sociedad civil, representantes de gobierno, entes internacionales de derechos humanos, entre otros.
Previo a la aprobación, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Ligia Ramos, quien se encargó de retomar la discusión de la ley en el Congreso Nacional, manifestó en entrevista con Criterio.hn que la ley permitirá que el Estado se enfoque en tratar de darle una solución al desplazamiento forzado por violencia interna.
La congresista dice que la normativa es muy completa, que abarca la prevención y protección a las personas desplazadas, porque ha sido concebida y consensuada con las instituciones del Estado.
La ley contempla apoyo logístico, psicológico y de asistencia social para las personas desplazadas a quienes se supone se les brindará un nuevo hogar ya sea temporal o permanente.
Garantiza la educación de los niños y jóvenes desplazados, así como la salud y la seguridad ciudadana y la recuperación de los bienes que han sido secuestrados por las bandas criminales. La normativa fue redactada desde hace cuatro años por las organizaciones de derechos humanos con el apoyo de organizaciones internacionales y nacionales que han estado dándole apoyo a las personas desplazadas y en consonancia también con algunas secretarías de Estado involucradas en la solución integral de este problema.
El documento consta de 82 artículos de los cuales ya se han discutido y aprobado alrededor de 50 y, además, tiene un reglamento y ente ejecutor.
Ramos precisó que la ley se mantuvo engavetada por más de tres años y hubo tres intentos por introducirla, pero fue hasta agosto de este año que “la agarré, la actualicé con los nuevos nombres de las instituciones, le hice una actualización, la volvimos a revisar con las organizaciones y la volví a meter”.
El Congreso Nacional discute de manera paralela el Presupuesto General de la República de 2023. En este no se contemplan asignaciones para darle cumplimiento a la ley de desplazamiento.
Al respecto la congresista Ligia Ramos confía que gracias al trabajo interinstitucional que se efectúa alrededor de la temática, con los organismos nacionales e internacionales, se podrán asignar fondos para atender el flagelo social del desplazamiento.
A finales de octubre de 2022, la Acnur compartió en el Foro Especializado sobre Desplazamiento Forzado Interno en Honduras, en el cual Criterio.hn estuvo presente, que en el país hay más de 247 mil personas desplazadas internas a causa de la violencia. Los datos manejados corresponden a un estudio sobre el desplazamiento, efectuado entre 2014 y 2018. Como resultado de esa situación, el impacto en el goce de derechos humanos fundamentales de las víctimas y de las comunidades en riesgo se mantiene.
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HEMORRAGIA DEMOGRÁFICA
En conversación con Criterio.hn, Guadalupe Ruelas, exdirector de Casa Alianza, apuntó que según datos de las Naciones Unidas más de 140 mil familias han sido desplazadas por violencia en varias zonas del país, especialmente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, donde se registra la mayor incidencia de esta problemática.
Cuando el crimen organizado afecta a familias completas, puede deberse a que una mara o pandilla quiera apoderarse de su vivienda para utilizarla para sus fines delictivos o, simplemente, porque a esa organización criminal no le agrada la presencia de esa familia.
“Cuando las familias se enfrentan a esta situación, solo pueden irse con poco que puedan llevarse, perdiendo de esa forma su patrimonio, su vivienda, siendo víctimas de desarraigo y desesperanza”, expresó Ruelas.
Las familias no solo tienen que desplazarse obligadamente a otra colonia, ciudad u otro pueblo, sino que a veces se ven obligadas a huir del país generando una hemorragia demográfica. El desarraigo también afecta mucho a la niñez y juventud, en el sentido que, los procesos educativos se rompen, debido a que tienen que abandonar sus centros de estudios para salvar su integridad en riesgo. De igual forma, provoca la pérdida de empleos porque deben desplazarse forzadamente a un lugar muy apartado donde no existen fuentes de trabajo.El desplazamiento forzado por violencia genera, además de los problemas económicos y de pertenencia, trastornos psicológicos y que provienen del temor y el estrés, implosión y perjudica la convivencia.
Ruelas dice que no cree que el desplazamiento forzado disminuya con el estado de excepción en combate a la extorsión, porque lo único que provoca esta medida temporal es que haya mayor presencia policial o estatal en ciertas zonas.
“Las personas empobrecidas son los más afectados por el desplazamiento forzado y los que no quieren convivir o tolerar a las bandas criminales, porque estos los ven con desconfianza, pero el sistema de justicia tiene más oído para la gente con recursos y los que no tienen ni siquiera saben dónde quedan las oficinas, siendo siempre los más afectados”, acotó el defensor de derechos humanos.
