En lugar de proteger los derechos de los pueblos originarios, la creación de reservas ha sido usada como mecanismo de despojo y represión, según las denuncias presentadas ante la Corte IDH
Tegucigalpa, Honduras – La creación de áreas protegidas en territorios indígenas y la vulneración del derecho a la alimentación son temas centrales en el caso de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos vs. Honduras, actualmente en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Esta problemática no es nueva y ha sido denunciada repetidamente por los pueblos indígenas. Además de violar el derecho a la consulta previa, libre e informada, se afecta el derecho a la alimentación, debido a las restricciones impuestas a las comunidades.
Precisamente esto es lo que enfrentan las y los garífunas en Cayos Cochinos desde que, en 1993, el archipiélago fue declarado área natural protegida y, posteriormente, monumento natural marino. La administración fue entregada a la Fundación de Cayos Cochinos y su vigilancia a las Fuerzas Armadas de Honduras, dejando de lado a los garífunas, habitantes ancestrales de la zona por más de 200 años.
“CONSERVACIÓN” SIN CONOCIMIENTO NI PARCIPACIÓN DE GARÍFUNAS
“El conocimiento ancestral ha sido clave para conservar el archipiélago por más de 200 años. Sin embargo, el Estado entregó su manejo al Instituto Smithsoniano y luego a la Fundación Cayos Cochinos, implementando una política de expulsión, militarización y criminalización de la pesca garífuna, lo que marcó el inicio del conservacionismo neoliberal: la entrega de bienes públicos a consorcios privados”, afirmó Rony Castillo, integrante de la Organización Fraternal Negra (Ofraneh) durante la audiencia pública celebrada el miércoles 21 de mayo.
Quienes nacieron después de la década de 1990 quizás no lo sepan, pero parte del despojo de la riqueza natural resguardada por pueblos indígenas ocurrió a través de campañas de estigmatización. Estas campañas desacreditaban sus conocimientos ancestrales mientras se exaltaba un modelo de conservación que consistía en expulsarlos de sus territorios y entregar la administración de las áreas a actores privados.
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Manuel Díaz Galeas, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en representación del Estado de Honduras, negó que la creación del Monumento Natural Marino en Cayos Cochinos tuviera como finalidad restringir derechos, y afirmó que el objetivo siempre fue “preservar un ecosistema”.
SOBREVIVIENDO BAJO LA SOMBRA DE UN CUERPO ARMADO
En la audiencia pública celebrada ayer en la Universidad Rafael Landívar en Ciudad de Guatemala, la Corte IDH escuchó los testimonios de la lideresa Mabel Ávila Robledo y el pescador Silvino Córdoba García. Ambos relataron que, desde que Cayos Cochino fue declarado área protegida, se les ha restringido el acceso a su alimentación, y que las comunidades han sido víctimas de al menos 13 desapariciones forzadas, así como amenazas y allanamientos.
Rony Castillo afirmó que “[a]ntes de que el archipiélago se declarara área protegida, el pueblo garífuna vivía y faenaba libremente, haciendo uso y goce de su territorio ancestral”.
Cristian Callejas Escoto, abogado y representante de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos y de la Ofraneh ante la Corte IDH, señaló que la Fundación de Cayos Cochinos está integrada por empresarios nacionales e internacionales y por instituciones estatales. Mientras que las Fuerzas Armadas, “un cuerpo armado preparado para la guerra”, son las encargadas de la vigilancia.
El procurador Díaz Galeas explicó que la Fuerza Naval hondureña patrulla el Monumento Natural Marino Cayos Cochinos para proteger los recursos naturales, conforme al decreto 114-2023, que asigna esa función a la Secretaría de Defensa. Añadió que actividades deben respetar a las comunidades locales y sus tradiciones ancestrales, bajo principios de igualdad y no discriminación.
Sin embargo, los testimonios de Ávila Robledo y Córdoba García evidencian una relación desigual en donde las comunidades garífunas sobreviven apenas con, limitada por estrictas restricciones, mientras la Fundación Cayos Cochinos beneficia económicamente con la filmación de espectáculos de telerrealidad y el turismo.
Mabel Ávila Robledo denunció que la Fundación “no está conservando el área, la está destruyendo” y preguntó: “¿Quiénes son los verdaderos sobrevivientes? ¿Ellos [los participantes del programa de telerealidad] o nosotros?”. Esta pregunta hace referencia a “Survivor” (Sobrevivientes), uno de los programas de telerrealidad grabados en la zona.
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CIDH: RESERVAS SIN CONSULTA VULNERAN DERECHOS DE COMUNIDADES GARÍFUNAS
Durante la audiencia ante la Corte IDH, el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Erick Acuña, recordó las declaraciones de la exrelatora especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, Victoría Tauli-Corpuz. En su visita a Honduras en 2016, Tauli-Corpuz advirtió que la creación de parques nacionales o reservas en territorios garífunas, sin consulta previa ha limitado sus actividades tradicionales de pesca, caza y recolección.
Por su parte, Karla Leiva, también en representación de la CIDH, señaló que si bien el Estado hondureño entregó títulos de propiedad a la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, no ha cumplido con su obligación de sanear el territorio para garantizar el uso pacífico de la tierra y sus recursos. Además, destacó la ausencia de una consulta previa, libre e informada respecto a la creación de áreas protegidas en territorio ancestral.
Leiva subrayó que la Corte Interamericana ha establecido con claridad que los Estados no deben imponer áreas de conservación en territorios indígenas sin una consulta adecuada. En ese sentido, citó el caso de las comunidades Quilombolas de Alcântara contra Brasil, donde el Tribunal reconoció que el derecho a la alimentación adecuada y a la participación en la vida cultural están protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana. En ese fallo, la Corte sostuvo que la protección de la capacidad productiva de los territorios indígenas y tribales es fundamental para la preservación de su cultura y su economía de subsistencia.
