Pese a los múltiples recursos presentados por pueblos indígenas y sociedad civil, la Corte Suprema de Justicia de Honduras, continúa sin pronunciarse sobre la legalidad del decreto 93-2021, usado para criminalizar a defensores de la tierra, ambiente y territorio
Tegucigalpa, Honduras – El Decreto 93-2021, que criminaliza la defensa del territorio por medio de la figura de usurpación agravada, sigue vivo, y ni el Congreso Nacional ni la Corte Suprema de Justicia (CSJ) actúan para finiquitar la herencia del régimen juanorlandista.
Los Consejos Indígenas Lencas de Potrerillos, La Tigra y El Achiotal, del municipio de Siguatepeque, en Comayagua, presentaron el pasado miércoles 25 de junio una nueva acción de inconstitucionalidad ante la CSJ contra el uso de cuatro artículos introducidos por el Decreto 93-2021.
Mediante un comunicado, los consejos indígenas lencas señalaron que, en agosto de 2023, once de sus integrantes fueron condenados bajo este marco jurídico, cuyo objetivo es favorecer a sectores empresariales, reprimir la protesta social y expulsar a la población indígena de los territorios.
Con este nuevo recurso de inconstitucionalidad ya suman nueve acciones contra el Decreto Legislativo 93-2021. Previamente, el Consejo Indígena Lenca de Reitoca en Francisco Morazán, presentó en mayo un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma realizada al delito de usurpación en el Código Penal.
El 1 marzo de 2023, el diputado oficialista del Partido Libertad y Refundación, Ramón Barrios, –quien presidió ese año la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional– se comprometió con los pobladores de la Península de Zacate Grande, sur de Honduras, a visitar la zona para constatar las denuncias y “dar respuesta, desde la comisión, a la reforma o a la anulación y derogación del delito de usurpación”. Menos de siete días después, Barrios dijo a Criterio.hn que no se estaba planteando una reforma o derogación del delito de usurpación.
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Esto pese a que el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, criticó la aprobación de la reforma impulsada por el “bipartidismo” que “criminaliza como figuras penales ilícitas una serie de actividades cruciales de protesta y manifestación cívica”.
Incluso en la actual administración continúan procesos de criminalización bajo la figura de “usurpación”. Cinco de los miembros del Consejo Indígena Lenca de Potrerillos en Siguatepeque están acusados bajo esa figura y el pasado 17 de junio, su audiencia fue reprogramada para el 24 de julio. El Bufete Justicia para los Pueblos solicitó la inspección judicial de los terrenos en conflicto, puesto que los defensores territoriales no habitan ni ejercen posesión sobre los terrenos aludidos.
La población lenca de Potrerillos es blanco de procesos judiciales desde 2011, y en los últimos seis años, se han abierto al menos seis causas contra las personas defensoras del territorio, la mayoría bajo la figura penal de “usurpación”. El 17 de junio, el abogado Junior Zúniga explicó a Criterio.hn que desde el Bufete Justicia para los Pueblos han acompañado al menos seis procesos similares, en los que casi siempre se repiten los nombres de los acusados en diferentes expedientes.
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