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PAPEL DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
La Secretaría de Derechos Humanos (Sedh) tampoco maneja datos sobre las personas desplazadas, el dato con el cual se trabaja es de 2018, específicamente del estudio de Acnur que refiere que de 2004 a 2018 hay 247 mil hondureños desplazados.
Un informe, realizado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), sobre la Situación del Desplazamiento Forzado en Honduras, detalla que entre julio de 2016 a julio de 2021 (cinco años) este ente estatal atendió 52,043 quejas, a nivel nacional, de las cuales 4,711, que representan el 9 %, están relacionadas a situaciones de desplazamiento interno.
El informe revela que las personas afectadas suman 11,015, de las cuales 5,823, que representan el 52.8%, manifestaron una situación de riesgo de desplazamiento, mientras que las restantes 5,192 admitieron haberse desplazado forzadamente.
Los principales hechos violentos que causaron los desplazamientos o riesgos de desplazamiento, entre 2016 y 2021, fueron las amenazas, la extorsión y asesinatos, según el documento.
La Secretaría de Derechos Humanos cuenta con la Dirección de Protección de Personas Desplazadas Internas por Violencia, encargada de establecer una ruta de ayuda y protección para atender los casos remitidos por diferentes organizaciones de sociedad civil y de organismos internacionales.
A las víctimas se le entrevista y se caracteriza el caso, luego se les brindan las medidas de protección y de ayuda humanitaria, por lo cual, si la persona tiene que salir rápidamente del lugar, se extrae junto a su familia y se les ubica en hoteles que forman parte de una lista de proveedores para estos casos.
En los hoteles son alojados hasta por una semana, mientras identifican un nuevo lugar para reubicarse. Además del alojamiento, se les brinda los gastos por alimentación, explicó Jenny Aguilar, titular de la dirección de Protección de Personas Desplazadas Internas por Violencia de la Secretaría de Derechos Humanos.
Guido Eguiguren, viceministro de la Secretaría de Derechos Humanos (Sedh) manifestó que su trabajo va dirigido en tres aspectos que son: prevención, atención y protección.
Agregó que están a la espera de la aprobación de la Ley de Protección de Personas Desplazadas porque esta va a regular el marco jurídico y el accionar de cada Secretaría e institución involucrada, definiendo las acciones que deberán desempeñar cada una de ellas.
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CRIMINALIDAD LLEGA Y SE MANTIENE
Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, manifestó a Criterio.hn que esa instancia no ha observado los desplazamientos como tal, pero sí desde la óptica de la violencia y de los asesinatos que provoca. Sin duda el Observatorio de la Violencia da seguimiento a la violencia y la criminalidad y esta se vuelve un fenómeno multicausal, de hecho, se ha identificado que en los territorios hay presencia de grupos criminales que amenazan, que causan el miedo y precisamente desplazan a la ciudadanía.
Muchas de las familias se ven obligadas a salir del barrio o colonia, porque primero quieren cooptarlos y cuando hay hijos menores de edad quieren reclutarlos, aprovechando esa edad para que les apoyen en actividades criminales.
“Protegemos y desarrollamos acciones de prevención, porque ellos no quieren eso para sus hijos, muchos tienen que salir primero de su lugar de origen a una ciudad y luego a otra ciudad, muchas veces llegan hasta la migración a otros países”, señaló Ayestas.
El problema del desplazamiento es serio debido a la presencia de maras y pandillas en los barrios y colonias, pero, además por el narcotráfico, sin embargo, “vemos que no se le da la suficiente atención por parte del gobierno y de los defensores de derechos humanos”.
El problema del Estado es que solo desarrolla acciones de control y disuasión del delito y no ve a los jóvenes como una oportunidad para fortalecer sus capacidades, entonces el Estado los excluye y al final terminan en esa situación de marginación, agregó Ayestas.
A este panorama, agregó que la ayuda social del gobierno no llega, por el contrario, a lo que llegan es a capturarlos, precisamente por sus vínculos con actividades criminales.
El control del territorio es evidente y eso hace que las personas sean presa fácil de las maras y las pandillas y de la criminalidad organizada, dedicada al narcotráfico, tráfico ilícito de armas y además el microtráfico de drogas que acecha a los barrios y colonias donde se origina el desplazamiento forzado.
Como hechos ligados a la extorsión, en 2021, el Observatorio de la Violencia registró la muerte violenta de 36 personas, dedicadas al comercio a través de pequeños negocios. Asimismo, 142 empleados del rubro del transporte, entre estos motoristas, ayudantes y despachadores, quienes murieron violentamente al recibir mensajes intimidatorios para los dueños de las unidades.
Esta publicación se desarrolló con el auspicio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)
