Organizaciones sociales alertan que la propuesta de “licenciamiento exprés” reduce la participación ciudadana y los controles ambientales, poniendo en riesgo territorios indígenas y campesinos, y profundizando la criminalización de defensores ambientales
Tegucigalpa, Honduras. —Campesinos y campesinas llegaron hasta a los bajos del Congreso Nacional para exigir que se detenga la discusión del proyecto de ley que busca agilizar el otorgamiento de licencias ambientales en el país.
El Movimiento Popular y Social Hondureño (MPSH), denuncia que esta propuesta contraviene la defensa de los bienes comunes y públicos, y abre paso a actividades extractivas sin garantías para la protección ambiental ni para las comunidades afectadas.
“Es prohibido olvidar que este país está concesionado, prohibido olvidar que este país tiene concesiones que no se han derogado”, exclamó Martín Fernández, del Movimiento Amplio.
A razón de ello el Movimiento Popular, sostiene que la iniciativa, más conocida como “licenciamiento exprés”, representa un retroceso en la protección de los recursos naturales y una amenaza directa para los territorios de comunidades indígenas y campesinas.
Martin Fernández, advirtió que la propuesta de ley prioriza los intereses económicos de grupos empresariales y corporaciones transnacionales, permitiendo la aprobación rápida de proyectos de impacto ambiental sin una evaluación técnica rigurosa ni consulta previa, libre e informada con las comunidades afectadas.
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LEY DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL RESPONDE A INTERESES ECONÓMICOS
Para el movimiento campesino, la propuesta de ley fortalece la captura del Estado por intereses corporativos y profundiza la crisis ambiental y de derechos humanos que ya enfrenta el país.
Para el abogado Víctor Fernández el verdadero trasfondo de la iniciativa es eliminar los controles ambientales para favorecer a empresas privadas, generadores de proyectos de inversión e incluso a entidades estatales, permitiéndoles construir y operar en zonas de reserva sin la obligación previa de tramitar licencias ambientales.
“Lo que quieren al final es no tener la necesidad de tramitar un licenciamiento ambiental. Quieren construir, quieren operar y luego revisar si cumplen determinados mandatos ambientales”, denunció Fernández durante su intervención en el plantón.
El abogado quien también es coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad subrayó que la propuesta contiene “contradicciones notorias en su texto” y, además, criticó el trato inequitativo del Congreso Nacional hacia los movimientos sociales. “¿Cómo es posible que el Congreso sepa que aquí hay un movimiento ambientalista, un movimiento territorial beligerante en la defensa del territorio y el ambiente, pero jamás tenemos la posibilidad de comparecer al hemiciclo y presentar nuestra postura?”, reclamó.
Fernández contrastó esta exclusión con la oportunidad que sí tuvieron representantes empresariales como el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula y la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) quienes expusieron sus posturas favorables a la ley.
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DEROGACIÓN DEL DECRETO 93-2021
A lo largo de la historia, los campesinos y campesinas de Honduras han enfrentado el despojo sistemático de sus tierras a manos de grandes agroindustrias, que cuentan con la complicidad de poderes políticos y judiciales para imponer sus intereses económicos sobre el derecho a la tierra y la vivienda de las comunidades rurales.
Estos desalojos, lejos de realizarse con apego a protocolos internacionales o a mínimas garantías de respeto a los derechos humanos, se han caracterizado por la violencia, la intimidación y la ausencia de procedimientos legítimos, incluso cuando el gobierno habla de “desalojos forzosos” o “preventivos”
En ese sentido, exigen la derogación del Decreto 93-2021, utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, y la transferencia de tierras incautadas a comunidades campesinas e indígenas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)informó que en 2024 se realizaron al menos 37 desalojos violentos contra comunidades campesinas e indígenas en Honduras, muchos sin orden judicial y amparados en el Decreto 93-2021.
Estos desalojos causaron heridas, destrucción de viviendas y procesos penales contra los afectados, agravando la conflictividad agraria y provocando desplazamientos forzados.
A razón de ello, el grupo de campesinos y campesinas se trasladó a la corte Suprema de Justicia para exigir la revisión del protocolo de desalojos, condicionando su avance a la derogación del Decreto 93-2021, que criminaliza a líderes y facilita desalojos forzosos. También pidieron que la Corte resuelva las acciones de inconstitucionalidad contra ese decreto, reclamando justicia y el respeto de derechos fundamentales para las comunidades rurales, y demandaron respuestas concretas de las autoridades.
En esta jornada de lucha, el movimiento campesino también exige la entrega inmediata de las tierras bajo administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) al campesinado organizado, como una medida urgente para garantizar el acceso a la tierra y el sustento de las comunidades rurales.
