Defensoras consultadas por Criterio.hn señalan que la normativa no ha sido aprobada por falta de interés y voluntad política en el Congreso Nacional
Tegucigalpa, Honduras. – A solo siete días de la convocatoria oficial a elecciones generales, el Congreso Nacional sigue sin aprobar la Ley Contra la Violencia Política Hacia las Mujeres, a pesar de los casos registrados durante las elecciones primarias y de las constantes exigencias de las organizaciones feministas.
De acuerdo con observatorios y organizaciones consultadas por Criterio.hn al menos 30 casos de violencia política fueron documentados durante y posterior a las elecciones primarias, siendo los principales agresores los integrantes de los partidos políticos, principalmente del Partido Liberal y Partido Libre que contemplan el mayor número de casos.
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SOBRE LA INICIATIVA
El 8 de marzo de 2022, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, junto a la congresista Johana Bermúdez del Partido Nacional, presentaron ante el pleno del Poder Legislativo la Ley de Prevención Contra la Violencia Política hacia las Mujeres, una iniciativa orientada a prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia en los espacios de participación política.
En agosto de 2024, la iniciativa fue sometida a un segundo debate ante el pleno del Congreso Nacional. No obstante, enfrentó resistencia bajo el argumento que la ley podría restringir la libertad de expresión, una postura respaldada por el expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes. Sin embargo, esta interpretación fue desmentida por diversas organizaciones de mujeres, que aclararon mediante un comunicado que la ley no busca censurar, sino prevenir y sancionar la violencia política por razones de género.
Pese a que las organizaciones exigieron la aprobación de la ley antes de la convocatoria a elecciones primarias, y realizaron esfuerzos para que se garantizara antes de la realización de los comicios primarios, la propuesta se encuentra estancada en el Congreso Nacional y, aun con los casos de violencia política registrada, las posibilidades de que avance parecen ser inexistentes.
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¿CUÁL ES EL ESTADO DE LA INICIATIVA DE LEY?
De acuerdo con la diputada del Partido Libre y coordinadora de la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional, Silvia Ayala, la iniciativa pese a tener un dictamen favorable de la comitiva no ha sido agendada para ser sometida al tercer y último debate por la oposición de algunas de las bancadas.
La congresista explicó que la Comisión de Equidad de Género realizó dos jornadas de socialización con diferentes sectores, organizaciones de mujeres y las distintas bancadas del Congreso Nacional, en las que se recogieron las dudas de algunos diputados y las razones por las que han manifestado no acompañar la aprobación de la normativa. Sin embargo, recalcó que esta podría ser aprobada antes de las elecciones generales, siempre y cuando exista voluntad política.
Ayala señaló que la importancia de aprobar la ley radica en los datos recogidos en el dictamen elaborado por la Comisión de Equidad de Género, el cual documenta casos de diputadas que han manifestado haber sufrido algún tipo de violencia política durante su participación. Esto, dijo, evidencia que no solo las congresistas enfrentan esta problemática, sino también las mujeres que ejercen liderazgos en organizaciones sociales u otras estructuras políticas, quienes también han sufrido actos similares.
¿POR QUÉ SE MANTIENE ESTANCADA?
Dulce Davis, del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) e integrante del Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (Comunh), señaló que la ley ha sido presentada en múltiples ocasiones y por distintas congresistas, y afirmó que el desinterés y la omisión del Congreso Nacional frente a esta iniciativa representan un claro ejemplo de violencia política contra las mujeres.
Davis, explicó que el que se anule por completo la participación o la exigencia de una diputada para que entre en discusión una ley o pueda abordarse una problemática ejemplifica un caso de violencia política al que no se le da importancia.
La activista explicó que, con la aprobación de la ley, se activarían protocolos y procesos de investigación, lo que implicaría que una gran cantidad de personas denunciadas, muchas de ellas figuras de poder, podrían verse afectadas, siendo esta una de las razones por las que se mantiene paralizada, ya que para ciertos sectores no sería conveniente.
Davis explicó que la violencia ha sido utilizada históricamente para minimizar a la mujer y anular su participación, y que con la aprobación de este proyecto habría un aumento en la participación de las mujeres, por lo que les resulta más conveniente detenerlo para evitar su aprobación.
“Si esta ley se aprueba Por un lado habría bloqueos y denuncias, pero también habría un aumento en la en la representación de las mujeres en estos espacios” dijo Dulce Davis, del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) e integrante del Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (Comunh).
URGE SU APROBACIÓN
Yajaira Padilla, socióloga y coordinadora del proyecto de investigación que observará la conflictividad y violencia política electoral en Honduras de la UNAH, explicó a Criterio.hn que desde los análisis recolectados, consideran que la aprobación de la ley podría servir como una herramienta útil para prevenir la violencia dirigida a las mujeres en la política de Honduras.
Padilla señaló además la necesidad de que los partidos políticos asuman responsabilidades y tomen acciones disciplinarias contra los miembros de sus propias filas que restan posibilidades a las candidatas, ya sea mediante agresiones constantes o cuestionamientos a su liderazgo, su capacidad política y, especialmente, a su vida personal.
