Tegucigalpa.- El pasado 15 de mayo se cumplió una década desde la aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, un avance en el reconocimiento y protección de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
A partir de esa ley, se creó el Sistema Nacional de Protección (SNP), convirtiendo a Honduras en el cuarto país de la región con un mecanismo de protección de este tipo.
A diez años de la promulgación de la ley la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) insta al Estado de Honduras a tomar medidas urgentes para que el país deje de ser un lugar peligroso para la defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2021 y marzo de 2024 al menos 100 periodistas y comunicadores han perdido la vida de manera violenta.
Estos actos de violencia, no solo representan una grave violación de los derechos humanos fundamentales, sino que también tienen consecuencias devastadoras para la sociedad en su conjunto, porque cuando los periodistas y comunicadores sociales son silenciados a través de la intimidación, la violencia o el asesinato, se socava la capacidad de la sociedad para acceder a información veraz y objetiva, así como para ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Además, la falta de investigaciones exhaustivas y la ausencia de justicia para las víctimas y sus familias perpetúan un ciclo de violencia e impunidad que socava aún más la libertad de prensa y el estado de derecho en Honduras
La Oacnudh sigue monitoreando y documentando contantes ataques contra personas defensoras y periodistas y ve con preocupación que el SNP enfrenta serias dificultades que comprometen su capacidad de respuesta, como la débil coordinación interinstitucional, la falta de presupuesto y recursos humanos suficientes, la constante rotación de personal y la ausencia de procesos de formación especializados.
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La creación del SNP fue un hito histórico, y su fortalecimiento debe ser una prioridad de los tres poderes del Estado. Sin embargo, este mecanismo por sí solo no es suficiente. Para muchas personas defensoras, vivir con medidas de protección y bajo temor se ha convertido en una normalidad, señala la Oacnudh en un comunicado.
Es necesario que el Estado garantice un entorno propicio y seguro que les permita ejercer su labor sin temor a represalias, expresó Bardia Jebeli, representante adjunto de la Oacnudh.
Jebeli agregó que luchar contra la impunidad de los delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas no es solo una obligación del Estado, sino también la forma más efectiva de proteger sus vidas y su labor.
En Honduras, silenciar las voces de quienes defienden los derechos humanos no tiene consecuencias, lo que conlleva a perpetuar los ataques en su contra y profundiza el clima de miedo e indefensión en el que muchas personas defensoras se ven forzadas a vivir.» puntualizó JEBELI.
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Frente a esta situación, OACNUDH llama a la adopción de una política integral de Estado que, además de mejorar la protección, aborde las causas estructurales que generan riesgo, reconozca y respalde la labor de las personas defensoras y garantice la investigación y sanción de quienes cometen agresiones en su contra.
