Tegucigalpa. – En Honduras la defensa del territorio, medioambiente y derechos humanos representa un riesgo creciente, principalmente para las mujeres defensoras quienes enfrentan múltiples formas de violencia, que en su mayoría son perpetradas desde las instituciones del Estado.
Un ejemplo evidente de ello, es el atentado registrado el pasado sábado 21 de junio contra la defensora garífuna Mabel Robledo, que pese a estar bajo medidas de protección del Estado hondureño, fue víctima de agresiones físicas y amenazas por parte de funcionarios de la Policía Nacional.
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DATOS ACTUALES
Con el objetivo de conocer los datos registrados durante 2025, Criterio.hn consultó a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, que aseguraron que las tendencias de agresiones se mantienen hasta la fecha.
La Red señaló que entre marzo y abril del presente año, se han registrado 298 agresiones en contra de defensoras, siendo el departamento de Atlántida con 85, Islas de la Bahía con 66, Cortés con 52 y Francisco Morazán con 37, los que documentaron la mayor parte de las agresiones.
El monitoreo realizado por la organización, revela que la mayoría de las agresiones provinieron de agentes y funcionarios del Estado. La Policía Nacional encabeza la lista con el 31 % de los casos, seguida por otras autoridades públicas, responsables del 26 % mientras que las empresas contabilizan el menor porcentaje con el 3%.
“Según datos de la Red Nacional, el derecho cuya defensa ha generado más agresiones contra las mujeres es el de la tierra y el territorio, con un 55 % de los casos”.
En lo que va de 2025, la Red Nacional ha documentado el asesinato de dos defensoras del territorio. La primera, originaria del Bajo Aguán, fue asesinada en febrero, aunque su identidad no fue revelada. El segundo caso ocurrió el 19 de junio y corresponde a María Pedrina Martínez, quien se oponía a un proyecto minero en Puerto Cortés.
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ESTADO EL AGRESOR PRINCIPAL
El 29 de abril de 2025, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras realizó la presentación del informe Situación de defensoras en Honduras 2024, en el que se detalló que durante los últimos 15 años, el Estado había sido identificado como el principal agresor de las mujeres defensoras, siendo el responsable de la mitad de los casos documentados de violencia
Al respecto, Ana Leveron, integrante de la Red Nacional de Defensoras, señaló a Criterio.hn que el Estado es, efectivamente, el principal agresor de las defensoras, actuando a través de su propia institucionalidad, una situación que calificó como contradictoria, ya que son esas mismas instituciones las encargadas de garantizar los derechos humanos y naturales de las compañeras, muchas de las cuales cuentan con medidas de protección.
Leveron lamentó las deficiencias en el funcionamiento del Mecanismo de Protección, el cual según afirmó, cuenta con un presupuesto insuficiente para atender adecuadamente a las y los defensores. Además, señaló que las medidas otorgadas no son equitativas ni responden al nivel de riesgo que enfrentan en los territorios.
La defensora explicó que en los territorios la violencia se ve de diversas maneras, y ejemplifico la criminalización, las amenazas y los desalojos forzados que en muchos de los casos son ejecutados con violencia.
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DESAFÍOS DE LAS DEFENSORÍA
Para conocer los riesgos y retos a los que se enfrentan las defensoras en Honduras, Criterio.hn contacto a Evelyn Ramírez, coordinadora técnica de proyectos del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), quién afirmó que desde la labor que realizan en su organización han sido victimas de persecución, criminalización y amenazas por parte de los operadores de las fuerzas de seguridad del Estado.
Ramírez señaló que, en este contexto, siempre ha sido cuestionado que los operadores de justicia integren los mecanismos de protección, ya que, aunque son los responsables de garantizar las medidas, en muchos casos son los mismos funcionarios quienes vulneran los derechos de la ciudadanía y que por ello, muchas personas defensoras optan por no acogerse a estas medidas, ya que representa un riesgo.
La defensora afirmó que además del mecanismo de protección, otro de los desafíos a los que se enfrentan es que el Estado de Honduras cumpla con todos los tratados nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y la aceptación de las sugerencias de las organizaciones.
Ramírez remarcó que es necesario que el estado hondureño brinde apoyo a las organizaciones y reconozca el trabajo que realizan en materia de derechos humanos.
Según datos de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, el 67% de las agresiones registradas entre marzo y abril de 2025 fueron cometidas por operadores del Estado, siendo el hostigamiento, las amenazas y distintos actos de violencia los actos más frecuentes.
